Este extraño 2020 signado por la pandemia, sumó a su singular colección de rarezas una prohibición que, en condiciones normales, no hubiera sido contemplada ni por el más imaginativo novelista. En un año con escuelas vacías, sin fútbol, sin Procesión, sin Poncho, sin peñas ni música, sin festejos de cumpleaños ni viajes de egresados, sin abrazos ni saludos estrechando manos, se agrega un detalle más: la desaparición del mate de todas las oficinas públicas. La restricción comenzó por los trabajadores del ministerio de Salud, y pronto se extendió a todas las oficinas de la Administración Pública Provincial; naturalmente, como medida preventiva para minimizar las posibilidades de contagio del coronavirus. En realidad, el mate en sí mismo no es transmisor de nada, y cualquier persona puede tomar la infusión sola sin exponer su salud, pero el riesgo aparece cuando se lo comparte, y compartir el mate es para la mayoría de los argentinos tan natural como compartir una charla. Oficialmente se procuró no recurrir a la palabra “prohibición”, y se informó elegantemente que el mate quedaba “suspendido”, lo cual no cambia mucho a los efectos prácticos: no se puede tomar mate.

Así están las cosas. La pesadilla continúa y ahora avanza sobre una de las tradiciones más arraigadas, que sin duda se sentirá entre quienes disfrutan de la ceremonia de poner la pava, preparar el agua, cargar el termo y contar con esa compañía, criolla por excelencia, en las jornadas laborales. No queda otro camino que acatar la norma y respetarla, ya que un inofensivo mate puede representar un peligro si se lo comparte con una persona contagiada, y aunque parezca que el compañero de oficina está muy bien de salud, no podemos saberlo. Como suelen pasar hasta dos semanas para la detección de los primeros síntomas, los efectos negativos de la práctica ya pueden adivinarse. En este momento de esfuerzos y sacrificios, la opción debe ser dejar el mate de lado, o tomarlo en casa, y en todo caso añadir las mateadas en el trabajo a la larga lista de cosas que deseamos recuperar, y se postergan para cuando esta insoportable pandemia termine. Hoy, mantenernos sanos es más importante y, en lo posible, que en Catamarca no haya más casos o brotes de peligro.

El miércoles no hubo sesión de la Cámara de Diputados. Esta vez fracasó el quórum por el retiro de los peronistas que, al parecer, no estaban dispuestos a escuchar las voces quejumbrosas de sus pares radicales. Éstos, como es público y notorio en el círculo rojo de la política, siete días antes, venían de hacer “la del tero”. “Cantar” por un lado para despistar al enemigo, a sabiendas que el nido está en otra parte. Traducido: arguyeron que no se podía sesionar por el distanciamiento social y, claramente, eran conscientes que el peronismo iba a avanzar con reformas estructurales sobre la Justicia que fueron anunciadas con anticipación por el ministro Jorge Moreno y el diputado Augusto Barros, cada uno por su lado. Sin embargo, antes que se decretara el levantamiento de la sesión, el diputado Víctor “El Gato” Luna tuvo tiempo para pedir, una vez más (…y van!), que se trataran los despachos de mayoría y minoría del pedido de juicio político a los ministros de la Corte, José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva. La jugada ya no tiene sorpresa. Es lo que buscan el castillismo y el diario El Ancasti con su prédica, esto es, preservar a los cortesanos más antiguos a cambio de cualquier cosa, inclusive del aumento de los miembros de la Corte. De esto, y no de otra cosa, se trató el “Acuerdo de Ipizca” que refrendaron el senador Castillo y el gobernador Jalil junto a sus respectivos colaboradores y la curiosa presencia de un conocido editor periodístico.

