El pedido de juicio político contra dos miembros de la Corte de Justicia, José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, sigue en el tapete. Podría tener dilucidación este año, una vez que la Legislatura ponga en marcha las sesiones ordinarias que, el gobernador Raúl Jalil, inaugurará el 1 de mayo. Serán los diputados los que resuelvan la situación de los veteranísimos jueces. El primero va por los 78 y la doctora por los 77. Ninguno de los dos quiere desprenderse del cargo con que, hace muchos años, los premió la política y no sus méritos personales. Como se sabe, fue el propio Cáceres el que desafió al peronismo a que le iniciara el juicio (aparte de burlarse de los diputados y del propio Colegio de Abogados) y, sorpresivamente, el abogado Eduardo Andrada digamos que le dio con el gusto. Objetó su condición de juez, y también de Sesto de Leiva, por tratarse de dos personas que están jubiladas cuando el artículo 168 de la Constitución Provincial lo impide claramente. Dice al respecto la “ley de leyes”: “No podrán ocupar cargos en la administración provincial los jubilados y pensionados de cualquier caja con excepción de actividades artísticas o técnicas, cuando no existieran otros postulantes”. Que sepamos, los acusados no desempeñan “actividades artísticas o técnicas” y es mentira brutal considerar que no había postulantes en un universo de más de 4.000 abogados, varios de ellos con bien ganado prestigio y experiencia. Por si no bastara con un impedimento que no admite doble interpretación, Andrada fue más allá y aludió al artículo 195. Éste se refiere a la edad tope de los magistrados: 65 años. Para eludir este escollo, cabe destacarlo, Cáceres y Sesto ejecutaron una vergonzosa maniobra que representa un baldón para la Justicia de Catamarca.

Lo explicado precedentemente, con entrevistas a abogados locales y miembros del Colegio respectivo, por largos meses, fue analizado por la comisión de Asuntos Constitucionales que conducían los renovadores peronistas -Horacio Sierralta y Fernando Jalil, entonces presidente de la Cámara de Diputados- y llegaron a conclusiones distintas. El despacho de mayoría, un trabajo impecable que no admite fisuras y aborda el complejo escenario, aconsejó el enjuiciamiento de los jueces por parte de la cámara de Senadores. El de minoría, sustentado sin grandes explicaciones por los legisladores radicales Francisco Monti y Víctor Luna, pide el rechazo liso y llano. La definición final, nos parece, está a la vuelta de la esquina y requiere mayoría calificada, con la que no cuenta el peronismo. Dispone de 23 votos y necesita 27. Sin embargo, el juego legislativo está abierto y más allá del peronismo podría haber representantes del pueblo que, ajustados a la ley, comprendan que los jueces están efectivamente en situación de irregularidad y, paralelamente, no representan las mejores imágenes de cara a la sociedad.

Ironías de la política. Quien, con resonantes bravuconadas, desafiaba a que le hagan juicio político, el doctor Cáceres, después que salieron los despachos de la comisión legislativa, comenzó a exigir definición exprés considerando la “gravedad institucional” que, según su visión, representa que un juez de la Corte esté sometido a incertidumbre por largo tiempo. Varios de esos reclamos, vaya casualidad, coincidieron con pedidos similares de los correligionarios Monti y Luna que, perfectamente, sabían que al oficialismo no le alcanzaban los votos para determinar la realización del juicio. Por ello, sin disimulo, pidieron “tratamiento ya”. Pareciere que poco les importa la letra de la Constitución y los procederes que emplearon estos jueces para atornillarse en las sillas del Poder Judicial. En ese marco, Cáceres presentó ante la misma Corte un amparo “por omisión” de la cámara de Diputados. Acaba de ser resuelto por un tribunal conformado por subrogantes (Enrique Lilljedahl, María Alejandra Azar, Marcos Augusto Herrera y Jesús Herrera) y el actual presidente del cuerpo, Miguel Figueroa Vicario.

Hubo jaleo para llegar a la admisibilidad del amparo. El razonamiento de Figueroa Vicario, que marcó la disidencia con relación a sus pares circunstanciales, señaló que los plazos de la cámara de Diputados están vigentes y que el invocado perjuicio institucional hacia el Poder Judicial “es inexistente”. Entiende que Cáceres sigue en normal funcionamiento como ministro y “no se ve afectado, limitado o coartado en el ejercicio de sus funciones”. Lilljedahl fue para otro lado. Su postura es conteste con Cáceres. Para él, existe gravedad institucional y critica la paralización del trámite. Alejandra Azar compartió en parte los criterios de uno y otro, en tanto Marcos Herrera y Manuel Herrera aprobaron el pedido de informe a la cámara baja. Más allá de las disquisiciones, respetables en la mayoría de los análisis, la realidad pasa por otro lado.

