El viernes último marcharon por las calles céntricas familiares y amigos de la joven Brenda Micaela Gordillo, brutalmente asesinada por Naim Vera, para renovar su pedido de justicia y la elevación a juicio de la causa. Escenas de profundo dolor se observaron en el reclamo, que tuvo un importante acompañamiento de la comunidad. La manifestación adquirió un significado especial porque fue la primera marcha de este tipo que se realizó luego de las restricciones impuestas por la cuarentena, y porque coincidió con el quinto aniversario de la primera protesta realizada en el país bajo la consigna “Ni una menos”. Tristemente, debe decirse que se observan dos fenómenos opuestos en torno a este movimiento. Por un lado, es innegable que lograron la visibilización de un flagelo gravísimo, que se avanzó en la toma de conciencia de este serio problema social y se obtuvieron penas más duras para los criminales, ya que hoy el femicidio constituye un agravante de peso a la hora de juzgar un crimen. Por otra parte, en lo que representa el matiz más oscuro y negativo, hay que admitir que no se consiguió revertir el impacto ni la cantidad de crímenes. Un amplio relevamiento llevado a cabo por la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMalá) sostiene que los femicidios registrados en el país durante la última década fueron 2.749, con un promedio de 275 víctimas anuales, por cuyos asesinatos 3.295 niños, niñas y adolescentes quedaron sin madres. La situación es trágica y la entidad exige que se declare la Emergencia Nacional en Violencia de Género.

El panorama es espeluznante, incluso analizado desde las cifras, que están muy lejos de reflejar las tragedias familiares y personales que genera cada agresión. Desde el primer día de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2019 se registraron 2.749 víctimas de femicidios y este año ya se sumaron alrededor de 60 en la Argentina, hechos luctuosos a los que habría que añadir intentos frustrados y agresiones de toda clase. También se contabilizaron centenares de los denominados femicidios vinculados, que es cuando se mata a una persona con la intención directa de causar daño a una mujer, por caso, quitándole la vida a uno de sus hijos para que ella lo padezca: oficialmente se cuentan más de 264 niñas y varones que fueron asesinados con este fin. El Gobierno lleva un Registro Nacional de Femicidios, elaborado por la Oficina de la Mujer (OM), y desde ese organismo se considera sencillamente que estos casos revelan “la violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres en nuestro país”. La gran mayoría de las víctimas (más del 70 por ciento) fueron asesinadas en sus propias viviendas, detalle que desnuda lo difícil que resulta intervenir y la importancia que debe darse a cada denuncia de violencia doméstica o intrafamiliar. Pero a este desolador conjunto de estadísticas se añade un dato más que alarmante y es la cantidad de casos registrados en Catamarca. La tasa de víctimas directas de femicidio por cada 100.000 mujeres en Argentina en 2019 fue 1,11. Las provincias con tasas por encima de la tasa nacional fueron, de mayor a menor: Catamarca, Chaco, Formosa, Chubut, Salta, Tucumán, San Juan, Misiones, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa. Pero según estos números, de carácter oficial, Catamarca es la única provincia que supera la tasa de 2 víctimas directas de femicidio por cada 100 mil mujeres. Una realidad que exige fortalecer las acciones preventivas y abordar el tema con mucha más profundidad, tanto a nivel gubernamental como en todos los estamentos sociales e institucionales.

Crece cada vez con más fuerza la idea de formar otra empresa estatal, idea que genera al mismo tiempo adhesiones y fuertes rechazos. En este caso, el proyecto pertenece a la diputada oficialista Mónica Zalazar y apunta a ceder al Estado el manejo del transporte urbano de pasajeros. Es un tema complejo por las singulares características del rubro en la provincia, también por la crítica situación que atraviesa el sector, ya debilitado cuando se quitaron muchos subsidios durante la gestión presidencial de Mauricio Macri. La participación estatal, en los hechos, ya existe, porque hace varios años el servicio de transporte fue declarado esencial y para su prestación coexisten competencias diferentes, porque el Estado es el dueño de los itinerarios y los cede para explotación de las empresas privadas, quienes se ocupan de los vehículos y sus conductores. Esta mezcla, que incluyó durante mucho tiempo importantísimos aportes oficiales para la compra de combustible, no puede bajo ningún punto de vista considerarse como una actividad exclusivamente privada. El proyecto de Zalazar apunta precisamente a “blanquear” esta situación y resolver definitivamente los conflictos que periódicamente surgen por atrasos en pago de sueldos, falta de actualización de salarios, malos servicios y paros constantes. Hasta allí podría presumirse que se acerca una solución. Pero las objeciones son muchas y tienen su razón de ser.

