¡Papelón con ribetes de escándalo! Eso, y no otra cosa, fue la anunciada partida de Rodolfo Micone del ministerio de Minería que, finalmente, se frustró y determinó que el funcionario más longevo de los últimos tiempos siga en el cargo. Toda la operación partió de una información no confirmada de El Ancasti, que recibe datos directos de los altos mandos gubernamentales y que, en esta ocasión, repitieron otros medios, entre ellos El Esquiú. La renuncia de Micone, porque se la pidieron, existió, pero en realidad no estaba consensuada. Al revisarla surgieron dudas y hasta habría intervenido la diputada nacional Lucía Corpacci para contribuir a la solución de algunos cortocircuitos.

 El ministro de Minería, queda claro, no es cualquier funcionario. Completó casi una década en el área, resistiendo nada menos que tres cambios de gobierno, un inusual registro que obligaría a bucear mucho para encontrar otro antecedente similar a ese nivel. Todo un récord, que además muestra en su parábola una trayectoria siempre ascendente en el área pública. Micone asumió como director el 27 de diciembre de 2010, cuando el entonces gobernador Eduardo Brizuela del Moral todavía soñaba con la re-reelección y Minería estaba en manos del secretario Jorge Eremchuk. En menos de tres meses se derrumbó para siempre el agotado proyecto del otrora invencible Frente Cívico y Social, al imponerse la peronista Lucía Corpacci en las elecciones del 13 de marzo de 2011; pero al flamante funcionario le quedaba todavía un tiempo en el cargo, porque el recambio de autoridades se daría recién en diciembre de ese año. Cuando la médica tomó el poder, sin embargo, Micone no sólo seguiría en Minería, sino que sería ascendido, transformándose en nuevo Secretario de Estado. Conservó su sillón durante los cuatro años del primer mandato corpacista, y luego de que ella triunfara en 2015 para conducir a la provincia cuatro años más, Micone fue ratificado en su puesto más allá de algunos intermitentes rumores de alejamiento que llegaron hasta 2019. Corpacci, como se sabe, rechazó la búsqueda de un tercer mandato y apoyó la candidatura del intendente capitalino Raúl Jalil, quien se consagró como el nuevo gobernador. Pero la tercera no fue la vencida para Micone: por el contrario, una vez más fue ratificado y ascendido, ahora como titular del flamante ministerio de Minería. Y allí permanece, desde hace 3.440 días, como referente provincial de la minería, una marca sorprendente.

 Para evaluar la gestión de Micone, antes que nada debe decirse que participó de la etapa menos floreciente del rubro. Lejos de las doradas décadas del 90 y el 2000, cuando las regalías representaban ingresos fabulosos para el Gobierno, a Corpacci le tocó el epílogo de Bajo La Alumbrera, años de vacas cada vez más flacas en cuanto a recaudación, y para colmo con algunos conflictos fuertes con grupos ambientalistas. Esa resistencia a la producción minera logró neutralizarse, y surgió en el camino la oportunidad del litio, a valores menos significativos que los metales, pero que de todas formas abrieron un horizonte interesante, a caballo de las descomunales reservas con que cuenta la provincia para el elemento que sirve de materia prima a las baterías de todo el planeta. Corpacci tuvo algunos logros importantes, luego de definir la minería como política de Estado, y avanzar en campos como el control ambiental ciudadano, la recuperación de Minas Capillitas, el afianzamiento de Farallón Negro y fundamentalmente la creación de CAMYEN, la empresa provincial que se observó como modelo en todo el país. Se multiplicaron los estudios de factibilidad, los proyectos de exploración y se posicionó a la provincia a nivel internacional, con participación regular en los principales foros mundiales. Hay que decir que fue una etapa de mucho trabajo y pocos frutos, porque los tiempos en minería nunca se adaptan al ritmo electoral: se trata de procesos lentos y extensos, cuyos beneficios se vislumbran 15 o 20 años después de iniciada la “siembra” de negociaciones. El panorama catamarqueño podría reactivarse al más alto nivel con la puesta en marcha de Agua Rica, cuyo contrato definitivo podría terminar firmando el hombre que hace 72 horas, en un proceso con visibles turbulencias internas, los medios de prensa –nos incluimos- dieron por renunciado.

