El Secretario
En apenas 40 días, fallecieron tres reconocidos abogados, Juan Carlos Sampayo, Rodolfo Ortiz Iramaín y Luis Gandini, hombres de bien y profesionales de trayectoria, involuntariamente hermanados por haber participado, en distintas etapas, del proceso político-judicial más escandaloso de la historia argentina. A los tres les tocó en algún momento transitar el escabroso camino trazado a partir del crimen de María Soledad Morales, que alcanzaría una repercusión sin precedentes a nivel nacional e internacional. Los tres pagaron altísimos e injustos precios por sus actuaciones, al caer en la maquinaria de la injuria y la manipulación mediática, alentada por los poderosos “marionetistas” de la época.
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Gandini tuvo una participación breve como juez de instrucción, luego que se alejara del caso el primer magistrado actuante, Labid Morcos. “Pichón” analizó la causa y se pronunció por considerar el horrendo asesinato como “homicidio simple”, por el cual imputó a Luis Tula. El hecho de haber descartado la participación de Guillermo Luque promovió su descalificación como juez. Fue vapuleado con declaraciones y ataques mediáticos, hasta que se alejó de la causa por “enemistad manifiesta” con la abogada Lila Zafe, representante de la familia Morales. Ortiz Iramaín y Sampayo intervinieron juntos, como presidente y vocal respectivamente, en el tribunal que condujo el frustrado juicio de 1996. La suerte de ambos en ese juicio estuvo estrechamente vinculada. Porque a medida que el debate avanzaba y las pruebas y testimonios alejaban a Luque del crimen, se montó una operación oficial con el único objetivo de frenar el debate y volver a foja cero. La primera víctima fue Sampayo, a quien con un circo mediático sin igual adjudicaron un presunto gesto para acusarlo de parcial. Harto de la intromisión, Ortiz Iramaín respondió expulsando a la prensa del recinto y esa decisión fue el preludio de la suspensión del juicio, que se retomaría con un tribunal irregularmente conformado, pero más obediente. Manchas que a la luz del tiempo muestran fallas en la Justicia local y no en el accionar de los señalados.
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