Apuntes del Secretario

viernes, 17 de julio de 2020 01:11
viernes, 17 de julio de 2020 01:11

Pelo y barba. La relación se usa para expresar un triunfo de cualquier naturaleza de ida y vuelta. Y, en esta ocasión, sirve como analogía para explicar lo que pasó entre miércoles y jueves en la Legislatura catamarqueña. Los peronistas le pusieron el moñito al paquete de leyes que esperaba el gobierno y que le permitirá, ojalá sea de la mejor forma, reorganizar la devaluada Justicia de Catamarca. En menos de 24 horas y en trámites relampagueantes se aprobaron la derogación del Consejo de la Magistratura y el incremento del número de miembros de la Corte. También la eliminación del artículo de la ley electoral que se contradecía con la Constitución en la aplicación del sistema D’Hondt, que rige para todos los cargos (diputados nacionales y provinciales, concejales, etc). Por supuesto, los méritos mayores se los lleva el diputado Augusto Barros, autor de las iniciativas y moderador preciso de los tiempos para lograr el quórum y manejar los tiempos en el recinto. Eso pasó el miércoles. Lo de ayer fue un retoque rutinario. La Cámara de Senadores no hizo más que rubricar lo actuado por Diputados y, casi a libro cerrado, completó un capítulo que iniciará una polémica que habrá de prolongarse en el tiempo y, desde ya lo adelantamos, llegará hasta las elecciones de medio término de 2021.

Más allá de las explicaciones, aparentemente destempladas, de los diputados Monti, Tiago Puente, Marita Colombo, José Antonio Sosa, Juana Fernández o Víctor Luna, entre otros, la derrota del radicalismo tiene niveles de catástrofe. Primero porque le dejaron el plato servido al oficialismo y porque ningún radical medianamente informado cree que los sucesos en la Cámara de Diputados fueron casuales. Argumentar que no bajaban al recinto por el distanciamiento social no es someterse a una reglamentación o inocencia, como quieren hacer creer. Es un ridículo para un acontecimiento político donde todos los nombrados, claramente, funcionaron como cómplices de una maniobra urdida en silencio y desde las sombras por el poder. Con solo bajar frenaban la embestida peronista. Por ello, muchos radicales, desde distintos puntos de la Capital e interior, hicieron saber a este secretario su desconsuelo por el comportamiento de sus legisladores y apuntaron sus miradas a los conductores de hecho de la UCR. Ergo: Oscar Castillo y compañía. De paso, exhumaron los recuerdos del apoyo de seis díscolos radicales al peronismo para reformar la Constitución en 1988.

Como ocurre periódicamente, el Estado vuelve a enfocarse en la necesidad de reducir su gigantesca planta de empleados, eje central de la economía pública (en provincia y municipios, el pago de sueldos es el gasto mayor) y uno de los males crónicos que subsisten administración tras administración. No sólo han fracasado prácticamente todos los gobiernos desde el retorno de la democracia en el objetivo de achicar el universo de agentes estatales, sino que en cada mandato –sin distinción de nombres ni partidos- índices, becas, contratos y plantas permanentes se multiplican sin cesar. Eso convirtió a Catamarca en la provincia con mayor cantidad de empleados públicos en relación con su cantidad de habitantes, y aunque todo el mundo tiene claro que no se puede seguir en ese rumbo, revertir el cuadro es una tarea muy compleja. Sin despidos masivos ni soluciones drásticas en carpeta, una de las opciones que se manejan es la de ofrecer retiros voluntarios y apurar jubilaciones. Porque precisamente uno de los problemas más frecuentes es que personas en edad de jubilarse, o que incluso perciben sus haberes jubilatorios, en los hechos se mantienen laboralmente activos. Localizar estas situaciones irregulares implica un trabajo de hormiga y cruces de datos entre diferentes organismos, labor que se viene realizando y ya muestra números sorprendentes.

Enzo Carrizo, titular de la UDAI Anses, ratificó que se trabaja para acelerar las jubilaciones, movida que se emparenta directamente con el proyecto de reforma del Estado impulsado por Raúl Jalil. El funcionario estimó que sólo entre la Administración Pública central y la planta de docentes, hay unas 2.000 personas en condiciones de formalizar su retiro, y en la Municipalidad de la Capital hay otras 500 listas para jubilarse. Sumando los casos de otros municipios, se superarían cómodamente las 3.000 jubilaciones, cifra que impacta sustancialmente en las cuentas fiscales, y sólo contemplando aquellos trabajadores que pueden jubilarse este mismo año en distintos poderes y organismos. ¿Por qué no se jubilan? Hay muchas razones, y una realidad que se impone: de momento, los trámites están paralizados por las restricciones que se resolvieron para combatir la pandemia de coronavirus. Sin oficinas activas, incluso el que quiere jubilarse no puede hacerlo por estos días. Pero en condiciones normales también hay quienes prefieren extender su actividad la mayor cantidad de tiempo posible. Esto es porque el retiro suele implicar, para la mayoría de los trabajadores, una caída de ingresos, y también largos períodos de espera entre que los trámites se completan y el cobro se efectiviza. Aunque luego llegan pagos retroactivos y se cobra “todo junto”, no todas las economías hogareñas están listas para soportar meses de sequía. En concreto, los planes de retiro y las jubilaciones obligatorias, son por ahora la primera herramienta que se vislumbra para hacer adelgazar a ese elefante del empleo público.

