Hoy es una fecha importante del breviario peronista. Se cumplen 32 años de la desaparición física de la figura más trascendente del sector político, el doctor Vicente Leónides Saadi. Tres veces senador nacional y dos veces gobernador, entre medio de diversas representaciones partidarias o diplomáticas, el mítico caudillo nacido en Belén es reconocido por todo el peronismo y la mayor parte de los catamarqueños como un dirigente que supo defender los intereses de la provincia en los más altos niveles de decisión. Uno de sus logros más resonantes fue haber negociado en la década del ’80, apelando a derechos históricos, un porcentaje de coparticipación superior a otras provincias de similares características, por el cual se beneficiaron todos los gobernadores a partir de 1987. Su muerte, es inevitable señalarlo, cambió el rumbo político de Catamarca de manera rotunda. Llevaba apenas siete meses como gobernador cuando su resistencia física dijo basta y abrió un período de turbulencias en el que se reformó la Constitución para permitir que lo sucediera su hijo Ramón Eduardo (estaba impedido de hacerlo porque en aquel tiempo se permitía un solo mandato y él lo había cumplido en el tramo 1983-1987). Aquella circunstancia fue el principio de la crisis peronista que terminó nada menos que en una Intervención Federal, hecho impensado de haber vivido Vicente Saadi. Por todo ello, cada 10 de julio se lo recuerda con adhesión unánime del peronismo y se llevan a cabo actos que, por lo general, los encabeza el exgobernador Ramón Saadi. En esta ocasión, por la crisis sanitaria, no se programaron actos públicos, lo que no impediría algunos pronunciamientos.

La actividad judicial, por decisión de la Corte, tuvo una nueva semana de vacaciones. Salvo casos de emergencia, los tribunales permanecieron con puertas cerradas y podrían seguir, por lo menos, hasta el lunes 20 inclusive. Por cierto, algunos resultan favorecidos con la medida y otros no. Entre los primeros hay que anotar al intendente de la Puerta de Corral de Quemado (Belén), Enrique Aybar, un integrante de la clase política que se da el lujo de evitar dar explicaciones, en juicio oral y público, sobre la gravísima acusación que pesa sobre su persona. Recordemos que una menor de 13 años, en base a engaños y componendas deleznables, habría sido abusada sexualmente por él. Como ya lo dijimos, 7 años después de ese gravísimo episodio, en lugar de juzgarlo y determinar fehacientemente su culpabilidad o inocencia, la Justicia sigue enmarañada en detalles técnicos que entorpecen y dilatan indefinidamente el proceso, empujando a la víctima y su familia a un calvario sin final. Mientras tanto, Aybar sigue en pleno ejercicio de la función pública, frente a la mirada cómplice de la alianza que lo llevó al poder.

Por suerte, el planteo de nulidad que presentó Daniel Ortega, abogado defensor del jefe comunal, fue rechazado de plano por el fiscal Miguel Mauvecín y traspasó la decisión final al juez Jorge Palacios. Esperamos que se trate de la última chicana antes que Aybar sea sentado en el banquillo de la Justicia. Desde el radicalismo, como se sabe, hubo tibios repudios por su conducta –lo mismo hicieron los otros integrantes de Juntos por el Cambio sin siquiera dar la cara- y el único pronunciamiento serio y contundente lo ofreció la decana de la facultad de Humanidades, Patricia Breppe, quien pidió juicio rápido para Aybar.

Los desfavorecidos por el parate judicial son aquellas personas e instituciones que tienen recursos de apelación en la Cámara donde ofician de titulares Raúl Da Pra y Juan Pablo Morales los que, al haber quedado al borde del Jury de Enjuiciamiento, solicitaron licencia. Quien advirtió del problema que genera una Cámara de Apelaciones desintegrada –el único que permanece en el cargo es Edgardo “Cococho” Álvarez- fue el juez de Andalgalá, Rodolfo Cecenarro, para quien la licencia de sus pares capitalinos “significa la paralización de gran parte del sistema penal de Catamarca. Cada circunscripción tiene una diez o quince causas apeladas, lo que daría un total de 150 apelaciones congeladas”. En el caso de Andalgalá, lo decimos nosotros, solamente se recuerda que están pendientes de resolución homicidios –caso Rojano-, causas por lesiones, violencia de género, abusos sexuales, etc.

La posición de Juan Pablo Morales pasó de desapercibida a muy delicada. Además de la amenaza del jury o de una acción penal en su contra, tiene cuentas pendientes que nos la señalan algunos profesionales teóricamente damnificados. En ese marco está el caso de la doctora Beatriz Monllau, que lo denunció por dar trámite a lo que ella considera una “falsa denuncia” que, en su momento, hicieron las abogadas Carolina Acuña y María Isí, ambas sobrinas del cortesano José “Pepe” Cáceres, hoy por hoy el personaje más controvertido de la Justicia. Según relata la propia denunciante “querían mandar detenida a un mujer sin que existieran motivos de fondo para que ello ocurriera”. El tema, al parecer, fue cajoneado y confirmó que el mecanismo corporativo de la Justicia está más activo que nunca. Si el juez Porfirio Acuña comienza a desligarse del hecho grave –postura opinable, por cierto- de una denuncia por coimas, no podemos pensar otra cosa.

