El proyecto de Reforma Constitucional revitalizado por Raúl Jalil, seis años después de que lo impulsara sin suerte Lucía Corpacci, comienza a tomar forma con el aval de diferentes sectores políticos, que dieron el visto bueno, por lo pronto, para iniciar conversaciones y definir coincidencias que puedan ser contempladas como punto de partida para la discusión de la iniciativa. Si bien este tramo del camino ya se transitó en diversas ocasiones, con declamados apoyos incluidos, nunca se logró concretar el cambio en la Carta Magna provincial, porque la oposición declinó sistemáticamente a la hora de abordar el proyecto reformista en el ámbito en el cual debe hacerse, esto es, la Legislatura. Ahora el panorama es diferente, porque el oficialismo -aunque no tenga los dos tercios en la cámara de Diputados- cuenta con peso propio en el recinto, tal como ya lo demostró dando rápido tratamiento y salida a varios cambios impulsados por el Ejecutivo. En el caso de la Constitución, naturalmente, el debate será más arduo, porque el desafío pasa por modernizar la letra de una norma basal que ya superó los treinta años de vigencia, y aunque cronológicamente no sea tanto tiempo, la realidad marca que fue debatida y escrita en un mundo que poca relación guarda con el actual. 

Precisamente la idea original de Corpacci pasaba por adecuar la Constitución a las transformaciones sociales, institucionales, económicas, laborales, científicas, tecnológicas y jurídicas; y a la vez definir un proyecto de Provincia hacia el cual avanzar. El fin de los privilegios políticos, como la inmunidad, la reelección indefinida, la extensión de los períodos legislativos, eran algunos de los cambios más visibles, pero el proyecto también apuntaba a desarticular la burocracia estatal, a implementar una carrera administrativa de idoneidad, mérito, profesionalización y concursos hasta el nivel de dirección; la creación de figuras como el Defensor del Pueblo de la Provincia, la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Provincia, con atribuciones de control interno, y la Auditoría General de la Provincia a fines del control externo; el Observatorio de los Derechos Humanos, la ampliación de los derechos electorales nacionales al segmento etario comprendido entre los 16 y 17 años; la certeza electoral; la obligatoriedad en la educación desde el nivel inicial y hasta completar el ciclo secundario y otros puntos vitales. En este momento debe observarse que el tono que adquirió lo que podría definirse como la previa del debate parece llevar la impronta dialoguista del actual intendente capitalino, Gustavo Saadi, quien dejó ese sello cuando -como ministro de Gobierno y Justicia- presidió el Consejo Consultivo para la Reforma más de un lustro atrás. Saadi abrió las puertas de aquel debate para enriquecer el proyecto, y lo hizo convocando a todos los sectores políticos y a todos los estamentos sociales, incluyendo colegios profesionales, entidades vecinales, deportivas, instituciones intermedias. Las discusiones, enriquecedoras, se trasladaron a distintos puntos del interior, lo cual permitió pulir las ideas iniciales y darle forma a un proyecto mucho más abarcativo e integrador, que lamentablemente no prosperó, más por cuestiones políticas que ideológicas.

El año en que se esperaba tratar la reforma era 2015, pero se objetó que las elecciones de ese momento desvirtuarían la naturaleza de cualquier análisis. Al cabo resultó un argumento vacío, una burda excusa, como que siguieron luego alternativamente años electorales y no electorales, y la reforma quedó en la nada. Cuando ahora se habla de postular un núcleo de coincidencias sobre el cual comenzar a cimentar el nuevo proyecto, todos los actores políticos y sociales parecen bien predispuestos al diálogo, y esa postura es la que indudablemente se identifica con la clave propuesta en su momento por Saadi para desandar este laberinto. También ayuda en este momento el puente de plata que se construyó entre el gobernador Jalil y el jefe de la oposición, Oscar Castillo, quien aportó efectivamente para que se derogara el Consejo de la Magistratura y se elevara el número de miembros de la Corte.

