La cosa venía más o menos tranquila y de pronto llegó el vendaval. Otra vez, como en oportunidades anteriores, el enrarecimiento del ambiente lo provocó el doctor José Ricardo Cáceres, uno de los cinco miembros de la Corte de Justicia. Con su perfil de bravucón de opereta que lo caracteriza disparó contra la reforma laboral propuesta por Raúl Jalil y, fundamentalmente, contra la movilidad que podría llevar empleados de la Legislatura al Poder Judicial. Consignó que “la fiesta que armó la política la deben pagar los políticos” (hasta allí…muy bien) y no la Justicia a la que, según su visión, la castigan todos los gobiernos. Para justificar falsedades, con flagrantes omisiones, apeló a la clásica metáfora “a esta película ya la vimos varias veces”. No deben ser tantas ni tan iguales. Hoy se busca en situación de emergencia un equilibrio del Estado, al que el Poder Judicial pertenece, a diferencia de la dolce vita de la que Cáceres fue actor principal. Amo y señor de la Justicia la organizó a su manera y permitió a sus mandantes –castillistas ellos- que resolvieran la administración económica, a cambio le dejaran a él negociar los nombramientos, capacidad que podría perder si consigue mantenerse en el cargo.

La respuesta llegó desde el Palacio Legislativo. Y fue durísima. Cecilia Guerrero, la presidenta de la Cámara baja, afirmó que Cáceres es un juez “ilegítimamente vitalicio” y que “por intereses personales no dudó en violar la Constitución que juró respetar”. Sobre la grave acusación, agregó “hizo declarar la inconstitucionalidad del artículo 195 que impone el tope de 65 años al ejercicio de la magistratura, edad que ha superado largamente” (va por los 78). Añadió que se mantiene en el cargo al solo objeto de seguir cobrando jugosos estipendios que, por tres veces, superan al sueldo del gobernador. Nada de esto es revelación que sorprenda, toda vez que sobre la cabeza del cortesano orbita la Espada de Damocles por el pedido de juicio político en su contra que debe resolverse este año y  contiene varias de las lindezas que apunta la doctora Guerrero. Y sobre el mismo tema, la legisladora presentó un proyecto para reglamentar el artículo 195 (recuérdenlo: será materia de debate en lo que resta de 2020) que alude a la inamovilidad de los jueces. Al mismo tiempo, otro proyecto con raíz peronista, propone que todos los cargos de la Justicia (desde secretarios a empleados rasos) se realicen por concurso y no por el dedo de “cualquier Cáceres”.

Como se preveía, la disputa Cáceres-Guerrero hizo saltar al escenario a un tercer actor, el diputado Francisco Monti (UCR). Sin mayores explicaciones indicó que el bloque que integra está en las antípodas de los planes peronistas. “Planteamos un dictamen de minoría aconsejando el rechazo al proyecto habida cuenta que se trata de un artículo (el 195) que fue declarado inconstitucional”, señaló. Para el promisorio legislador, la iniciativa “no tiene un efecto concreto a futuro”. A partir de esta afirmación conviene hacer algunas aclaraciones que, en su momento, las llevamos adelante en plena soledad y a espaldas de todos los medios de prensa los que, por desconocimiento o mala intención, no quieren aclarar nada sobre este artículo 195. Primero lo leamos: “el Poder Judicial es ejercido por una Corte integrada por tres o más miembros y por los demás Tribunales y Juzgados inferiores que la ley establece, fijándoles su jurisdicción y competencia. Los magistrados e integrantes del Ministerio Público son inamovibles mientras dure su buena conducta, observen una atención regular de su despacho, no incurran en negligencia grave o desconocimiento inexcusable del Derecho hasta cumplir 65 años”.

Este artículo, que Cecilia Guerrero quiere reglamentar y que Francisco Monti dice que es anticonstitucional, fue el que le sirvió a José “Pepe” Cáceres y Amelia Sesto de Leiva (la segunda amenazada por el juicio político) para mantenerse “ilegítimamente” en sus cargos a partir que, hace más de una década, cumplieron los 65 años de edad. Con la complicidad del poder político de la época se valieron de una trampa para eludir y pisar el precepto constitucional. De la burda maniobra, que para Monti “es cosa juzgada”, tuvo participación excluyente otro vitalicio: Enrique Lilljedahl. En el año 2006, cuando gobernaba el Frente Cívico, los tres titiriteros de la Justicia (el nombrado Lilljedahl, más Cáceres y Sesto de Leiva) se juntaron en una pieza y resolvieron una fechoría sin consultar a nadie. Estando metido Cáceres en el medio no se podía esperar otra cosa. Recordemos que después de ser juez de la dictadura, asumió en 1992 como ministro de la Corte y para acogerse a la jubilación renunció a fines de junio de 1995. Arnoldo Castillo le aceptó la renuncia y, a los 28 días, lo volvió a nombrar en el mismo cargo. ¡Toda una rareza avalada por el poder político y aceptada por Cáceres en contradicción evidente con el artículo 168 que impide ejercer a los jubilados!

