En octubre de 1996, se realizó en la ciudad norteamericana de Los Ángeles una asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que fue la 52° reunión de la reconocida entidad. Un singular acontecimiento distinguió esa asamblea de todas las que se llevaron a cabo antes y después y fueron las palabras de un invitado especial.

En aquel encuentro, entre los oradores participó el escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura y presidente de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, quien como todos conocen, trabajó muchos años como periodista antes de brillar en el mundo literario como narrador inigualable.
Esa vez, “Gabo” se explayó sobre las características y matices del periodismo de su época y, en una memorable disertación lo calificó como “el mejor oficio del mundo”. 

Naturalmente, su discurso fue estandarte de periodistas de todo el continente. Se imprimió y se reprodujo innumerables veces entre los hombres y mujeres de la prensa que coincidían en las maravillosas aventuras y desafíos que observaba en la tarea periodística el autor de joyas como “Cien años de Soledad” y “El amor en los tiempos del cólera”.
Pero las palabras bonitas no necesariamente son ciertas y en Catamarca puede afirmarse que García Márquez estaba equivocado. El mejor oficio del mundo no es el periodismo sino la política y, más precisamente los cargos legislativos. Veamos por qué.

Vida relajada
El político catamarqueño que accede a una banca –nacional o provincial- es una persona que siente una sensación parecida a ganarse la lotería. Le sobran razones y la primera es la certeza de que le esperan –como mínimo- cuatro años equivalentes a un viaje de placer, un pasaporte all inclusive por la vida, con el cual desaparecen los problemas y se transita por un camino plagado de comodidades y privilegios.

En el espectro político hay un enorme abanico de cargos electivos, pero ninguno ofrece semejante comodidad. Un gobernador, un intendente, incluso los ministros –que no son electos pero se integran a los más altos niveles del gobierno- tienen también importantes beneficios, pero que no resultan gratuitos.

La mayoría de los funcionarios de las primeras líneas del Ejecutivo –provincial o municipal- enfrentan días complejos durante toda su gestión. Porque las demandas nunca cesan, porque los conflictos se renuevan a diario, porque enfrentan situaciones problemáticas a cada momento y hasta el más capaz comprende rápido que su margen real de acción es siempre pequeño ante el universo de las falencias y los reclamos.

En el Ejecutivo se deben dar respuestas constantes y cada falla repercute cien veces más que los aciertos. Es una rendición de examen eterna, desarrollada entre pulseadas internas y externas mezcladas con intereses económicos, sociales, partidarios.
Para los legisladores, todo es diferente. Plácidamente distinto. Tienen el período anual activo más breve entre todos los trabajadores, con un “verano” de vacaciones que comienza a fines de noviembre y se extiende insólitamente hasta mayo. Deben sesionar solo una vez a la semana y asisten al recinto exclusivamente si se les da la gana. A diferencia de todos los demás trabajadores –si se permite la licencia de incluirlos como tales- pueden trabajar o no trabajar y cobran exactamente lo mismo. No hay controles, no hay descuentos, no hay sanciones.

Tampoco hay exigencias de productividad: un legislador puede no presentar jamás un proyecto y nadie le reclamará nada. Ha ocurrido con varios y varias. No tiene obligación de hacerlo, como no tiene, en definitiva, obligación alguna.
Sin distinciones partidarias, aprovechan estas interminables prerrogativas al máximo. De ese modo, si es un año electoral o se ven inmersos en alguna campaña, directamente no sesionan ni asisten. Pueden tomarse meses completos sin aparecer si lo desean y lo hacen sin el menor pudor.

Viajan cuando quieren viajar, fuera de la provincia o fuera del país y recorren las calles relajados, recibiendo honores por el cargo que ostentan. 

Negocio redondo
Pero ese mundo color de rosa no termina allí y se completa con fabulosos ingresos económicos, muy por encima de lo que se reconoce oficialmente. Los legisladores provinciales ganan mucho más de lo que dicen que ganan, porque sus ingresos no se limitan a los 105.000 pesos que los ubican entre los mejores pagos del país. Perciben además toda clase de adicionales, incluyendo desarraigos y adicionales de los más variados colores. Reciben dinero para otorgar subsidios a título personal que nadie sabe si entregan, reciben más dinero por gastos de bloque, por gastos de movilidad o vales de nafta, no pagan teléfono porque se les provee y hasta solicitan viáticos, muchas veces para viajar por cuestiones personales que deberían costear ellos mismos, salvo por cuestiones muy específicas y aprobadas públicamente por cada cámara.

Y toda esa pequeña o no tan pequeña fortuna que embolsan cada mes, en muchos casos representa apenas un ingreso extra, ya que la mayoría sigue con su actividad profesional como si nada. Los médicos atienden en su consultorio, los abogados mantienen sus estudios, los contadores y comerciantes siguen facturando, a su nombre o con testaferros, sin inconvenientes.
Sin mucho esfuerzo, pueden embolsar así entre 400.000 y 500.000 pesos por mes, sumándole a ello nombramientos de familiares que engordan aún más la suma que ingresa al hogar, o gestionando su ingreso al Estado a través de contactos, favores que por lo general se traducen en cargos de por vida con plantas permanentes. En estas artimañas hasta usan tácticas infantiles, como nombrar cada uno parientes de un colega, a cambio de que otro haga lo mismo con los propios, de modo de asegurar el ingreso de todos sin que aparezca el apellido del legislador repetido en la nómina de contratados.

De yapa, si se les ocurre legislar, pueden hacerlo para defender sus propios intereses o los de sus negocios, con la chance de armar leyes según la propia conveniencia. 

Demasiados abusos
Como se observa, García Márquez estaba equivocado. El mejor oficio del mundo es ser diputado en Catamarca. O senador, o concejal, o legislador nacional. Máximo rédito con el mínimo esfuerzo.

Dirán los legisladores que son electos por el pueblo y por ello son legítimos sus beneficios. Es discutible. Son electos, sí, pero perdidos en el anonimato de listas sábanas que se arrastran por inercia detrás de un candidato a gobernador o presidente si la banca es nacional.

¿Cuántos centenares de personas pasaron por la Legislatura en los últimos 20 años? ¿Cuántos podrían ser identificados o reconocidos por sus supuestos votantes? Y lo más importante, ¿cuántos hicieron un aporte real, aunque fuera mínimo, a la Provincia?

Lo cierto es que los “representantes del pueblo” son parte de un sistema en el que los abusos se multiplican sistemáticamente y los convierte en privilegiados absolutos, siempre ajenos a cualquier crisis social o económica. El recinto que debería reunir a la fiel expresión del pueblo, es un selecto grupo de la clase más pudiente de Catamarca, con ingresos millonarios y pobrísimo servicio a la comunidad.

Nuestros legisladores deberían en algún momento hacer un mea culpa y replantearse su situación, máxime en los contextos de crisis y pobreza que afectan a la provincia y el país. En lugar de preguntarse por qué tienen “mala imagen”, alguna vez deberían dejar de estar atentos a su ombligo y tratar de percibir aunque sea un poquito de lo que sucede a su alrededor. 

El Esquiú