Al menos por un buen rato, la llave para destrabar las puertas del juicio político va de mano en mano. El peronismo, por ahora, maneja los tiempos para su tratamiento. El radicalismo, por su lado, la cantidad de legisladores para evitar que el oficialismo alcance los dos tercios -27 manos levantadas-, por lo que alternativamente el nombrado Luna, Lobo Vergara o Monti se turnan en pedir que se vote de inmediato. ¿Tan importante es Cáceres para que el dilema se mantenga en el tapete desde hace dos años? Claramente sí. El hombre, identificado sin cortapisas con el radicalismo –fue puntero de don Arnoldo desde los tiempos de la dictadura y supo enarbolar una candidatura a senador por Valle Viejo antes de volver a los Tribunales-, fue quien manejó la Justicia de Catamarca por casi tres décadas y participó de al menos 150 nombramientos entre jueces, fiscales y funcionarios. Por ello, aun sabiendo que tanto él como Sesto “están más sucios que un tubérculo”, el peronismo los quiere afuera de la cancha. Por contrario imperio, en la intimidad, representantes de Juntos por el Cambio aceptan por lo bajo que su presencia conspira contra las chances electorales, pero destacan su influencia en los territorios judiciales. Entre ambas posiciones, ahora apareció el compromiso del gobierno con el senador Castillo, quien colaboró para cambiar la Corte y derogar el Consejo de la Magistratura. El final, lejos de la gente, está abierto y su tratamiento interesa sobremanera en el firmamento político de Catamarca.

Antes de Ipizca, cabe destacarlo, la voz de Raúl Jalil retumbó con fuerza cuando dijo “la Constitución es clarísima, los jueces a los 65 años se tienen que jubilar”. Eso es, en esencia, el pedido de juicio político que presentó en agosto de 2018 el abogado peronista Eduardo Andrada. Cáceres tiene nada menos que 78 años y Sesto 77, pero no quieren saber nada de retirarse, como lo ordena el artículo 168 de la Constitución que impide el nombramiento de jubilados. De última, si permanecieran en los cargos, se impondría que por lo menos tengan un nuevo acuerdo de la Cámara de Senadores, tal como ocurre en el ámbito nacional. Allí los jueces cuentan con un límite: 75 años. Se tienen que ir “si o si”, tal como lo hará a partir del próximo miércoles –el día de su cumpleaños- Rodolfo Canicoba Corral, el famoso juez de la AMIA que está llegando al punto terminal que establece la ley.

No le va mal al gobernador Jalil con la toma de decisiones, muchas de las cuales pueden responder a consejos o intuiciones propias. Veamos un hilo de los aciertos. Fue el primero en el mundo –así lo destacan medios internacionales como El País de España o The Guardian del Reino Unido- que dispuso por decreto la obligatoriedad de usar barbijo, incluso en momentos que muchos cuestionaban la efectividad del adminículo para cubrirse de las microgotas humanas. Hoy en la Argentina y en los países más desarrollados, prácticamente nadie se mueve con el rostro descubierto. Pasando a la política, al no vetar el proyecto de derogación del Consejo de la Magistratura, se está adelantando a lo que parece venir en el país. Son muchos los juristas que consideran que el organismo no sirve a los fines de la transparencia judicial y el propio titular del Consejo de la Magistratura nacional, Alberto Lugones, acaba de señalar flagrantes violaciones en la designación de jueces en los diferentes períodos de gobierno. Más claro: el cuerpo colegiado que, en Santa Fe, creó la reforma de 1994 no tiene buena prensa, ni goza de un presente saludable. Mientras Jalil sonríe, sería mucho preguntarle por los sorteos de la quiniela, pero por allí se anima a dar un pronóstico.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque insertamos los acontecimientos ocurridos hace un cuarto de siglo.
La verdad que el castillismo nunca se llevó demasiado bien con el peronismo, a pesar que siempre logró convenios por debajo de la mesa como este reciente, el “Acuerdo de Ipizca”. De julio de 1995 se recuerda el pleito con el exjuez federal Felipe Terán, quien había logrado el cargo a instancias del saadismo, algo similar a lo que ocurrió con el fiscal federal, Santos Reynoso, acusado recientemente de pedir coimas. El exgobernador Arnoldo Castillo, por ejemplo, en aquel tiempo, opinaba que a Terán había que sacarlo del cargo “a las patadas”. Lo trataba de esa manera por haber dispuesto un simple cambio de autoridades de mesa en las elecciones de mayo de aquel año. La cosa no terminó ahí. Siguió con un pedido de juicio político al Congreso de la Nación que, por supuesto, terminó en la nada misma. Fue un simulacro como tantas veces ocurrió en la política y lo acabamos de comprobar.

El Esquiú.com