Ya no quedan dudas de que el senador Oscar Castillo participó de la tramoya por la cual se aprobaron, en apenas 24 horas, la derogación del Consejo de la Magistratura, modificaciones a la Ley Electoral y el aumento del número de integrantes de la Corte de Justicia. Todo su maquiavélico discurso, de esta forma, se vino abajo en cuestión de días. Lo terminó reconociendo el lunes pasado, durante un reportaje por radio Valle Viejo que concedió a Jorge Álvarez. Aceptó que el mismo día de los supuestos arrebatos, se reunió con el gobernador Jalil en su finca de Ipizca. Lo hizo de una manera tan grotesca y poco creíble, que obligó al periodista a repreguntarle seguido sobre cuestiones elementales, propias de quien no tiene argumentos para exhibir. Dijo, por ejemplo, que no sabe para qué lo fue a visitar el gobernador y tampoco pudo explicar qué temas trataron. Tratándose de dos altos exponentes de la política de Catamarca, suponemos que no habrán hablado del canto de los pájaros que, en la sierra, conforman una verdadera sinfónica. Tampoco de la caza de mariposas o de los sabores de la comida que habrán saboreado. Capaz que sí, pero lo concreto es que Castillo no pudo responder una pregunta tan sencilla. Quedó como que Jalil iba pasando por ahí y, mientras en la Legislatura se desarrollaban hechos trascendentales para la provincia que le toca gobernar, se invitó a una comida no programada. Cuesta creerlo, por lo que se nos ocurre pensar que no hay mejor mentira que aquella que contiene parte de la verdad. Ahh…agregó el senador que Jalil no es la primera vez que frecuenta su domicilio. ¿Será para hablar de los pajaritos, las mariposas, las prácticas culinarias y las bellezas naturales del bello departamento Ancasti?

Dejando de lado las misteriosas omisiones del reportaje, Castillo sí se refirió a los proyectos propiamente dichos. Los calificó como atropellos al orden institucional y habló de falta de códigos, una cuestión que precisamente no lo distinguió en su trayectoria política. Señaló que estaba programado el tratamiento de otras iniciativas en la Legislatura y que, respetando la cuarentena, el bloque radical resolvió no sesionar, cuando de pronto salieron proyectos que no se conocían. Se trata de una mentira más grande que el cerro Ancasti. El día anterior, con lujo de detalles, se habían publicado en los medios gráficos locales los proyectos de la controversia y fueron replicados por la principal emisora de la provincia. Por lo tanto, alegar ignorancia hace más creíble la existencia del “Acuerdo de Ipizca”. En la continuidad de su relato, aparte de pedir que se veten las leyes que el radicalismo posibilitó (¿quién entiende esto?), indicó que el peronismo tenía los números para llegar al objetivo logrado y permitir un debate en comisión de cara a la sociedad. Ese mismo final, paradójicamente, dependía de la UCR.

Otro de los tópicos que abordó el inefable senador fue el referido a una eventual reforma de la Constitución provincial. Pese a asegurar que “han perdido confianza” con el gobierno, por primera vez, se animó a destacar que hay cuestiones básicas para reformar, entre las que señaló las reelecciones indefinidas y las fechas electorales. Lo hizo después de que Álvarez refrescó la noticia que el proyecto está desde 2014 y que fue la fuerza política que orienta Castillo la que impidió su aprobación, en contra de la opinión favorable de todas las instituciones de la sociedad que fueron convocadas por una comisión consultiva –la presidía el actual intendente, Gustavo Saadi- que sesionó durante casi tres meses. El único partido que no se sumó al debate fue la UCR orgánica –sí hubo inorgánicos “rojiblancos” que dijeron presente- y el senador tuvo una célebre frase: “Esta comisión consultiva no puede reformar ni los estatutos del club Villa Cubas”. Ahora parece que, aunque no haya confianza, cambió de opinión. Quizá con un nuevo “viajecito” de Jalil a Frías, con una “pasadita” por Ancasti y una “comidita” a las apuradas, la esperada reforma se hace realidad.

Los “juegos castillistas”, independientemente de mantenerlo a Oscar en el tapete y justificar 400.000 razones de permanecer en el Congreso, lamentablemente para la UCR siempre terminan mal. En cambio, para los amigos, es un conductor de maravillas. En 2011, cabe recordarlo, fue uno de los que contribuyó a la derrota de Brizuela del Moral (y de todos los radicales que quedaron en la calle) a manos de Lucía Corpacci. En acuerdo tácito con el extinto Armando “Bombón” Mercado, a 72 horas de la elección del 13 de marzo, declaró “la gente quiere un cambio”. No lo decimos nosotros, ni lo inventamos. Lo dijo él. Está escrito en la tapa de un diario local y existen los audios del reportaje por radio. A esto habría que sumarle las derrotas en fila que, electoralmente, viene sumando lo que fue el gobernante Frente Cívico por espacio de 20 años. La última de ella, en octubre 19, fue un escándalo y que sepamos, cuando han pasado 9 meses, no escuchamos una mínima autocrítica de quien fue el armador de la oferta electoral.

