El último martes, 2 de junio, se cumplieron dos años de la polémica elección interna que convocaron los radicales para elegir sus autoridades partidarias y que, como se sabe, terminó en un escándalo que partió a la oposición en dos fracciones perfectamente diferenciadas. Por un lado, el castillismo y aliados circunstanciales (Alejandro Páez, Roberto Gómez y Juana Fernández, entre los más representativos) que, virtualmente de facto, tomaron la conducción y, por el otro el sector teóricamente opositor que conformaban Eduardo Brizuela del Moral, Ricardo Guzmán, Augusto César Acuña y quien era presentado en aquel entonces como “el candidato de la unidad”: Horacio Pernasetti. Los primeros apostaron, en el arranque de las negociaciones entre partes, por la necesidad de hacer una lista única. Lo hicieron hasta último momento y, sobre la hora, presentaron la lista que tenían confeccionada de antemano. De esta manera, aviesamente, sorprendieron a los antagonistas que, a las apuradas y colocando nombres al azar, presentaron una oferta electoral plagada de falencias formales. El paso siguiente del castillismo fue la impugnación y, con una junta electoral con mayoría propia, borró de la cancha a quienes se consideraban candidatos a triunfar por el veredicto de los afiliados.

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La maniobra, a la postre, se convirtió en triunfo pírrico. El castillismo fue objeto de toda clase de denuestos durante los dos meses que el expediente viajó por las terminales judiciales y el bloque de diputados provinciales se partió en mitades. Los damnificados, hasta hoy, responsabilizan de la peor derrota de la historia sufrida por el radicalismo el pasado 27 de octubre de 2019 a aquella conducción surgida de conductas fraudulentas. Recordemos que los principales candidatos –bendecidos por el senador Oscar Castillo- perdieron por casi 70.000 votos de diferencia, que el bastión capitalino fue vapuleado y que las intendencias del Valle Central –incluidas Paclín, Recreo y Valle Viejo que estaban en sus manos- cayeron sin atenuantes. A este desastre electoral habría que agregar otros datos estadísticos que reflejan la catástrofe: de siete concejales de la Capital, el peronismo se impuso en seis y, por si fuera poco, también se quedó con las ocho senadurías que se ponían en juego.

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Después del escándalo 2018 y en orden a que los mandatos están vencidos, el dilema es la renovación de autoridades que exige la carta orgánica. La conducción que encabeza el diputado y exintendente de Andalgalá, Alejandro Páez, ha prorrogado sine die la convención que debía fijar la fecha de la interna por razones de orden público que, digamos la verdad, han sido utilizadas “para que nada cambie”. También quedan pendientes las reformas de la misma carta orgánica que supieron prometer dirigentes como “Chichi” Sosa, las que finalmente quedarían en vanas promesas y, por supuesto, cocinadas al gusto del paladar castillista. Y ya sabemos que el histórico jefe es especialista de los hipódromos: “amigo del cuidador, del caballo y del jockey”.

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Aunque han pasado más de siete meses de las elecciones de octubre del año pasado, hay algunas situaciones que esperan resolución de la Justicia. Se trata de la distribución de las concejalías donde el Frente de Todos ganó por paliza. Son los casos concretos de Londres-Belén, Tinogasta, Aconquija-Andalgalá, El Alto y Pomán. Por la aplicación del sistema D’Hondt, que la Justicia Electoral hace valer para las categorías diputado provincial y diputado nacional, el peronismo logró tanta diferencia que en los distritos señalados se llevó las dos concejalías que se ponían en juego. Sin embargo, la ley electoral habla de las minorías y de allí se prende Juntos por el Cambio, a través del diputado Lobo Vergara, para pedir que, aunque la diferencia haya sido abismal, se consagre a los representantes de la minoría. Uno de los problemas que existe, más allá del fallo por venir, es que ya se produjeron las asunciones de los electos por el sistema que se aplicó históricamente, o sea el de las proporciones que fija el D’Hondt. En Londres asumieron Laura Sánchez y Pablo Romero; en Tinogasta Florencia Casimiro y Ricardo Tello; en Aconquija, Claudio Moreno y Daniel Flores; en El Alto, Gabriel Severo Márquez y María del Valle Ávila y en Pomán, Alba Morales y Ezequiel Fuembuena. Todos peronistas. El tema es opinable, pero la historia señala que solamente en las elecciones de 2015 se impuso el criterio de considerar a la minoría. En los años 90 y gran parte de los 2000 los triunfos contundentes del Frente Cívico no daban margen para la duda y ni la Justicia Electoral, ni la Corte, se preocupaban de advertir que en la categoría concejales se podía aplicar un sistema diferente al de otras categorías. Allí está el problema.

