Apuntes del Secretario

domingo, 5 de abril de 2020 00:45
domingo, 5 de abril de 2020 00:45

Muchas cosas, en tono crítico, podrán endilgarle al intendente de Santa Rosa, Ramón Elpidio Guaraz. Lo tildarán de autoritario, obcecado, déspota, antidemocrático o de haber participado de una incontable cantidad de maldades. Lo que no podrán decir nunca sus detractores, que no son pocos, es que haya pasado desapercibido en su larga carrera como mandamás del departamento allende la Cuesta del Totoral. Desde el 10 de diciembre de 1993, lleva cuatro mandatos como concejal y otros tantos como intendente. 27 años, en total, colgado del presupuesto. Eso sí, a los cargos los ganó en elecciones libres y nadie, nunca jamás, le podrá quitar legitimidad. Hoy, como ayer y como siempre, ha vuelto a ser noticia. Con la llegada de la pandemia mundial por el coronavirus, Elpidio resolvió “alambrar” las fronteras de su jurisdicción y lo hizo invocando que la vida y la salud, antes que nada, son los valores a preservar. Agregó que las personas que ingresan a Santa Rosa pueden provenir de provincias donde hay circulación viral. Hasta allí le asiste la razón. Un poco más allá, su razonamiento es equivocado y baldío de criterio. Se puede hacer la cuarentena obligatoria y, al mismo tiempo, permitir que el abastecimiento de alimentos e insumos básicos de funcionamiento social no vaya a generar problemas que atenten contra la vida que, efectivamente, hay que defender.

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Elpidio se defiende. Dice que “jamás se prohibió que entre la mercadería porque ahí nos morimos de hambre” o “le cuido la espalda al Valle Central para que no entre en contagio. Uno no sabe quiénes son los que vienen”. A partir de esto descarga su malquerencia con los productores de la zona, varios de ellos foráneos. Directamente pretendió que no ingrese ningún camión que vaya a levantar la cosecha de maíz o soja, la cual ya está lista para ser llevada a puerto para su ulterior comercialización. Con ello se alejó de lo estipulado por el decreto presidencial que ordenó el aislamiento, el cual contempla excepciones como la de permitir, en base a estrictos protocolos, no frenar la producción agrícola. Pero el inefable Ramón Elpidio traspasó la raya. Desoyó las sugerencias de los ministros provinciales de Gobierno y Producción, Moreno y Zelayarán, respectivamente. Y terminó enfrentado con el gobernador que, molesto hasta la enervación, ordenó la intervención de la Justicia para poder preservar un negocio que tiene que ver con la subsistencia del país. Es que en Santa Rosa hoy están depositados sobre sus campos miles y miles de dólares (los justipreció El Esquiú durante la semana). A esos recursos, con los cuidados que obliga a tener el virus, no se los puede despreciar en un año crítico como ninguno. Los camioneros y cosecheros deben ser controlados físicamente antes del ingreso y no tienen que tener contacto con la población. Así de simple.

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Ahora el intendente, cual niño caprichoso, descarga todas las responsabilidades sobre la conducción provincial. “De lo que pase aquí lo voy a hacer responsable al gobierno de la provincia y a todas sus autoridades porque no cumplen con lo que dicen”. Al mismo tiempo, públicamente, indicó “le pedí al gobernador que envíe a Gendarmería ya que están muy preocupados ellos y a la Policía de la provincia para que hagan los controles y se hagan responsables de los contagios o si en algún momento llegamos a tener un muerto”. Está muy bien que se refuercen los controles en Santa Rosa, lo mismo que Aconquija (Andalgalá), pero Guaraz no puede despojarse de las responsabilidades propias. No lo votaron para que se enoje o le reprochen cuando comete errores.

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El viernes, en medio de las turbulencias que generó el pago a jubilados y beneficiarios de la AUH, el presidente de la Nación recibió en su despacho a los miembros de la Unión Argentina de Comercio. Los visitantes le plantearon, como necesidad imperiosa, que contemple una flexibilización de la cuarentena obligatoria que, por la crisis sanitaria, rige en el país desde el pasado 20 de marzo. Entre otros tópicos, sugirieron se habilite a volver al trabajo a aquellos empleados que desarrollan sus labores en cercanías de su domicilio, a una distancia aproximada de 5 kilómetros. Lo que se busca con esto es impedir el regreso a las calles del transporte público masivo, con lo cual se descuenta que se quebraría la cuarentena. Fernández y Cafiero tomaron nota y prometieron estudiar medidas (ya hubo algunas como la apertura de corralones, curtiembres, aserraderos, actividades mineras, etc.), por lo que resulta prácticamente seguro que después de la Semana Santa algunos sectores estarán volviendo a sus tareas habituales para favorecer el proceso económico que, en definitiva, es el que más preocupa a los empresarios. Obviamente hubo otros abordajes. Créditos, exenciones patronales, despidos, etc.

