Reflexionando desde mi casa, respetando la cuarentena, como no puede ser de otra forma y, justamente, dada la pandemia del coronavirus que tenemos tan presente, me gustaría hacer una pequeña comparación.

En este tiempo de miedos e incertidumbre tenemos clara conciencia de que existe un virus mundial que mata a las personas y, como corresponde, hemos aceptado medidas extraordinarias a fin de combatirlo. 

No vamos a abordar hoy el coronavirus. Dejemos eso para los especialistas. Pero si uno quiere trazar una comparación con lo económico, existe una deuda externa ilegítima, odiosa, írrita y usuraria que, en la realidad, es un virus que ha matado, mata y matará gente. Gran parte de esa deuda ha implicado indignidad social y por ende, la imposibilidad de proporcionar cuestiones elementales. Digamos comida, salud y educación o tantas necesidades básicas que han matado y matan a muchos.

Reflexiones y preguntas

Creo que el momento que nos toca vivir nos obliga a reflexionar sobre situaciones, novedosas algunas, que tienen que ver con la legislación.

Pregunto y vuelvo a preguntar. ¿No habrá llegado el momento de poner en cuarentena a la deuda ilegítima y transparentarla mediante una auditoría para saber cuánto dinero se trajo al país? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo ha sido usado ese dinero?

¿Quiénes intervinieron? 
La idea sería, sin mantos de miedo o tapujo alguno, dar a conocer la verdadera problemática y determinar cuál es la deuda legítima y cuál no. A partir de allí, con información fidedigna, establecer la responsabilidad de quienes intervinieron para concretar operaciones usurarias y ruinosas para el país.

¿Quiénes son, en definitiva, los acreedores de la deuda odiosa e írrita? 
Habría que hacer un censo de los supuestos acreedores. Sabríamos entonces la cepa del virus usurario y sus contagios. Además, conoceríamos de primera mano a los portadores del mal y con ello evitaríamos que se propague o mute.

El pasajero del Buquebus

Para una mejor ilustración del virus económico vamos a hacer una comparación práctica a propósito de un hecho reciente.
Un irresponsable con nombre y apellido, semanas atrás, trajo el virus desde Uruguay a la Argentina a través del Buquebus. Obligó a la cuarentena de 400 personas, las cuales debieron ser alojadas en un hotel del centro porteño. Por su irresponsabilidad, a las 24 horas, se le trabó un embargo preventivo por U$S 500.000 dólares por los daños y perjuicios.

Muchos funcionarios de distintos niveles de gobierno en el área económica, en el Banco Central, en el Banco Nación, etc., han tenido gran responsabilidad en la pandemia de la deuda externa ilegítima y odiosa e introdujeron un virus que mata el futuro del país y de nuestro pueblo. ¿No habría que embargarles a ellos sus bienes por mala praxis o complicidad en operaciones contrarias a los intereses de la patria? ¿No cabe exigirles que rindan cuentas? Tenemos derecho a saber quiénes son las personas y los bancos beneficiarios de los intereses usurarios que se han acordado.

Tendríamos que hacer un análisis del origen de las deudas. También de su legitimidad. No para que nos hagan aparecer como una Nación que no quiere cumplir con lo que corresponde, sino como una sociedad que se pone de pie para defender del virus económico, en lo esencial, a su pueblo. Y, en esa defensa, analizar la legitimidad de la deuda y sus implicancias.
Nadie dudaría en aceptar que se le haga un isopado para saber si tiene el COVID-19. ¿Por qué no poner en cuarentena a la deuda externa para ver si no tiene el virus de la odiosa ilegalidad y la usura inaceptable?

Comisiones millonarias

Por otro lado, no se tiene idea de las comisiones que se pagan a bancos y a intermediarios para colocar la deuda. Pregunto nuevamente, atento que muchas de esas operaciones fueron gravemente ruinosas para el país y de una ilegalidad que no corresponde, ¿No cabría exigirles que, fuera del daño y perjuicio, devolvieran las comisiones cobradas? 

Otro ejemplo de la vida común. Si usted fuera a comprar una casa y, con conocimiento de la inmobiliaria intermediaria, esa casa tuviera pésimos cimientos y problemas en el sistema cloacal, evidentemente rescindiría el contrato. Pero también tendría derecho a exigirle a la inmobiliaria, por lo menos, que le devuelva la comisión de la intermediación (1,5% de la operación a cada parte). 
Esto lo vemos normalmente en situaciones mundanas. ¿No lo vamos a ejercitar? ¿No deberíamos saber quiénes son los que, hasta este momento, cobraron fortunas por una actividad negativa para los intereses del país? 

Se calculaba que, hasta el año 1980, había 1.000.000.000 de dólares pagados en comisiones a grandes estudios jurídico-contables y bancos por sus intermediaciones o arreglos con motivo de la deuda externa argentina. Que se sepa o conozca, nunca se los ha responsabilizado de nada.
Hoy, en la Argentina y el mundo, se nos invita a que, cumpliendo con la cuarentena, todos seamos responsables y solidarios porque hay que evitar que el coronavirus se nos instale.

En base a esa lógica ¿No será momento que pongamos en cuarentena la deuda externa argentina y que entre todos busquemos no pagar lo que no corresponda y reclamar la responsabilidad que cabe a quienes aceptaron acreencias ilegales? Todo ello, para no afrontar un futuro peor que el coronavirus sólo por tener que pagar intereses usurarios de supuestas deudas, muchas de ellas ilegales en su origen y/o en su uso.

¿No tendremos que dejar en claro que no vamos a tolerar fondos buitres que se aprovechen de las desgracias de coyuntura para después, de rodillas, tener que ir a pagarles lo que no corresponde?
Tal vez esta cuarentena nos obligue a reflexionar entre nosotros para salir adecuadamente de ella y, a su vez, para que nos pongamos de pie -tanto Argentina como otros países- y así exigir que el virus de las deudas usurarias, odiosas e ilegítimas no nos robe el futuro y nos mate física y moralmente. 

Miguel Julio Rodríguez Villafañe

Abogado constitucionalista y periodista de opinión.