La cámara de Diputados, a la que la Corte le está exigiendo respuesta, no atiende este tipo de cuestiones en el período de receso. Solamente trata en sesiones extraordinarias, como lo está haciendo, los proyectos que envía el Poder Ejecutivo y, como lo dijimos antes, recién en mayo podría dar respuesta efectiva al amparo, aunque desde ya descontamos la respuesta. Será muy parecida al voto de Figueroa Vicario. Los tiempos no están vencidos y es facultad de la cámara de Diputados bajar los despachos de comisión para que resuelva el pleno. Sin embargo, no creemos que pase 2020 sin que se analice el tema, aunque a nadie escapa que la actividad legislativa se desarrolla midiendo los tiempos políticos. Por lo tanto, Cáceres especialmente, deberá contener sus ansiedades y someterse a esos tiempos que, a veces, suelen ser crueles.

Volviendo a la resolución de la “Corte de los subrogantes”, nos queremos detener en la posición de Enrique Lilljedahl, un protagonista fundamental del deterioro institucional de la Justicia que ahora vuelve a votar “por la institucionalidad”. La “vergonzosa maniobra” de Cáceres y Sesto que, para eludir el artículo 195, referimos en el primer bloque, tiene mucho que ver con Lilljedahl. Fue él, en 2006, quien pidió la inconstitucionalidad de establecer como límite para ejercer como juez la edad de 65 años. El artículo que le impedía seguir dice lo siguiente: “El Poder Judicial es ejercido por una Corte integrada por tres o más miembros y por los demás Tribunales y Juzgados inferiores que la ley establece, fijándoles su jurisdicción y competencia. Los magistrados e integrantes del Ministerio Público son inamovibles mientras dure su buena conducta, observen una atención regular de su despacho, no incurran en negligencia grave o desconocimiento inexcusable del Derecho hasta cumplir 65 años”. Cuando Cáceres y Sesto de Leiva llegaron a esa edad, más allá de ser jubilados, debieron irse. Para superar el “estorbo”, hubo trampilla. Hace 14 años, lo repetimos, el Procurador Lilljedahl pidió la inconstitucionalidad del artículo 195 en lo referido al límite de los 65 años. ¿Quién lo resolvió a su favor? Una Corte formada por “Pepe” Cáceres, Sesto de Leiva y la subrogante María Cristina Casas Nóblega. Con ello, los dos primeros se estaban favoreciendo a sí mismos por tener iguales impedimentos de edad que Lilljedahl. De hecho, solicitaron oficialmente igual trato. ¿Quién les resolvió favorablemente? Un tribunal integrado justamente por Lilljedahl, acompañado de Casas Nóblega y Julio Bastos. Y como Lilljedahl había presentado una acción idéntica a la que terminó resolviendo, la Fiscalía de Estado de entonces lo recusó, pero nadie le dio bolilla. Como lo dijimos más de una vez, ¡una vergüenza jamás vista en la historia judicial argentina! Nadie, salvo El Esquiú, habla de ella. Menos que menos Cáceres, Sesto de Leiva y, por supuesto, el “institucionalista” Lilljedahl, cuyo pecado es más grave que el de los dos primeros.

Frente a la posibilidad cierta de que se reforme el régimen jubilatorio de los miembros de la Justicia Federal -el proyecto ya logró media sanción en la cámara de Diputados de la Nación y ayer era tratado en el Senado-, especialmente por los medios, se especuló que varios jueces podrían renunciar en masa para no perder los beneficios que caerán con la sanción de la ley. En esa dirección se especuló que un camarista federal de Catamarca, el doctor Adolfo Guzmán, estaría preparando las valijas para dejar la Justicia y preservar su futuro con una jugosa jubilación como la que cobran sus pares federales. No hay con qué darle: la plata mucho tiene que ver con la conducta de los jueces. Esto no significa ninguna alusión personal a Guzmán, un viejo habitante de las ubérrimas comarcas federales.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes” con la memoración de acontecimientos del pasado cercano.
El 22 de febrero de 1995, en dependencias del Colegio de Abogados de Catamarca, juraban cuatro flamantes abogados. Ellos eran Eduardo Alberto Freytes, María Isabel Flores, María Fernanda Vián y Marcia Alicia Lozada Figueroa. Lo hacían ante el presidente de los colegiados, Patricio Rivarola, y la secretaria María Virginia Jalil. Una de las que ingresó en la Justicia fue Lozada Figueroa y, actualmente, se desempeña como titular de la Asociación de Magistrados.

En 1995 se conformaba la empresa Minera Alumbrera que, por más de 20 años, iba a tener a cargo la explotación de Bajo La Alumbrera. Surgía de la fusión de las propietarias iniciales del proyecto, la Musto y la MIN. El día 21 de febrero de aquel año, por tal motivo, asumía como primer presidente Peter Freund.

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