Pero volvamos a la jugarreta pergeñada por Lilljedahl, Cáceres y Sesto. Hace 14 años, lo repetimos, el Procurador Lilljedahl, que tenía reglamentariamente que irse de la Justicia, pidió la inconstitucionalidad del artículo 195 en lo referido al límite de los 65 años. ¿Quién lo resolvió a su favor? Una Corte formada por “Pepe” Cáceres, Sesto de Leiva y la subrogante María Cristina Casas Nóblega. Con ello, los dos primeros se estaban favoreciendo a sí mismo, por tener iguales impedimentos de edad que Lilljedahl. De hecho, solicitaron oficialmente igual trato a los pocos días. ¿Quién les resolvió favorablemente? Un tribunal integrado justamente por Lilljedahl, acompañado de Casas Nóblega y Julio Bastos. Y como Lilljedahl había presentado una acción idéntica a la que terminó resolviendo, la Fiscalía de Estado ejercida en aquel entonces por el doctor Simón Hernández lo recusó, pero nadie le dio bolilla. Como lo dijimos más de una vez, ¡una vergüenza jamás vista en la historia judicial argentina! Nadie, salvo El Esquiú, habla de ella. Menos que menos Cáceres, Sesto de Leiva y, por supuesto, el “institucionalista” Lilljedahl, cuyo pecado es más grave que el de los dos primeros. No hace falta aclarar que la operación “sigamos en el cargo de ministros de la Corte” se hizo en el mayor de los silencios y sin conocimiento público. Apenas si la sabían los jefes políticos de la época.

En base a esta basura que recién se conocerá el día que se trate el despacho de comisión que aconseja el juicio político a Cáceres y Sesto, los argumentos del diputado Monti, de cara a la sociedad, son muy difíciles de explicar. El no participó de aquella vergüenza, pero de hecho la avala. Habla que la inconstitucionalidad del 195 es “cosa juzgada”, pero no explica cómo se llegó a ella. Tampoco tiene en cuenta que sobre la Constitución provincial está la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que adhirió Argentina y tienen fuerza de ley. ¿Por qué entonces, aunque más no sea para aplicar en el futuro, no tendría validez un proyecto para reglamentar el artículo de la discordia? No creemos, asimismo, que Monti ignore la jurisprudencia argentina y no sepa que Cáceres y Sesto de Leiva están afuera de la “jurisprudencia Schiffrin”, la que reemplazó a la “jurisprudencia Fayt”, que valía hasta febrero de 2017. El nuevo antecedente le pone límite a la edad de los jueces, como pedía Raúl Alfonsín en la Asamblea Constituyente de 1994. “75 años y a la casa”. Los cortesanos son ilegítimos porque tienen 78 y 77 años. Y, por último, en referencia a Monti, debemos decir que fue su madre, Margarita Niederle de Monti, quien actuó como Procuradora subrogante de aquella maniobra en que se declaró la inconstitucionalidad. Tal vez ese detalle, por razones de decoro, lo debería alejar de su posición de vocero. El sabrá por qué lo hace y por qué su insistencia en que se rechace el juicio político a Cáceres y Sesto, a quienes defiende “con uñas y dientes”. Recordemos que apenas surgió la iniciativa pidió que, sin consideración alguna, fuera archivada.

RECUERDOS. Como lo hacemos siempre, en el final incluimos los acontecimientos del pasado cercano.
La triangulación de fondos con los bancos Feigin y Extrader, de los que participó el ex Banco de Catamarca en el año 1995, fue un escándalo mayúsculo. Los medios de prensa hablaron de timba financiera porque el dinero depositado en las entidades que quebraron no pertenecía a la provincia, sino a la Administración Nacional del Sistema de Salud (ANSSAL), pero la devolución tenía que correr por su cuenta. Esos depósitos, a diciembre de 1994, fueron de $2.200.000 (Extrader) y $2.300.000 (Feigín), con los cuales bien se podían pagar los sueldos de la administración que estaban atrasados dos meses. Muchos opinan que aquella maniobra, realizada durante el gobierno de Oscar Castillo, fue “el principio del fin” del ex Banco de Catamarca. En aquel tiempo, el exdiputado nacional José Furque señalaba “la irracionalidad en la utilización de los fondos públicos, la timba financiera y la ratificación no comprensible del gobernador de la época para con los funcionarios que, irresponsablemente, llevaron adelante operaciones bancarias con perfume de negociado.

El Esquiú.com