Catamarca, Formosa y Chubut, al menos hasta ayer a la tarde, no tenían registrados casos positivos de coronavirus. La situación despertó la curiosidad periodística de varios medios metropolitanos, entre ellos Clarín, que hicieron análisis de los por qué todavía no llegó el virus a estas provincias. Coincidieron en señalar que, en los tres casos, la demografía es baja (llega aproximadamente a los 400.000 habitantes) y hubo escasa circulación de personas que regresaron a la provincia desde el exterior y, más precisamente, de países como Italia, España y Brasil donde el virus tuvo una expansión desmesurada. Al respecto, conviene señalar dos cuestiones concretas. La primera es que, en mucha menor medida que en grandes  conglomerados como el área metropolitana porteña, fueron numerosos los catamarqueños que hicieron turismo internacional. La segunda tiene que ver con méritos propios del sistema de salud y quienes lo conducen. Desde el arranque mismo de la pandemia se tomaron medidas preventivas, como suspender actividades que concentraran concurrencias masivas o pudieran hacerlo en el futuro. Un ejemplo: el 12 de marzo se resolvió, oficialmente, la suspensión del Congreso Mariano, la procesión de la Virgen, las misas y los recordatorios de Semana Santa cuando en el país todavía se jugaba el fútbol profesional o se llevaban a cabo espectáculos diversos. Obviamente, en aquellos días de marzo las actividades en Catamarca se redujeron prácticamente a cero y, por ende, la gente debió permanecer más tiempo en los hogares. Después vino el aislamiento obligatorio que en la provincia se cumplió casi rigurosamente, a pesar de la aflojada de los últimos días. En síntesis: fueron varios los motivos que oficiaron de barrera contra el virus. Entonces, no se le pueden atribuir los méritos solamente a la casualidad.

Más de uno criticó a Raúl Jalil por haber dispuesto el uso obligatorio del barbijo, un adminículo al que no todos los especialistas atribuyen efectividad. Ni siquiera lo hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS), que lo recomienda únicamente para los agentes sanitarios y las personas con síntomas de resfrío o gripe. El gobernador tomó la decisión a partir de la apertura del aislamiento social, preventivo y obligatorio que dispuso la presidencia de la Nación desde las 0 hora del 20 de marzo. De esta manera, la inmensa mayoría de los catamarqueños que debieron salir a la calle para cumplir tareas obligatorias o realizar compras lo hicieron con boca y nariz tapadas. En las últimas horas, aun con reparos, varios países comienzan a imitar la medida y, dentro de la Argentina, hay cinco provincias que ya exigen barbijo obligatorio. Cuatros de ellas, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy y Salta, son del Noroeste. La restante es Misiones, en el extremo noreste, a la que debe sumarse el municipio de Zárate, en provincia de Buenos Aires. Quien, por declaraciones propias, se resiste a hacerlo, es Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno de la Capital Federal. De alguna manera es comprensible. Allí, teniendo en cuenta el conurbano, se necesitarían millones y millones de barbijos que, honestamente, no creemos que existan. El mismo criterio, aunque no haya hablado del barbijo, tendría el gobernador Axel Kicillof.

Ayer se informó, desde la provincia de Buenos Aires, que una catamarqueña contrajo el coronavirus. Ello motivó que las autoridades locales, en cabeza de la ministra Claudia Palladino, aclararan que efectivamente la mujer dio positivo, pero no tuvo ninguna relación con la provincia desde que se implantó la emergencia. Viajó a Brasil y al volver a Buenos Aires se quedó en Monte Grande, por lo que no tuvo contacto con sus familiares locales. Pero, además de esta señora, podemos asegurar que otros dos coterráneos que residen en la Capital Federal también fueron afectados por el virus y, por suerte, están internados en proceso de recuperación.

