El legislador barrionuevista Juan Carlos Rojas, que además de ejercer como diputado conduce aquí el sindicato gastronómico, se sumó a las muchas voces que piden auxilio oficial en tiempos de pandemia, reclamando asistencia monetaria para hoteleros y gastronómicos. La idea de Rojas es que el Estado aporte a modo de subsidios dinero suficiente como para hacer frente a los sueldos de empleados de hoteles, bares y restaurantes; sin duda uno de los sectores más afectados por la cuarentena. El pedido es razonable, pero Rojas parece haber errado en el ejemplo que tomó como punto de apoyo para lanzarlo, ya que equiparó el rubro con el subsidio que se brinda al sector de transporte, y hasta se quejó del supuesto trato preferencial de esas empresas. Lo que no puede desconocer, es que hay una diferencia vital entre ambas áreas, porque los hoteleros y gastronómicos son por abrumadora mayoría emprendimientos exclusivamente privados; mientras que el transporte es un servicio que explotan los privados sobre líneas que pertenecen al Estado. Esto ocurre porque oportunamente el transporte urbano fue declarado servicio esencial, lo cual marca un cuadro de situación muy distinto al de un bar. Esta realidad no va en desmedro de las necesidades de los gastronómicos, pero son matices que no se pueden pasar por alto. Como tampoco se puede desconocer que el sector turístico fue y es históricamente respaldado con fondos oficiales, especialmente en provincias como Catamarca, que anhelan el despegue de la actividad a gran escala.

Al cabo, lo que sobresale es el pedido de ayuda, una constante que ya es transversal a todas las actividades comerciales y productivas, a grandes empresas y pequeños locales, a manufactureros y trabajadores de empresas de servicios. Por caso, taxistas y remiseros protagonizaron otro de los pedidos que trascendieron en los últimos días, y como la actividad es regulada por el municipio capitalino, los reclamos se formalizaron ante la comuna. Es otro caso especial el de los trabajadores del volante, porque aunque también vieron afectados su ingresos, como lógica consecuencia por las restricciones de circulación y el menor movimiento de gente, en rigor de verdad es una actividad que nunca estuvo suspendida. Ni en Fase 1 ni en Fase 4, nunca hubo prohibición: tacheros y remiseros siempre salieron a las calles, pero como distintos sectores piden asistencia económica, ellos se sumaron. No consiguieron lo que esperaban, porque el pedido que hicieron fue en cierto modo desmedido, ya que querían un aporte mensual para cada uno, en el orden de los 20.000 pesos. Los números condujeron a la respuesta negativa por simple peso aritmético: en Capital hay unas 900 licencias otorgadas para estos vehículos, pero algunos autos cuentan con dos o más choferes. Esto eleva el universo de potenciales beneficiarios a unos 1.700 choferes, lo que implicaría una erogación varias veces millonarias para un municipio que, como todos, viene con dificultades hasta para hacer frente a sus gastos corrientes. No había forma de que la solicitud prosperara, aunque los trabajadores tampoco se fueron con las manos vacías, ya que se les aseguró asistencia alimentaria que se les entrega a domicilio a quienes la necesitan. Con diferentes características pero la misma necesidad latente, similares cuadros pueden hallarse en todos los rubros, y es recién el comienzo del efecto colateral de la cuarentena.

¿Cómo salir de este laberinto? Es el gran dilema, y para resolverlo ya se está trabajando. El ministro de Desarrollo Productivo de Nación, Matías Kulfas, encabezó esta semana una reunión virtual para analizar la situación junto con los secretarios de Comercio Interior, Paula Español; el de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, y de Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz. En la búsqueda de la luz al final del túnel también hubo representantes provinciales, y por Catamarca estuvo el ministro de Industria, Comercio y Empleo, Lisandro Álvarez. Lo que surgió de la charla fue la intención de lanzar Mesas Regionales para el Desarrollo Productivo Federal, insertas en un Plan Federal de Reactivación Productiva. La iniciativa tiende a promover la reactivación de la actividad económica en todo el país, para lo cual las provincias deben trabajar en una serie de planes a largo plazo que conformen un plan de desarrollo regional, enfocado ya en el día posterior a la pandemia. Se trabajaría sobre cinco ejes: recursos naturales; recursos renovables, electromovilidad; economía del conocimiento; industrias de la salud y un sistema de banca de desarrollo. Si este plan tiene alguna posibilidad real de prosperar no lo sabemos, pero buscar alternativas a corto, mediano y largo plazo es una obligación de las autoridades, y enhorabuena que ya estén abocados a ello.

