El país entero se conmocionó con el trágico final de Micaela García, una bella joven que tristemente pasó a integrar la infausta e interminable nómina de mujeres brutalmente asesinadas en el país en los últimos años. Micaela era una chica que había salido a bailar, para pasar un buen rato con amigos, pero como tantas otras veces ocurrió, una simple salida derivó en el horror. No regresaba a su hogar, se inició una desesperada búsqueda, procurando reconstruir qué había pasado desde el momento en que salió de la discoteca en la ciudad entrerriana de Gualeguay, donde ella residía. Fue una semana de total incertidumbre y misterio, allá por abril de 2017, pero el espanto no tardó en revelarse: Sebastián Wagner, una bestia que había estado encarcelada por abuso sexual, días después de recuperar la libertad se cruzó con Micaela, a quien agredió salvajemente, violándola y quitándole la vida. El femicida, un “hombre” de 30 años, fue nuevamente condenado, esta vez a prisión perpetua, y sigue hoy en la cárcel. Micaela ya no regresará jamás a su hogar.

Luego del conmocionante caso, comenzó a trascender quién había sido Micaela. Se supo que era una joven comprometida socialmente, militante del Movimiento Evita, que irónicamente había trabajado en el campo de la violencia de género, con actividades en las que alertaba de la situación y ofrecía ayuda, sin saber que el flagelo contra el que luchaba le costaría la vida a ella misma. Su lucha dejó una huella, y dos años después nació en el país la denominada Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Es una Ley importante, porque no se detiene en la mera declamación, sino que impone a todo aquel que ejerce un cargo público, formarse e informarse sobre un tema clave, transmitiendo herramientas para (de)construir sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación, y transformen las prácticas concretas de cada cosa que hacemos, cada trámite, cada intervención, cada proyecto de ley y, en definitiva, cada una de las políticas públicas. Se trata de una oportunidad para jerarquizar la formación y ponerla al servicio del diseño de políticas públicas con perspectiva de género en clave transversal, es decir, en todo el Estado. Fue promulgada el 10 de enero de 2019 y a un año de su vigencia, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional se capacitaron en los términos de esta ley. A la Ley Micaela ya adhirieron todas las provincias y aproximadamente 500 municipios de todo el país. En estos días, todos los funcionarios de la Capital catamarqueña están cumpliendo con la Ley, capacitándose, lo cual implica rendir un examen final, y es un acto que –aunque obligatorio- tiene gran valor porque podría convertir a la Capital en el primer municipio íntegramente capacitado.

Esa buena noticia, lamentablemente, contrasta con lo ocurrido en ámbitos de la Justicia catamarqueña, donde se suspendió nuevamente el inicio del juicio oral contra el intendente de Puerta de Corral Quemado (Belén), Enrique Aybar, varias veces denunciado y en el caso elevado a juicio, acusado de abusar sexualmente a una menor de edad en 2013. Siete años después de ese gravísimo episodio, en lugar de juzgarlo y determinar fehacientemente su culpabilidad o inocencia, la Justicia sigue enmarañada en detalles técnicos que entorpecen y dilatan indefinidamente el proceso, empujando a la víctima y su familia a un calvario sin final. Mientras tanto, Aybar sigue en pleno ejercicio de la función pública, fue reelecto intendente por el Frente Juntos por el Cambio en los comicios del 27 de octubre de 2019, iba a ser juzgado desde el 23 de junio, por la Cámara Penal 3, por el delito de “abuso sexual simple agravado por la guarda en calidad de autor”. Pasó lo de siempre: planteos de nulidad y un tribunal que deja todo en la nada. Una maniobra dilatoria más para eludir a la Justicia. Hubo ya varias manifestaciones por este caso, que no sólo no movieron la aguja de la Justicia, sino que tampoco representaron un escollo en el itinerario político de Aybar. Aunque todas las fuerzas políticas se declaran contra la violencia de género y sexual, la solidez con que se perfilaba el denunciado para ganar la elección, llevó a que su fuerza partidaria hiciera la vista gorda sobre los antecedentes y lo apoyara. Hubo incluso malestar interno, como de grupos de mujeres radicales, que fueron convenientemente silenciadas en campaña. Al cabo, Aybar ganó como intendente, y “ganó” también en la Justicia, a la que sigue esquivando año tras año. El año pasado se lo iba a juzgar en septiembre y no sucedió. Ahora otra vez se frustró el debate.  ¿Habrá adherido su municipio a la Ley Micaela? Qué triste contraste de esta realidad con el propósito y el espíritu de la Ley.