Otro acierto del primer mandatario catamarqueño fue haberle pedido al Jefe de Estado, Alberto Fernández, que declare servicio esencial a la minería a favor de que se reanude la actividad que se desarrolla en varios puntos del Oeste catamarqueño. Baste recordar que actualmente, si bien no hay megaproyectos como Alumbrera, se trabaja a pleno en Minas Capillitas, en Farallón Negro, en Antofagasta de la Sierra y los emprendimientos de litio en la precordillera. Al trabajo concreto hay que sumarle las acciones de los proveedores mineros que, al menos por 60 días, prometieron no ejecutar despidos. Si las cosas se hacen con cuidado y prevenciones se puede trabajar y, de esta manera, asegurar unos 1.200 puestos. Solo en Farallón Negro hay 500 familias que dependen de la minería.

La empresa Yamana, operadora del megaproyecto Agua Rica, no es ajena a los pesares catamarqueños. Frente a la pandemia desatada en el mundo entero, se ha preocupado de aportar recursos para los centros asistenciales de los departamentos mineros, esto es, Andalgalá, Santa María y Belén, a los que hay que sumar a los distritos de Aconquija y San José. Varios millones de pesos acaba de aportar para la compra de respiradores,  termómetros infrarrojos, monitores, barbijos, trajes sanitarios, gafas, guantes, etc. En el caso específico de Andalgalá se hizo cargo de la provisión de combustible y 20 viandas diarias que se contrataron con un proveedor gastronómico.

Independiente de estas acciones, todas dignas de ser destacadas en estos momentos, Yamana mantiene en Andalgalá una planta de 100 empleados, 99 de los cuales residen allí. De hecho, figura entre los principales empleadores, a pesar de que todavía el proyecto Agua Rica está en veremos y comenzaría a ser explotado recién en el año 2025. Por último, como lo anunciamos oportunamente, lleva a cabo una obra trascendental para los vecinos. Se trata del desarenador que construye sobre el río de la localidad, el que permitirá llevar agua hasta los piletones del centro urbano para su almacenamiento y posterior potabilización. No contamos aquí el arreglo que la multinacional realizó con YMAD, organismo que embolsó más de cinco millones de dólares que aseguraron su subsistencia y la subsistencia de Farallón Negro, por el arrendamiento de las instalaciones que utilizó Alumbrera por 20 años.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes del Secretario” con el repaso de hechos pasados.
El 22 de marzo de 1995 ocurrió un hecho político de trascendencia para Catamarca. La cámara de Diputados de la provincia aprobó aquel día la privatización de la Dirección de Energía Catamarca, a la que se conocía popularmente como “la DECA”. El paquete de leyes, votado por mayoría, incluyó la creación del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRE) y la ley provincial de Energía. El organismo de distribución y generación de energía había arrojado el año anterior un déficit de $700.000 y, según los cálculos que hacía el gobierno de Arnoldo Castillo, se lo podía poner en manos privadas a cambio de una cifra de entre 15 y 17 millones. El peronismo votó en contra de la privatización, pero algunos de sus legisladores (Antonio Greco, Carlos Nieva, Manzoni y Ahumada) acompañaron la postura del Frente Cívico. A partir de la promulgación de la ley, por parte del gobierno, se calculaba que la privatización podía insumir unos 150 días. Sergio Taselli comenzaba a preparar las valijas para aterrizar en Catamarca.

También en aquel año, el menemismo anunciaba con bombos, matracas y platillos una obra que, como tantas otras propuestas de aquel gobierno, nunca se concretó. Se trataba del famoso Canal Federal. Era un proyecto de trasvasamiento de las aguas sobrantes de los ríos Salí (Tucumán) y Dulce (Santiago del Estero) mediante un canal de 500 kilómetros que iba a ser aprovechado para riego en el sudoeste de Santiago, el este de Catamarca, el norte de Córdoba y el noroeste de La Rioja, la tierra del entonces presidente Menem. De acuerdo a los cantos de sirena de la época, el Canal Federal proveería agua potable a unas 80.000 personas y de riego a una superficie que iba de 20.000 a 36.000 hectáreas, conforme a la capacidad de embalse de cada región.

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