Lo que la diputada propone es crear la TUIC Sapem, empresa de Transporte Urbano e Interurbano de Catamarca, como Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria. Bajo esa forma jurídica, el Estado se haría cargo de un porcentaje de los sueldos que no supere el 30 por ciento, aunque las empresas piden que este compromiso cubra el 80 por ciento de todos los salarios. La idea es asociar Estado y privados para ofrecer un mejor servicio y terminar con los sobresaltos financieros, para evolucionar eventualmente hacia una sociedad anónima. No es un mal plan en teoría, pero la práctica y las experiencias recientes –tal vez la única excepción haya sido la minera Camyen- obligan a recibir con cautela y hasta desconfianza esta clase de intervenciones estatales, porque fueron demasiados los proyectos similares que sucumbieron o derivaron en endeudamientos multimillonarios. Emprendimientos que nacieron con la mejor intención de generar empleo privado, como los Producat, nunca terminaron de afianzarse y al cabo no hicieron más que ampliar el gigantesco universo de empleados directa o indirectamente vinculados al Estado. La idea original de acompañar inicialmente una empresa con fondos públicos, para que luego se sostenga por sí misma, no cuenta con antecedentes felices. Tampoco hacen gala de transparencia las transferencias de recursos públicos a estas entidades mixtas, que acumulan millones y millones por año, cuyo destino no siempre se detalla ante los organismos de control. Son unidades de negocios de aplicación cuestionable, frágiles en su estructura y de proyección comercial dudosa, donde la participación del Estado suele convertirse en garantía de provisión de fondos y las metas contables se relajan peligrosamente. Es lo que la experiencia marca y siempre queda la posibilidad de que un próximo caso sea diferente, pero cuesta tenerle fe.

Si bien el diputado Luis Lobo Vergara, como apoderado de Juntos por el Cambio, mantiene el planteo para que asuman varios correligionarios del interior como concejales, las posibilidades que la Justicia lo avale son escasas. Es que, aparte que ya están en funciones los peronistas que ganaron por amplio margen en octubre pasado, la Justicia Electoral hizo las proclamaciones conforme al sistema de proporcionalidad que establece la Constitución. Tampoco les fue comunicado a los concejos deliberantes de Tinogasta, Pomán, El Alto, Aconquija y Londres que existe un recurso judicial. Y si quedaran dudas, en caso de un fallo en contra, el peronismo anunció irá en queja a la Suprema Corte. Hasta eso, posiblemente, la teoría de los hechos consumados quedará consolidada.

Hace dos semanas generó inquietud la internación del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, quien se acercó a un sanatorio privado por un “adormecimiento” del brazo izquierdo y quedó en observación. Hay mucha sensibilidad en estos días de emergencia sanitaria por cualquier noticia vinculada con la salud pero, por fortuna, el funcionario se encuentra bien, fue dado de alta y retomó sus actividades. Ginés tiene desde hace años una estrecha relación con Catamarca, provincia que visitó en varias ocasiones a lo largo de su extensa carrera. La primera vez que llegó aquí fue hace ya casi 15 años, en agosto de 2005, cuando puso en marcha en el Programa Nacional de Desparasitación Masiva “Chau Lombriz”, y participó del “Primer Encuentro Provincial de Médicos Comunitarios”. Por entonces, igual que ahora, se desempeñaba como ministro de Salud de la Nación (en esa época la cartera se llamaba “de Salud y Ambiente”). Había asumido durante la breve presidencia de Eduardo Duhalde y continuó luego con Néstor Kirchner. En Catamarca, lo recibió Arturo Aguirre, ministro del área en aquellos años. Pero Ginés también tejería vínculos con Lucía Corpacci, ya que luego de dejar el ministerio nacional ocupó durante ocho años el cargo de embajador en Chile. Allí fue anfitrión de varios actos con autoridades catamarqueñas, relacionados con el Paso de San Francisco y diversas actividades de integración e intercambio. Muchas razones para que aquí se haya seguido con especial atención el pequeño incidente del ministro, que en esta etapa de su labor pública -fue también ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires a fines de los ’80- enfrenta sin dudas uno de los escenarios más complejos. No es para menos con la pandemia que puso en alerta al mundo entero, aunque al ministro le reconocen su conocimiento y dedicación, tanto que su nombre suele aparecer por encima de cualquier rencilla política y su capacidad le vale un respaldo casi unánime.

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