Sin lugar a dudas, las obras viales son muy importantes para la provincia porque contribuyen a la integración de los pueblos. Esto tiene que ver con aspectos varios, como la comercialización, el turismo o el intercambio cultural. Así como en su momento destacamos haber hecho realidad el trazado Andalgalá-Belén, que era una deuda histórica de la dirigencia política, ahora hay que ponderar el proyecto de unir Concepción de Capayán con la villa de Pomán, que posibilitaría la conexión efectiva del Valle Central con el Oeste catamarqueño, la que se realiza desde hace años a través de La Cébila, la famosa quebrada que de tanto en tanto debe ser clausurada a consecuencia de los embates climáticos. La ruta que proyecta el gobernador Jalil terminaría con todas las dudas y zozobras. Sería posible por los aportes nacionales y por la posición de la provincia que, a diferencia de otras, no tiene deuda en dólares y lo que adeuda no es exigible ni demasiado preocupante.

Después de haber ejercido la presidencia de la comisión de Asuntos Constitucionales durante el reinado de Miguel Angel Pichetto –hoy adlátere de Mauricio Macri- en la Cámara de Senadores de la Nación, el senador Dalmacio Mera recobra terreno político. Fue fundamental para ello recuperar la relación con el llamado kirchnerismo duro y, por ejemplo, salir a defender a la vicepresidente cuando el periodista “Baby” Etchecopar expresó aquel dislate contra Cristina Kirchner que la asociaba al cáncer, por lo cual después pidió perdón. Mera se expresó oficialmente en la sesión que se lanzaron repudios generalizados indicando “están faltando el respeto a la presidenta del cuerpo y eso afecta el sistema democrático. Ella nos representa a todos”. A los pocos días, cabe destacarlo, surgió su designación como presidente de la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico. Sin dudas, un cargo clave en la Argentina 2020.

Hablando de los senadores de Catamarca en el Congreso. Oscar Castillo tendrá un irremontable desprestigio público y escasa intención de votos, pero la verdad que dispone de un blindaje mediático que todavía lo hace esperanzar en la eventualidad de una reelección. Esto, a pesar que su contribución a Catamarca desde los cargos nacionales que le tocó ejercer –primero diputado y años más tarde senador- fue directamente nula. No se recuerda una sola acción que pueda ser destacada como aporte a la provincia que tanto lo benefició y lo transformó en millonario. Es más. Si se interesó por cuestiones ajenas a Catamarca, como haber firmado un proyecto pidiendo que se reabran los hipódromos de la Capital Federal para que regresen las actividades turfísticas, a las que considera “un pasatiempo familiar”. De estas cosas y de la trayectoria del hombre no hablan los medios locales, tampoco de que es el dueño de dos votos en la Corte de Justicia: los de Cáceres y Sesto de Leiva. Por ejemplo, días pasados, se comparó las compras con precio abusivo que realizó el ministerio de Desarrollo Social de la Nación con el negocio del hambre que se llevó a cabo en Catamarca en el año 2003. En ese marco, se apuntó como responsable excluyente de los hechos al gremialista Víctor Brandán, un personaje intermedio en la cadena de mandos de la época. Nosotros tenemos la obligación moral de decir las cosas como son. El jefe de Brandán era Castillo, que ejercía la gobernación y fue quien firmó el decreto que extendió el monto de las compras directas a extremos inconcebibles. A él ni siquiera se lo nombra en los recuerdos de una causa que permanece herméticamente guardada en la Justicia. ¿Por qué, cuando han pasado 17 años de los hechos, no se la trata?

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los Apuntes del Secretario con el repaso de hechos pasados.
En 1995 existían gravísimos problemas económicos que afectaban, entre otros, a los empleados públicos, lo que no podían cobrar sus sueldos en término y en varias oportunidades quedaron hasta con dos meses de mora. A cada nada, en esos tiempos, el gobierno de Arnoldo Castillo le pedía ayuda al de Menem y Cavallo, el cual le requería a cambio las privatizaciones (de la Dirección de Energía y/o el Banco de Catamarca, por ejemplo) y reformas del Estado. La situación, por lógica, se trasladaba al sector privado. Varias empresas del rubro corrían el riesgo de desaparecer, como iba a ocurrir con el viejo Sanatorio Catamarca, que funcionaba en calle Salta, entre Esquiú y Prado. Un dato sobre esto: finalizando abril de 1995 no se había pagado el aguinaldo lo que, por ley, debía haber ocurrido en diciembre de 1994.

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