Muchos catamarqueños, devotos acérrimos de la Morena del Valle, consideran un verdadero milagro que, hasta ahora, no haya casos registrados de coronavirus en la provincia. Para mantener el récord de “cero infectados” que comparte con Formosa, no habrá que dejar de lado la fuerza de la fe en un momento tan difícil como el que se vive.

Sin embargo, más allá de los linderos espirituales, hay problemas. Son graves y no se solucionan por decreto. Con mucho disimulo lo anunciaron esta semana el gobernador Jalil y su ministro de Gobierno, Jorge Moreno.
El primero repitió algo que dijo cuando todavía no había asumido. Que resulta anormal que haya más empleados legislativos que efectivos de policía. Que nadie lo dude: es anormal. Adosó, en el mismo discurso, la necesidad de establecer movilidad y equiparación de salarios en la administración pública y aplicar aquello de “a igual trabajo, igual remuneración”. Que nadie lo dude: es necesario.

Creemos en las convicciones del primer mandatario. Lamentablemente surgen en medio de una crisis económica que, en parte por el coronavirus y en gran parte por la irresponsabilidad política de años, ha tirado al piso la recaudación -nacional y provincial- y amenaza con agravarse.

Esta pálida le tocó expresar a Jorge Moreno, el ministro que fue legislador por varios períodos y, a su modo, ayudó a que haya más “legislativos que uniformados”. Dijo que, en línea con otras provincias, se analiza la instalación de cuasimonedas (o sea los bonos que circularon en los años 90 durante el castillismo) y/o la rebaja de salarios. Duro anuncio que, por lo menos, asegura que no habrá aumentos.

Demagogia y electoralismo

Más allá del coronavirus que, por comprensible y humanitarias razones, mantiene paralizada la economía, lo que plantean las autoridades catamarqueñas son el resultado de cuestiones irresueltas. ¿Quién de todos los que gobernaron desde 1983 a esta parte no planteó una Reforma del Estado que, por demagogia o electoralismo, nunca pudo llevar a cabo?

Revisando el pasado, después que el saadismo se acomodara en la post dictadura, hubo recordadas promesas. Así fue como el exgobernador Arnoldo Castillo prometió revisar a fondo el funcionamiento del Estado y, sin éxito, pulverizar miserias republicanas que, supuestamente, pertenecían a sus antecesores. Incluso colocó un militante peronista, Eduardo Bustamante, para que materializara la idea.

Desde el puesto de subsecretario de Recursos Humanos, este último ya se refería a mediados de 1994 a cobros abusivos, adicionales que rompían el equilibrio funcional, supervisores docentes demasiado caros y virtual anarquía de la administración, ampliada por la falta de información que se mantiene hasta ahora. Estas cosas, en medio de una crisis económica distinta, era materia de análisis hace 26 años. Resultado final: derrota por goleada frente al monstruo administrativo.

A Arnoldo le siguieron otros gobiernos radicales como el de su hijo y dos períodos de Brizuela del Moral. En cada uno de ellos volvieron las voces reformistas. De resultados, nada. Ni siquiera cuando había mucho dinero por el crecimiento del país con tasas de crecimiento altísimas (7 u 8%) y los precios récord de los commoditys. Esto sin contar las utilidades y regalías del Bajo La

Alumbrera que se fueron por las canaletas de los gastos comunes, todos revestidos de demagogia, en lugar de crear condiciones de trabajo genuino que frenara la fiebre del empleo público que hoy se padece.
El 7 de abril de 2012, ya con Lucía Corpacci en el poder, en esta misma “Bancada Periodística”, advertíamos la necesidad de reformar el Estado. Decíamos lo siguiente:

“La hora actual impone cambios profundos. Los deberá implementar, cueste lo que cueste, la actual Jefa del Estado. Es que a ella le tocó recibir la suma de las calamidades administrativas”. 
“Que el 90%, o más, de los ingresos que dispone la provincia vaya a parar a salarios, cuando la propia Constitución pone límites a este tipo de gastos, es un disparate”.

“Que la administración pública esté desbordada de empleados y, por encima de ellos, muestre signos evidentes de ineficiencia, no es cuestión que deba aceptarse con resignación”.
“Que abunden los maestros, que haya suplentes de suplentes y la calidad educativa sea peor que en los llamados países bananeros, es tan absurdo como que esos mismos maestros ejecuten medidas de fuerza con métodos coercitivos que terminan perjudicando, aún más, a los alumnos”.

“Que miles y miles de agentes estatales no tengan función estable o definida, y nadie les pueda modificar su situación de revista, significa asistir al final del Estado como ente encargado, aunque sea mínimamente, de orbitar a la sociedad que le toca conducir”.
“Que en la Legislatura no alcancen las oficinas y las sillas para sentar a los empleados debería preocupar a sus responsables”.
“La situación, en estas condiciones, no da para más. El gobierno, por su bien y el de todos en general, está obligado a producir cambios de raíz”. 

Lucía hizo un gran gobierno. Fue una incansable luchadora del federalismo y dejó su impronta en todas las áreas y rincones de la provincia. También, sin suerte, intentó reformar el Estado.
Hizo lo que pudo. No alcanzó. En agosto de 2013, después de una reunión con sus colaboradores más estrechos, proclamó que la provincia “tiene dificultades con la cuestión administrativa”, a partir de lo cual surgió un anuncio que propiciaba un cambio cualitativo. “Hemos puesto nuestros equipos técnicos a trabajar porque hay que hacer una reforma administrativa del Estado”, dijo aquella vez. 

Tiempo complicado para Jalil

Ni Raúl Jalil, ni ningún gobernador, ni Alberto Fernández, ni siquiera la oposición, imaginaron la jugarreta del destino que vino con la peste que surgió en China y se extendió por el mundo con la fuerza de pandemia.

De hecho, en cuanto asumió, el gobernador afirmó y lo repitió todas las veces que fue necesario que recibía “una provincia ordenada” y con ventaja sobre varias de sus pares “por no tener deuda en dólares”.
También es cierto que, en forma paralela, advirtió sobre el aquelarre administrativo que sintetizó al comparar los empleados legislativos que sobran con los policías que faltan. Fue cuando ratificó su postura de reformar la Constitución de la provincia en el menor tiempo posible. No se equivocó con esta apuesta. 

Es por allí donde deben establecerse “las reglas de juego” para cambiar un Estado “elefantiásico, parsimonioso, burocrático, infuncional y, peor que peor, propicio para la corrupción”.
Es por allí donde los potenciales constituyentes deberían reglamentar la carrera administrativa, ultimada sin contemplaciones por la demagogia que hizo escuela desde la restauración democrática.

Al cerrar esta columna de los sábados, no podemos menos que anhelar que la Morena del Valle también inspire a Jalil a elegir las mejores rutas para enfrentar la crisis que ya es de todos. Que los problemas que le cayeron encima sirvan de acicate para mostrar sus dotes de estadista. Que no se arrebuje frente al terrorífico coronavirus.

El Esquiú