Las voces de repudio contra Aybar, hay que destacarlo, no fueron muchas. Las mujeres radicales, como dijimos antes, fueron llamadas a silencio por la conducción provincial de Alejandro Páez  -alter ego de Oscar Castillo- que jamás se preocupó en hacer un comunicado fijando posición. Ni siquiera lo hizo por la memoria y en homenaje a María Soledad Morales, por la que en 1991 la UCR llegó al poder. También hubo silencio desde las veredas del PRO y solamente desde la Coalición Cívico salió un repudio bien lavado que firma la “Mesa Provincial y dirigentes de la CC-ARI Catamarca”. Esta última, la de no poner el nombre propio de los firmantes, es una forma de eludir responsabilidades y repudiar como se merece un hecho de la gravedad que involucra al intendente del norte belicho.

Un enrarecido clima se vive en Catamarca Radio y Televisión Pública, la empresa estatal creada por Lucía Corpacci que perdura como medio de comunicación oficial de la provincia. Circularon en las últimas horas videos denunciando que los trabajadores desempeñan sus tareas sin respetar los protocolos de prevención por el COVID-19, y también que se usurpan espacios de la empresa, instalada en el predio del CAPE, para cuestiones que nada tienen que ver con la tarea específica del canal. Los mensajes corrieron por redes sociales acompañados por filmaciones de supuestas irregularidades, y la situación coincidió con el alejamiento –aparentemente no en buenos términos- del periodista Carlos Adrián Quiroga, quien se integró al directorio desde la creación misma del canal, junto al entonces subsecretario de Planificación de Corpacci, Daniel Gutiérrez. Más tarde Gutiérrez fue ministro de Educación y hoy forma parte de YMAD, pero Quiroga siguió en el canal hasta estos días, en que le habrían señalado la puerta de salida. Aunque se relacionaron las quejas en redes con este alejamiento, la realidad indicaría que Quiroga se fue por severas diferencias con la ministra de Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia, Eugenia Rosales. Una situación confusa que seguramente los protagonistas aclararán con el transcurso de los días.

RECUERDOS. Como lo hacemos siempre, en el final incluimos los acontecimientos del pasado cercano.
Desde hace muchos años, si hay algo que se cumple rigurosamente en Catamarca es el pago en término de sueldos a los estatales. Es una constante desde que gobernaba Brizuela del Moral. Sin embargo, hace 25 años, cuando lo hacía Arnoldo Castillo había serios problemas y los retrasos llegaron a dos y tres meses, lo que se paliaba en parte con el pago en bonos. De hecho, hacia finales de abril de 1995 se comunicaba desde el gobierno que quienes pretendían cobrar febrero debían hacerlo todo en bonos. Nada de pesos. La situación levantaba a los gremios, especialmente a los municipales de la Capital, capitaneados entonces por Justo “Alo” Barros, quien figuraba como candidato a diputado provincial por el PJ. Por ello, para los diputados Luis Segura y Lucía Garín de Tula, se trataba de una evidente campaña política del gremialista. “No mezclemos los tantos”, respondía Barros.

La tristemente célebre SOMICA DEM, que fue intervenida y luego absorbida por Catamarca Minera y Energética (CAMYEN), era piedra de grandes escándalos en la década del ’90. Al margen de los actos de corrupción, que fueron evidentes, había maniobras para trasladar las acciones del Estado a los buitres del campo privado. Así leíamos en una carta de Sirio Tula Cabral, representante del Consejo Asesor Minero, lo siguiente: “conviene que también sepan los comprovincianos catamarqueños que hay funcionarios que pasaron por SOMICA y que en la actualidad poseen acciones entregadas por los favores recibidos”. También opinaba fuerte el extinto abogado Carlos María Correa. Al margen de presentar una denuncia penal por la amenaza de una venta fraudulenta, afirmaba: “son los medios de prensa, oral y escrita, los que han permitido en la provincia frustrar, al menos transitoriamente, la transferencia de las acciones del Estado al sector privado en el caso de SOMICA”.

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