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A propósito de despidos, días pasados se comentó una situación lindante con lo cómico en un medio de prensa que no es El Esquiú. Se comparó los despidos de la multinacional Techint, que produjo el cese de tareas a casi 1.500 empleados que trabajaban en obras que se llevan a cabo en Neuquén, Buenos Aires y Tucumán, con unos 400 que materializó un consorcio de empresas (Contreras, Mogetta, Minera SA) que operaba para Livent, la minera que lleva adelante el acueducto Río Los Patos, en Antofagasta de la Sierra. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Techint es la empresa más poderosa de la Argentina y la dirige Paolo Rocca, uno de los hombres más ricos del mundo. Despidió sin terminar las obras que lleva a cabo. Lo del consorcio es diferente. Al completarse el trabajo encomendado, lo cual está contemplado en el convenio de la Uocra, despide sin causa y, por más injusto que parezca, bajo preceptos legales. No defendemos a nadie en esta coyuntura, pero aclaramos lo que otros pretenden oscurecer.

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La reforma de la Constitución del ’88, sancionada por el saadismo con la abstención de la UCR, es uno de los proyectos de agenda del gobernador Raúl Jalil. Creemos que, en pleno siglo XXI, ya no existen justificativos para que la oposición deje de apoyar la idea y, con sus hombres, varios de ellos muy calificados, produzca el mejor de los debates. Hay que quitar los privilegios, enterrar las reelecciones indefinidas, privilegiar la carrera administrativa, actualizar los textos en orden a los avances tecnológicos, abordar los problemas del medio ambiente y, en definitiva, acomodarse a las reformas que, en Santa Fe, introdujo la asamblea nacional del año 1994. A propósito de la incomprensible intransigencia de estos años del castillismo y el brizuelismo, en los bloques de este secretario que siguen asentamos, textualmente, los pensamientos que tenía don Arnoldo Castillo en los años 90. Se consideraba víctima de la reforma saadista y quería, entre otras cosas, una Legislatura unicameral. Los radicales, al menos por esto, deberían forzar la reforma o aceptar la discusión de todos los temas. ¿O acaso son antiarnoldistas?

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes del Secretario” con el repaso de hechos pasados.
En los primeros meses de 1995, en la provincia, se vivía a pleno el tiempo preelectoral. Se venían las elecciones del 14 de mayo en las cuales, aparte de todos los cargos provinciales, debía elegirse el nuevo presidente de la Nación. En el cierre de campaña para elegir los convencionales de Valle Viejo del 5 de febrero, cuando el Frente Cívico resultó vencedor del Partido Justicialista por apretadas cifras, el exgobernador Arnoldo Castillo confirmaba que las elecciones provinciales se harían en mayo, en coincidencia con las nacionales. También hizo un anuncio, en aquella oportunidad, que nunca se iba a cumplir: “Con la convocatoria a elecciones vamos a convocar de manera conjunta a convencionales constituyentes para que reformen la Constitución”. Justificaba su afán reformista con estas palabras: “A mí, personalmente, los Saadi me expulsaron de la civilidad con esa Constitución. Tuve que ganar un juicio a la provincia para poder ser candidato”. Agregaba: “Mi gobierno quiere un poder legislativo unicameral, bajar el número de legisladores y adaptar la nueva Constitución a la nacional de 1994”. Todo eso quedó en la nada. No se convocó a elección de constituyentes y Arnoldo Castillo murió sin ver reformada la Constitución que, precisamente, lo proscribía.

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Para que se entienda esto último, digamos que la Constitución prohíbe ser candidato a quienes hayan participado en gobiernos de facto, como fue el caso de Castillo al aceptar la gobernación en 1981. Diez años más tarde, efectivamente, fue candidato por una resolución de la Justicia, la que a esa altura del tiempo le era totalmente favorable. Los tres miembros de la Corte de Justicia, a los que había nombrado, eran incondicionales amigos suyos. Es más. También habían participado del gobierno de facto en los casos de “Pepe” Cáceres y Guillermo Díaz. Más allá de esto, claramente, se trataba de una proscripción lisa y llana. Al fin y al cabo, el que castiga todas las conductas republicanas es el pueblo. Y a Arnoldo lo eligieron dos veces, en 1991 y 1995. Y pensamos que no ganó en 1999 porque su enfermedad le impidió ser candidato. ¡Si ganó Oscar, cómo no iba a ganar él!

El Esquiú
 

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Comentarios

5/4/2020 | 02:07
#0
que pesados que son con lo de la reforma del 88,realmente se pasan. Tuvo muchas cosas buenas y no le reconocen absolutamente ningun merito!. Es tal el afán de instalar la reforma que quieren hacer que dejan de lado la objetividad. Una lastima.

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