 Como dato colateral “a la renuncia que no fue”, se advierten ya las salidas de funcionarios de la gestión anterior. Por lo pronto se fueron tres: Daniel Zelarayán (salió de Producción y terminó en el directorio de Capresca), Juan Cruz Miranda (dejó Capresca por un cargo en el directorio del Banco Nación) y Néstor Tomassi, reemplazado por “Nico” Verón como subsecretario de Interior. Se cumple así la teoría de los que sostienen que Raúl armó un mix de funcionarios propios y ajenos para hacer menos traumático el cambio de mando, pero con la decisión tomada de depurar su equipo de colaboradores hasta contar con ministros exclusivamente de su riñón. Las últimas noticias vienen a ratificar el rumbo de esa especulación. 

 Por los principales territorios mineros de la provincia, como no puede ser de otra manera, se sienten los embates de la crisis. El intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, anunció días pasados un plan de obras para el mandato de 4 años que no va más allá de la construcción de veredas, mejoramiento de algunas calles y de la plaza principal. Todo muy modesto, lejos de sus anuncios de campaña. También habló de obras de cloacas, pero aclarando que se harán si hay ayuda de la Nación, de la que se diferencia claramente por las políticas mineras. En Belén, las cosas no van mejor. Días pasados recibimos quejas por el estado del hospital y la carencia de elementos básicos por los que una niña, tras la caída de un caballo, tuvo que ser trasladada a la Capital por problemas de tono menor. Claro que el intendente Ríos, progresista el, piensa distinto a su colega andalgalense. Entiende que la minería es fundamental y cuestiona a quienes se oponen, por ejemplo, al proyecto Agua Rica, pero al mismo tiempo andan mendigando por las regalías. En síntesis, pidió un cacho de coherencia.

 Puede que el orden de los factores no altere el producto si de matemáticas se trata, pero en política importa y mucho la cronología de los acontecimientos. En la última semana, el Gobierno provincial expresó ante el Frente de Unidad y Solidaridad Sindical conformar una suerte de Secretaría de la Reforma del Estado, para analizar y debatir distintos aspectos del proyecto impulsado por el gobernador Raúl Jalil. La idea, tan simple como efectiva, es sentarse en una mesa, discutir, escuchar y eventualmente atender inquietudes de los representantes de los trabajadores. Las primeras páginas del manual de negociación. Lo curioso es que la iniciativa aparece en el umbral de junio, cuando el jefe de Estado hizo pública su intención allá por febrero último. En estos tres meses, se levantaron gremios, se multiplicaron expresiones de malestar y hasta se motorizó una movilización contra la reforma, efectos que podrían haberse neutralizado o al menos reducido si el diálogo aparecía antes que los anuncios y los decretos. Detalles menores quizás, pero que constituyeron piedras en el camino para una decisión que, expuesta de otra forma, pocas refutaciones hubiera admitido. Porque es un hecho que aquí se habló de incertidumbre, de derechos laborales y otras yerbas, pero ni el más fanático opositor se atrevió a defender la estructura estatal con los problemas que presenta actualmente.

 De todas formas se está recuperando el tiempo. El primer mandatario ha ratificado el congelamiento de los nombramientos con frases de contundencia como “el ingreso al Estado debe ser transparente”, con lo cual justificó que se evalúen las nuevas incorporaciones. “Así se sabrá cuándo se nombra, qué se nombra y quién lo nombra porque no podemos despilfarrar el dinero; el Estado tiene que cuidarlo”. Un símil del Boletín Oficial, pero con detalles finos. Ah…lo que también está en marcha es el plan de retirar a los jubilados. Serían más de medio millar y ya se les estaría imponiendo la necesidad que hagan los papeles del retiro.

 RECUERDOS. Como lo hacemos siempre, el final incluye comentarios sobre acontecimientos del pasado cercano.
En mayo de 1995, pocos días antes de las elecciones del día 14 que impecablemente ganaría el Frente Cívico, se inauguraba la Escuela Municipal N° 2 del barrio “Altos de Choya”. Asistían al acto para el corte de cintas el exgobernador, Arnoldo Aníbal Castillo; el exintendente de la Capital, Eduardo Brizuela del Moral; el exministro de Educación, Luis Varela Dalla Lasta; la exSecretaria de Educación, Martha Grimaux de Blanco; el exrector de la UNCa, Julio Salerno y el expresidente del Concejo Deliberante, Ernesto Acuña.

 El 19 de marzo del mismo año, en el convento de San Francisco, Eduardo Pablo Reartes profesaba sus votos perpetuos de “castidad, pobreza y obediencia” en la Orden Menor Franciscana. La celebración era presidida por el Padre Provincial de la Argentina, Juan Carlos Larcher, participando de ella sacerdotes de la Orden y del clero diocesano.

El Esquiú.com