Las medias verdades, lo repetimos, se parecen demasiado a la mentira. Oscar Castillo, en el mismo reportaje con Álvarez, aludió al Consejo de la Magistratura y se vanaglorió que fue creado por él, durante su mandato como gobernador (1999-2003). En realidad, la autoría intelectual fue de Pedro “Peter” Casas, cuando éste revistaba como diputado provincial y, entonces, se ventiló a los cuatro vientos que el organismo iba a limitar la intromisión de la política en la designación de los jueces. No aclaró Castillo, alarmado porque los gobernadores designaran directamente a los magistrados (aunque no les guste atender, esa situación integra la Constitución, no el Consejo de la Magistratura), que durante 10 años su propio padre llevó a cabo todas las designaciones de un aparato judicial enfermo de partidismo. Muchas de esas designaciones llegan hasta nuestros días y algunos de sus titulares hasta violaron la Constitución para asegurar la permanencia en los cargos, tal los casos de Cáceres, Sesto de Leiva y Lilljedhal que, por contubernios secretos con el poder político, se convirtieron en cortesanos vitalicios.

A propósito de Cáceres y Sesto de Leiva, claramente, se puede llegar a la conclusión que el “Acuerdo de Ipizca” existió y, hasta esta altura, se torna irrebatible. Así como los legisladores peronistas, ante la ausencia deliberada de la oposición, aprovecharon el quórum y como contaban con los dos tercios de los presentes, aprobaron tres iniciativas para transformar el funcionamiento del Poder Judicial, también pudieron haber aprobado el juicio político contra los dos ministros de la Corte. Tenían todo para hacerlo y lo dejaron pasar, lo que significa que preservaron a las figuras que Castillo –y el diario El Ancasti, en la persona de Silvestre Zitelli- pretenden que sigan en la Corte. ¿Por qué habrá sido que este “avasallador” peronismo seleccionó únicamente tres proyectos y terminó cuidándole el cuero a dos magistrados, uno de los cuales se cansó de agredir y hasta de burlarse de los legisladores? Se trata, sin dudas, de una nueva cuenta del largo collar de arreglos políticos que se suceden en Catamarca. En poco tiempo más tendremos la confirmación definitiva de lo que estamos afirmando. Y aclaramos, por último, que el “Acuerdo de Ipizca” tuvo otros curiosos participantes.

Otra perlita del reportaje del lunes por Valle Viejo. Consultado por la posibilidad de seguir vegetando en el Congreso (proyectos para Catamarca no tiene ninguno en más de 30 años), Oscar de ninguna manera se excluyó. Habló cosas poco entendibles como que a él lo eligen, no que se propone. De dar un paso al costado ni una palabra. Es más. Señaló que en 2015 ya se quería retirar, pero tuvo que aceptar la candidatura por seis años más. ¡Pobre hombre! Las cosas que lo obligan a hacer a los 66 años de vida, dato biográfico que aportó en el mismo interviú.

El doctor Cáceres, flagrante violador de la Constitución, tiene su diario de cabecera: El Ancasti. Allí escribe todo y jamás de los jamases recibe una crítica, como ocurría en los años 90 cuando se denunciaron en el mismo diario hecho aberrantes que, 20 años más tarde, cobraron actualidad. A eso se refirió el exdiputado provincial Pablo Sánchez al hablar, en términos críticos, del longevo ministro de la Corte. “Con total hipocresía, este ilegal conductor de hecho de la Justicia de Catamarca, habla de retroceso institucional. La verdad hay que tener cara de piedra para hacerlo cuando él, precisamente, no tuvo empacho en pisotear la Constitución a la que juró respetar”, indicó. Y tuvo un agregado para los últimos acontecimientos: “Ahora resulta que una decisión por mayoría absoluta, con la sola intención de mejorar los mecanismos de selección de jueces, le parece a este personaje, ferviente militante radical, un retroceso. A lo mejor va a extrañar su poder de elegir jueces de cada una de las familias cercanas y con la boina puesta. ¡Pobre Poder Judicial! Lejos de tener Justicia, con honrosas excepciones, el pueblo se siente huérfano de ella. Si por lo menos tuvieran la dignidad, tanto Cáceres como Sesto de Leiva y él deberían pedir perdón a los catamarqueños y renunciar inmediatamente”. La voz de Sánchez, guste o disguste, es casi un grito ciudadano. Mantener jueces irregulares será consolidar un Poder Judicial sospechado de partidismo. Los legisladores de todos los bandos, especialmente los peronistas, tienen la palabra.

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