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La post pandemia, mientras se mantiene la cuarentena obligatoria, comienza a preocupar seriamente. No solo a nivel país. También en Catamarca ya se sienten los remezones del adormecimiento de la economía. El cierre de un restaurante de punta como “El Rincón de Lucho” prendió todas las alarmas por el futuro cercano y el titular del gremio gastronómico, el diputado Juan Carlos Rojas, se encargó de pintar un cielo cargado de nubarrones. El hombre, que sabe y tiene experiencia, pronosticó que varios negocios del rubro y algunos hoteles no reabrirían. Nombró entre los que bajarían las persianas a uno de Belén y al Dior, que se levanta en cercanías de la Liga Catamarqueña y pertenece a un reconocido empresario del filón supermercadista. El razonamiento se asienta sobre bases firmes: la plata para los hoteles tiene que venir de afuera de la provincia y, por largos meses, se estima que no tendremos visitas. A este sombrío panorama, nosotros sumamos uno más. No serán pocos los comercios que podrían cerrar o, al menos, achicarse o reconvertirse. Y no nos referimos a un kiosco de Polcos o de Villa Eumelia precisamente, sino a emprendimientos muy conocidos, con décadas de funcionamiento, que tenían clientes cautivos como los que se ubican en la peatonal Rivadavia. ¡Atenti con lo que escribimos!

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Las mujeres de Catamarca marcharon por quinto año consecutivo para reivindicar el Ni una Menos. Lo hicieron con barbijos, en una movilización que rebajó el número de concurrentes por la cuarentena, pero volvió a mostrar la firmeza de sostener que en una Catamarca que lidera en el país los casos de femicidios había que marchar igual. Todas las entrevistas y los documentos coinciden en señalar, como conclusión, que el Estado les dio la espalda. El 3 de junio de 2015, como se sabe, se recuerda la primera caminata en defensa de la dignidad de la mujer. Aquella fue una movilización espontánea y no exenta de una eventual manipulación política. Cinco años después, vale reflexionar si el Estado está escuchando las transformaciones que genera esta lucha. Pareciera que no. A cambio de gestos y acciones en respaldo del noble objetivo, esta vez, a nuestras mujeres las esperó la Policía. Quizá sería más empático cambiar esos cordones policiales por políticas con perspectiva de género y por la inclusión de mujeres en lugares claves del Estado. Sería una forma de hacerlas sentir que no están solas. Engalanar la Casa de Gobierno con los colores de Italia, en justo homenaje a la tradición cultural, no fue el mejor mensaje de un miércoles invernal.

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RECUERDOS. Cerramos los “Apuntes del Secretario” con el repaso de hechos del pasado.
La reglamentación para la elección de concejales y el funcionamiento de los CD en la provincia tuvo varias idas y vueltas. A las disposiciones que existían en 1983, de cuajo, como patrón de la Intervención Federal, las cambió Luis Prol. Este dispuso que, con pocos o muchos habitantes, los cargos se extendieran a todos los municipios y que fueran ad honorem. Semejante disposición duró menos que un suspiro. Prol estaba tomando el avión para volver definitivamente a Buenos Aires cuando los popes radicales cambiaron esa medida y establecieron para los ediles un sueldo parecido al de los diputados. Tanto la locura de Prol, como de quienes resolvieron modificarla, fueron extremos. Por ello el 17 de marzo de 1995, la misma UCR que había repuesto los sueldos, volvió a cambiar la ley. Aquel día sus senadores, por 9 votos contra 6, determinaron bajar la exigencia para tener cinco concejales (8.500 habitantes en lugar de 10.000) y eliminó los concejos deliberantes en las jurisdicciones con menos de 2.000 habitantes. La única duda era Aconquija (Andalgalá), pero se despejó porque su población alcanzaba a 2.600 personas.

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También en marzo de aquel año, el director de la Biblioteca “Julio Herrera”, señor Luis Alberto Acosta, esperaba el traslado del organismo con todos sus bienes al viejo hospital “San Juan Bautista” (República y 25 de Mayo). “No hay espacio físico y a veces se trabaja de parado”, decía. Cuando ha pasado un cuarto de siglo las cosas siguen sin variantes. No hubo traslado y la Biblioteca, abarrotada de material y sin espacio, se mantiene en San Martín al 400. 

El Esquiú