Alcanzó con que se confirmara un próximo llamado a Asamblea para que se generara una verdadera revolución interna en el Club Sportivo Villa Cubas, donde antes de que se conociera la fecha de renovación de autoridades, ya se habían identificado tres facciones dispuestas a competir por la conducción del club. “Unidos por Villa Cubas”, liderada por Javier Galán; “Por siempre León”, que promueve a Paulo Galíndez, y el sector que impulsa a Hugo Navarro ya están en carrera detrás de la presidencia del club albirrojo. Es un nivel de participación significativo si se considera que la masa societaria villacubana efectiva ronda los 400 o 500 votantes, y ello anticipa una elección reñida, que es seguida de cerca por actores que están más allá del ambiente deportivo. Villa Cubas es uno de los clubes más populares de la provincia, por lejos el de mayor convocatoria, y deberá enfrentar una etapa de total reestructuración, para recuperar el liderazgo que supo mostrar en diversas disciplinas y también en el aspecto social, donde tuvo históricamente una altísima influencia. El proceso electoral está ya encaminado, y se dispuso como plazo para la presentación de listas que participarán de la Asamblea el jueves 6 de agosto del corriente año (fecha límite). Después, el día 15 de agosto culminará el plazo para la presentación actualizada de socios. Tras el llamado, perduran algunas dudas sobre la posibilidad de que la emergencia sanitaria influya en el cronograma previsto, y ya se baraja algún eventual pedido de prórroga. Políticamente, no se descartan necesarios diálogos para la conformación de alguna alianza, pero no hay mucho interés en ceder espacios para sellar un entendimiento, casi imprescindible para la reactivación. El discurso general hasta aquí es que no se conoce la real situación del club, y que habrá una ardua tarea para devolver al León a sus años de esplendor.

Flojo el papel que se reservó Rubén Manzi luego de la escandalosa reaparición pública del senador Oscar Castillo, quien hizo el ridículo admitiendo una reunión con el Gobernador en su propia residencia, pero esbozó que no sabía para qué se había reunido con el mandatario. Esta fragilidad argumental del exgobernador, impropia de alguien que vive de la política hace décadas, sumó otro eslabón en las filas opositoras con la cándida actuación del seguidor de Lilita Carrió. Manzi, quien deambula entre la comodidad vestida de moderación y su alineamiento automático detrás de Castillo en cada elección, había ensayado una candidatura a la gobernación allá por 2018, que se fue diluyendo por ingrávida hasta hacerlo recalar en una banca en el Congreso como representante de la minoría. El médico, estancado entre la falta de votos propios y la inconsistencia de la oposición que integra a nivel provincial, limitó su acción política a la distribución regular de comunicados (no proyectos de envergadura o acciones a favor de Catamarca), con los cuales satisface su aspiración de presencia mediática, pero con un nivel de intrascendencia alarmante. De sus pronunciamientos luego del Acuerdo de Ipizca, lo que quedó claro es que no tiene real conocimiento de lo que se trató en la reunión. Ese nivel de desinformación resulta inadmisible para un político que es representante provincial en el Congreso de la Nación, y que ni siquiera está al tanto de las cartas que puso sobre la mesa el sector que representa. Sus declaraciones, con miradas de inconstitucionalidad y pedido de veto incluido, lo desnudaron dramáticamente, al punto de que hubiera hecho un papel más decoroso si omitía opinar de aquello que evidentemente no conocía o no quería conocer. Poco y nada queda de aquel impulsor del PUC (Partido de Unidad Catamarqueña) que se lanzaba a la política proponiéndose como alternativa de quienes rápidamente terminó abrazando como aliados.

Un colorido cruce protagonizaron en los últimos días el intendente Elpidio Guaraz y el sindicalista Luis Barrionuevo. Todo comenzó con las críticas del gastronómico al presidente Alberto Fernández, que merecieron la ácida reacción de Guaraz, al parecer incondicional militante del sucesor de Macri. Elpidio no anduvo con vueltas y tildó de “mamarracho” a Barrionuevo, declarándolo ipso facto “persona no grata”. La encendida respuesta llegó de la dirigencia de Tercera Posición, o lo que queda de Tercera Posición, que se despachó con loas a Luis Barrionuevo, calificándolo prácticamente como un héroe nacional. Entre los desmedidos elogios, llegaron a señalar a Luis como un baluarte del retorno del peronismo al poder en Catamarca, aunque en rigor de verdad el gremialista fue un ácido opositor a Lucía Corpacci cuando la médica estaba en campaña y aun durante los primeros años de su gestión. Una pelea a puro petardo verbal que sonó algo desconectada de la realidad de los catamarqueños y sus preocupaciones más urgentes.

El Esquiú.com