Apuntes del Secretario

miércoles, 15 de julio de 2020 01:22
miércoles, 15 de julio de 2020 01:22

El Consejo de la Magistratura, una especie de brazo ejecutor del Poder Judicial, ha vuelto al centro de la escena y promete quedarse por buen tiempo en modo debate. Su conformación y acción efectiva, definitivamente, no conforman, salvo al que transitoriamente tenga mayoría para mover los hilos de los nombramientos de magistrados y funcionarios. El diputado Lobo Vergara, uno de sus miembros, lo defiende a muerte y dice, por ejemplo, que fue un buen logro para autolimitar al Poder Ejecutivo frente a la tentación de avanzar sobre la Justicia. Dice que se creó hace 20 años, durante la gobernación de Oscar Castillo, y fue correlato de lo dispuesto por el Gobierno Nacional en orden a la reforma constitucional de 1994. Objetivamente tiene razón, pero detrás de las palabras hay hechos. Por ejemplo, no dice que en aquel tiempo el gobierno manejaba todas las instituciones -Magistrados, Colegio de Abogados, etc.- y las mayorías legislativas, con lo cual un Consejo de la Magistratura como el que existe le venía de maravillas para armonizar una justicia conforme al paladar de los gobernantes y de quienes conducían el Poder Judicial, que no eran otros que dos jueces sobre los que pesa un pedido de juicio político: José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva. Ellos, como lo dijimos siempre, hicieron y deshicieron en un poder del Estado que es fundamental para el equilibrio democrático. Pasarán a la historia no desapercibidos.

Los arreglos políticos de facción en los años 90, que incluyen la creación del Consejo de la Magistratura, venían de antes del 2000. Este remedo de organismo independiente, en realidad, inorgánicamente nació para darle visos de seriedad al nombramiento de los jueces que iban a llevar adelante el llamado Caso Morales, entre ellos un personaje condenado por delitos de lesa humanidad y un fiscal de extraña jurisdicción. Hoy Jorge Moreno, con razón, pide su derogación y acusa -sin nombrarla- a la conducción omnímoda ejercida por la dupla Cáceres - Sesto de Leiva de arrogarse atribuciones que son propias del gobernador de la provincia, como proponer a la cámara de Senadores el nombre de magistrados y funcionarios judiciales en los casos que se hayan producido vacantes. Por este y varios motivos más, el exlegislador considera que el organismo es claramente inconstitucional y merece ser revisado a fondo. Aunque Lobo Vergara se oponga, como lo apuntamos en el introito, el tema será materia de discusión y tendrá que ver, de fondo, con la reorganización de un Poder Judicial que, sin rumbo fijo, navega a la deriva.

Por si no abundaran los planteos en torno al Consejo de la Magistratura, la elección del representante de los magistrados generó recientemente una nueva polémica. Como lo anunció en forma exclusiva El Esquiú, se han planteado dudas por la eventual asunción como consejero del camarista Raúl Da Pra, quien le ganó por margen estrecho (122 a 116) a Carlos Rodolfo Moreno la compulsa entre los magistrados. El hecho de que haya quedado a tiro de Jury de Enjuiciamiento, sin embargo, lo condiciona para integrar el organismo porque nadie entendería bien que un sospechado de cobrar coimas sea quien decida sobre los destinos de la Justicia. El dilema es que no hay un mecanismo expreso de reemplazo y agregamos que aquella elección tuvo algunas alternativas que le quitaron algo de legitimidad. Sobre la hora, o después de hora para cerrar candidaturas, Natalia Ferreyra -una jueza recién asumida en un Juzgado Comercial- fue desplazada como suplente y la reemplazó Graciela Filippín, quien habría acercado votos fundamentales de los juzgados de Familia que ella integra. El cargo, si Da Pra queda en el camino, le correspondería a ella, pero comentan que no lo aceptaría.

De esta forma, la que parecía una elección de rutina, se convirtió en una batalla por un espacio de poder, lo que da idea de lo mucho que se juega en el Consejo de la Magistratura tal como está estructurado. Hasta miembros de la Corte habrían operado entre los jueces del interior de la provincia para que Da Pra logre ventajas sobre Moreno. De hecho, el cuestionado camarista ganó por nueve votos entre los sufragantes del interior donde se pensada que, por haber sido juez de Belén durante décadas, podía imponerse Moreno. Paradójicamente, este último venció entre los magistrados del Valle Central por dos votos.

