El estado de descomposición de la justicia catamarqueña ha llegado a un extremo que, explícitamente, ha comenzado a rondar la idea de una intervención al Poder Judicial. No son pocos los analistas que adhieren a aplicar un remedio –potestad exclusiva del presidente o el Congreso de la Nación- de esta naturaleza frente al estado de anomia que se observa en tribunales de todo nivel. Instalaciones obsoletas, quejas por doquier de los abogados, morosidad récord, jueces que se consideran vitalicios, nombramientos inconsultos y los sonsonetes nada casuales que se pagarían coimas para direccionar los fallos forman un compendio de irregularidades que hacen recordar las peores épocas de la Justicia lugareña.
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En ese contexto, no deben extrañar algunas medidas que se han tomado recientemente. Por ejemplo, aprobar la ley que se ajusta a la letra constitucional y determina que los magistrados, a los 65 años (artículo 195), deben jubilarse. También avanzar con el aumento de los miembros de la Corte, el tribunal supremo que alberga los mayores problemas al contar con dos miembros que violaron la Constitución por la que, en los años 90, juraron hacerla cumplir. Lo mismo vale para el Procurador, Enrique Lilljedhal. Los tres se valieron de una trapisonda asquerosa para atornillarse en los cargos y seguir digitando la maquinaria judicial. Que tengan fallos dictados por ellos mismos no los habilita a obstruir la necesaria depuración que, por ejemplo, pretende el gobernador Jalil. En ese sentido, no se anduvo con vueltas: “65 años y a la casa”.
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Más allá de fallos truchos, Cáceres y Sesto están atacados por el artículo 168, al que no le cabe más que una sola interpretación. Dice así: “…no podrán ocupar cargos en la administración provincial los jubilados y pensionados de cualquier caja con excepción de actividades artísticas o técnicas, cuando no existieran otros postulantes”. Los dos juraron cuando ya estaban jubilados y, que se sepa, no hubo ningún llamado a concurso para cubrir los cargos. Aunque la oposición siga apegada a lo formal, el olor a podrido inunda la Corte.
El Esquiú.com