A pesar que los feriados y la cuarentena estricta redujeron a la mínima expresión la actividad de la Justicia, en la última semana todos los análisis tuvieron que ver con ella. No solamente captó atención masiva el eventual pago de una coima a dos camaristas, sino que en la Legislatura se aprobó una ley -iniciativa de la doctora Cecilia Guerrero- que viene a reglamentar el ya famoso artículo 195 de la Constitución de Catamarca que pone tope a la edad de los magistrados. Además, en la continuidad de un gran debate judicial, el juez Porfirio Acuña metió el dedo en una llaga: la inmunidad de proceso de la que gozan los jueces. A propósito del “video de las coimas”, ordenó al fiscal Barros Jorrat que avance con la acción penal contra Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá, con lo cual niega esa inmunidad de proceso que está escrita en el Código de Procedimiento Penal, pero va a contramano de lo que sostiene la Constitución. Más claro: Barros deberá instruir el proceso como si los camaristas fueron dos ciudadanos más. Por último, el ministro Jorge Moreno pidió la derogación de la ley 5012 por la que se había creado, a mediados de los 90, el Consejo de la Magistratura. Como podrá apreciar el lector, como las tajadas de una cebolla, son varias las envolturas de la Justicia que deberán revisarse y están íntimamente relacionadas con la política. Analicemos entonces parte por parte.

Aunque no se haya referido expresamente al artículo 195, el gobernador de la provincia, licenciado Jalil, aseveró “hay que terminar con los cargos vitalicios”, y agregó que los jueces y el Consejo de la Magistratura deberían ejecutar periódicamente un informe de gestión. Esta expresión no es brisa del desierto. Tiene que ver, directamente, con la letra del artículo 195, que acepta la inamovilidad de los jueces, pero en ninguna parte alude a un cargo vitalicio. Leamos por si quedan dudas: “El Poder Judicial de la provincia es ejercido por una Corte de Justicia integrada por tres o más miembros y por los demás tribunales y juzgado inferiores que la ley establece, fijándoles su jurisdicción y competencia. Los magistrados e integrantes del Ministerio Público son inamovibles mientras dure su buena conducta, observen una atención regular de su despacho, no incurran en negligencia grave o desconocimiento inexcusable del Derecho y hasta cumplir la edad de 65 años”. Esto que dice la Constitución, en nuestra provincia no se cumple. Y no se cumple porque hubo tres ventajistas, integrantes del máximo tribunal (Cáceres, Sesto de Leiva y Lilljedhal), que juraron cumplir con lo preceptuado, pero se burlaron de todos los catamarqueños haciendo una manganeta totalmente indecorosa para burlar la ley. Magistralmente, en esta misma edición, lo explica el doctor José Alberto Furque en la nota dominical (“Cara a cara”) que concedió al periodista Kelo Molas.

Entre gallos y medianoche, sin conocimiento público y sin comunicación de actos que son de gobierno, “el trío más mentado” de la Justicia local estableció en el año 2006 que el artículo de la discordia devenía inconstitucional. No lo hicieron cuando juraron como ministros de la Corte, sino cuando debía irse por haber llegado a los 65 años. Lilljedhal realizó una presentación que le resolvieron favorablemente Cáceres y Sesto y, a vuelta de correo, éstos dos hicieron una similar que resolvió Lilljedhal. Esto es lo que, increíblemente, defienden legisladores de la oposición para impedir el juicio político, y nunca explican cómo fueron los fallos. Tampoco lo hacen los medios de comunicación, excepto El Esquiú. Mucho menos aclaran que la maniobra se llevó a cabo a contramano de la posición del Colegio de Abogados y del Fiscal de Estado de la época, Simón Hernández, quien observó la conducta de Lilljedhal como anómala. Por supuesto, los “republicanos” de la Corte de Catamarca no le dieron bola. ¡Qué ejemplo pueden trasmitir a los estamentos inferiores de la Justicia!

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los Apuntes del Secretario con el repaso de hechos pasados.
El 29 de abril de 1995 se producía un hecho trascendente. El gobierno del Frente Cívico, que conducía don Arnoldo Castillo, dejaba inaugurado dos tramos de la ruta internacional 45 (Paso San Francisco). Uno de ellos era Fiambalá-Río Guanchín y el otro Río Guanchín-Loro Huasi. El acto contaba con la presencia de autoridades provinciales y chilenas. Entre las presencias del histórico acontecimiento estaban el exvicegobernador, Simón Hernández; los exintendentes de la Tercera Región de Atacama, de Fiambalá y Tinogasta, señores Eduardo Morales Espinoza, Amado David Quintar y Héctor Rodríguez, respectivamente; los exfuncionarios de obras públicas de Catamarca Alejandro Narváez (secretario), Humberto Rebellatto (subsecretario) y Enrique Funk (Desarrollo Rural); el exsecretario general de la gobernación, Jorge “Jhony” Acevedo; el exsenador de Tinogasta Mario Quintar; el exadministrador de Vialidad Luis Pinetta; el diputado Raúl de Marcos y los alcaldes chilenos de Diego de Almagro y Chañaral.

El Esquiú.com