También fue anuncio de esta columna. Los camaristas acusados de la supuesta coima no se iban a quedar de brazos cruzados. Iban a defenderse y para ello hicieron confeccionar una pericia sobre el video que provocó conmoción en los tribunales. La presentación tiene un valor relativo, como el video mismo, por lo que será la investigación la que determine el final de esta historia; pero más allá de cualquier resultado, lo que no se puede borrar es la sensación de que los lobbies tallan en la Justicia catamarqueña. Por ello nos animamos a predecir que la suerte de los magistrados, como de los cortesanos más antiguos, está echada. Quién les puede creer a Cáceres y Sesto, si violaron artículos demasiado claros de la Constitución por la que juraron hacerla cumplir. En cuanto a la dupla de camaristas, su situación es bastante parecida y no existe ningún mérito de ponerse a disposición de la Justicia. Era su obligación hacerlo.

Bastante malestar causó entre los trabajadores del Poder Judicial la Acordada 4457, difundida luego de que el Ejecutivo decidió extender la cuarentena en su fase inicial. El documento no es más que un pronunciamiento formal para resolver qué hacer en ámbitos judiciales durante el aislamiento, pero resultó tan ambiguo e impreciso que no definió nada. Inicialmente dice que “tras haberse detectado casos positivos de COVID-19 en la provincia y haber adoptado medidas precautorias inmediatas a fin de evitar la propagación de dicho virus, en consonancia con los Decretos del Poder Ejecutivo provincial, (…) LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA ACUERDA  DISPONER el Receso Judicial Extraordinario por razones sanitarias entre los días lunes 13 y domingo 19 de julio de 2020 inclusive, para todo el ámbito del Poder Judicial y Ministerio Público de la provincia de Catamarca, declarándose inhábil el período temporal referido a los fines procesales y administrativos, con suspensión de términos”. Hasta allí, todo claro. Pero después sostiene que “el Ministerio Público mantendrá el esquema de turnos vigente”, que “se suspende la atención al público salvo en las actuaciones procesales en las que resulte indispensable la presencia de los letrados y/o las partes” y que “los magistrados, funcionarios y organismos competentes podrán habilitar feria según las circunstancias lo requieran”. Obviamente esto no es más que el extracto de un par de párrafos dentro de un extenso documento, ante cuya lectura ningún trabajador supo con claridad responder a una pregunta simple: “¿Yo tengo que ir a trabajar o no?”.

Un mal momento vivió la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, durante una recorrida barrial. Sobre el episodio hay distintas versiones, y aunque ninguna refiere un acto realmente grave, la reconstrucción a partir de los diferentes relatos confirma que fue un hecho incómodo y al parecer evitable. Todo comenzó en un reparto de bolsones, con la propia jefa comunal visitando casa por casa para entregar la ayuda. La tarea se desarrollaba sin mayores contratiempos, hasta que en un domicilio nadie atendió. Esto ocurrió en una casa de la localidad de las Esquinas, donde reside una familia Moreira, aparentemente distanciada del proyecto político de Zenteno. Sin respuesta, optaron por dejar el bolsón de todas formas, gesto que el dueño de casa recibió como una afrenta. Es ahí donde no queda claro si él salió y arrojó el bolsón de mala manera, si los propios acompañantes de Zenteno tuvieron un gesto desmedido y provocaron el desaire o quién dio el primer paso; pero lo cierto es que el bolsón terminó roto, la mercadería por el suelo, y todos ofendidos. Quien recibió la ayuda “de prepo” señaló luego que no la necesita y cuestionó esta modalidad. Personal de la intendencia lo acusó por agresivo y el cierre de la historia llegó con un comunicado desde el Concejo Deliberante, específicamente firmado por la periodista y edil del oficialismo chacarero Belky Pennise Zavaley, quien se despachó pidiendo el fin de los “odiadores seriales” y un llamado a la paz social. A modo de conclusión, debe recordarse que la ayuda directa es un tema muy sensible, que debe desplegarse con mucho tacto y eficacia, y quizás no sea conveniente que la propia mandataria municipal se embarque en estas labores, porque se abre la posibilidad de que se cuestionen presuntos usos políticos de la asistencia, y es allí cuando se generan roces como los mencionados. Hay que seguir ayudando a quienes lo necesitan, pero de modo más profesional y organizado, porque los métodos de campaña no pueden seguir aplicándose cuando ya la gestión está en marcha. Por una cosa o por otra, nunca hay paz plena en Valle Viejo.

El Esquiú.com
 

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