Mientras comienza a apagarse la luz del Ingreso Federal de Emergencia –ya se avisó que el tercer pago será el último-, el gobierno nacional comienza a buscar nuevas formas de contener a la población de menores recursos, universo que abarca unos tres millones de personas en el país, de los cuales alrededor de 100.000 son catamarqueños, si es que se toma como parámetro precisamente los pagos del IFE. La opción que se maneja es establecer una suerte de “renta básica” o un “ingreso universal”, idea que pule el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, bajo conducción de Daniel Arroyo. Para definir sus alcances y métodos, hubo muchas reuniones previas con representantes sindicales, sociales, religiosos y empresarios; fórmula que dio buenos resultados y permitió neutralizar los rumores de estallido social que asomaban al comienzo de esta cuarentena que ya se extendió cuatro meses. Este plan vendría a ser la evolución de las primeras medidas tomadas, cuando se incrementó la ayuda alimentaria de 8 a 11 millones de personas, se creó el Ingreso Familiar de Emergencia, se otorgó el subsidio salarial ATP, y se habilitaron créditos blandos. Ahora se apunta a otorgar una renta universal, no como solución sino paliativo de la crisis actual, que promete agudizarse. El plan todavía no fluye porque requeriría de una reforma impositiva, claramente para asegurarle recursos, y como los tiempos apremian el Ejecutivo pedirá el pronto auxilio de los legisladores.

Por estos días debía comenzar la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, la gran celebración popular de la música, la cultura y las artesanías provinciales, que también se frustró de la mano del coronavirus. Para comprender el significado de esta suspensión, habrá que recordar que es la primera vez en casi medio siglo que este icónico encuentro no se realiza. Desde sus orígenes, a fines de la década del ’70, sólo en tres ocasiones no se hizo el festival, y la última suspensión databa de 1976, de manera que debieron transcurrir 44 años para que los catamarqueños se vieran privados de esta entrañable tradición por razones de fuerza mayor. Con mayor o menor brillo, el Poncho mantuvo siempre un impresionante poder de convocatoria, hasta consolidarse como el festival de invierno más importante del país. Es una verdadera pena que no pueda hacerse, ya que no sólo pierden la oportunidad de mostrarse los talentosos artesanos, músicos, cantantes y cuerpos de baile, sino que también se cierra uno de los mayores atractivos para el movimiento comercial y turístico. El Poncho es Catamarca y este año no habrá edición, con lo cual miles de visitantes y comprovincianos perderán la oportunidad de compartir veladas en los ranchos a pura guitarreada y el paseo familiar por el predio no tendrá lugar. Un signo más de este oscuro 2020, donde tampoco pudieron llegar los peregrinos a rendir homenaje a la Virgen del Valle en abril. Los símbolos más fuertes de la Provincia en el campo de las manifestaciones populares se desvanecieron al ritmo de la pandemia, pero sin dudas fue la mejor decisión que pudo tomarse para proteger la salud de la población.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los Apuntes del Secretario con el repaso de hechos pasados.
Un avión Cessna 206 del Club de Paracaidistas Catamarca, que cumplía servicios para el ex Banco de Catamarca llevando caudales al interior de la provincia, quedó destrozado en las serranías de Ambato al realizar un aterrizaje de emergencia el 5 de mayo de 1995. Llevaba cuatro pasajeros y estaba a 10 minutos de llegar a Andalgalá, primera de las cuatro escalas que tenía previsto realizar. Los ocupantes del avión eran Javier Clark, su conductor, Juan José Calás, su acompañante, además de un empleado bancario y otro de la Policía provincial. El avión cayó en la zona de Chavarría, en las quebradas del Ambato, y quedó virtualmente destrozado. Dos de los viajeros fueron internados y el operativo policial estuvo a cargo de los subinspectores Fernando Argentino Lema y Luis Alberto Orquera. Por cierto, el gran perjudicado fue el Club de Paracaidistas Catamarca, que se quedó sin avión y sin posibilidades de sostener las prácticas.

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