Fue, por más de una semana, la noticia saliente en materia judicial y política. Dos camaristas –Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales- aparecieron en un video cobrando una supuesta coima a cambio de un fallo que dictarían en beneficio de un justiciable. El escándalo llegó a todos los rincones de la sociedad por una viralización que marcó récord de lecturas y audiencias. Por una denuncia ante la Corte, frente al hecho, todo se encaminaba al Jury de Enjuiciamiento. Los dos jueces pidieron licencia y dijeron que se ponían a disposición de la Justicia, lo que ciertamente no es ningún mérito. Tenían la obligación de hacerlo. Y cuando la polvareda parece disiparse, nos encontramos ante una situación altamente peligrosa para la ya deteriorada credibilidad de la Justicia catamarqueña. Desde el máximo tribunal no se tomaron medidas o, cuando menos, no fueron dadas a conocer. No se comunicó cómo funciona la Cámara de Apelaciones donde Edgardo “Cococho” Álvarez fue el único camarista que resultó indemne. Tampoco se sabe de actuaciones administrativas, ni cuál fue el estudio que actuó como sujeto activo de la supuesta coima. La desinformación, por estas razones, hace crecer la especulación que hay maniobras para que el tiempo vaya tapando las cosas y, como ocurre generalmente, la impunidad termine sentando sus reales. Sin embargo, aunque las defensas hayan presentado pericias de una posible edición del video, las escenas fueron tan fuertes que abundan los comentarios. Como los que expresaron por radio abogadas como la doctora Llopis, una exfiscal que dijo “a la entrega de la plata se la vio”. Ello da una pauta que el futuro para los camaristas no será un lecho de rosas.

Al debate de un lustro atrás, sobre la reforma de la Constitución, se sumaron ahora opiniones diversas que confirman que el tema ha entrado en discusión y su tratamiento por parte del Poder Legislativo no puede esperar. Como lo dijo la titular del Colegio de Abogados, Fernanda Rosales, “no es entendible el argumento de que si es o no el momento oportuno”. Esa fue la chicana permanente que introdujo la oposición y que separaba la necesidad de la reforma entre años electorales y no electorales. Volverla a menear sería contraproducente y hasta produciría fisuras en los bloques, donde varios integrantes han expresado su convencimiento de que no quedan márgenes para especulaciones de esa naturaleza. La Constitución de 1988 está totalmente desactualizada y debe ser revisada. Aparte, convengamos que una verdadera transformación del Estado como la que persigue el gobierno y también pretendían sus antecesores –peronistas o radicales- tiene que ver con la llamada “ley de leyes”. Al debate señalado se ha sumado el senador Oscar Castillo, quien afirmó que muy pocos podrían objetar cuestiones fundamentales y, como su colega Dalmacio Mera, indicó simplemente que hay que cerrar el acuerdo sobre un núcleo de coincidencias básicas. En ese sentido, la comisión que trabajó hace cinco años con consultas a las instituciones ya había separado las temáticas indiscutibles de las que podría discutir la convención constituyente. En síntesis, todos los caminos conducen a un entendimiento. A no ser que se interponga algunos de esos caprichos que repudia la sociedad.

Lo nuevo, y posiblemente materia de debate de los 57 constituyentes que asuman después de una elección, sería acordar sobre las cuestiones de género, la relación de la Iglesia con los gobiernos o las miradas sobre la implementación del aborto legal que, como se ha anunciado, también será abordado por el parlamento nacional. La última cuestión que ha saltado al debate la propuso la diputada y presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero. Tiene que ver con la idea mantener el sistema bicameral, algo que el gobernador no compartiría y tampoco se acomoda al gusto del paladar castillista. Cecilia entiende que la versión unicameral limita garantías y que, en términos reales y de comparación con otras provincias, no permite ahorrar dineros públicos. En base a la experiencia democrática de Catamarca, nos permitimos discrepar con la eficiente legisladora en relación al gasto. Independiente de lo que ocurra en otras latitudes, sino existen locuras políticas, una sola cámara necesariamente tiene que gastar menos que dos. Y, por otro lado, las condiciones de funcionamiento deberían ser consensuadas por los constituyentes. Más claro: no sería saludable que esta discusión integre las coincidencias básicas.

Mientras el radicalismo de Catamarca sigue a la deriva y mantiene autoridades con mandato vencido, encabezadas por el andalgalense diputado Alejandro Páez, todo parece girar alrededor de la figura del virtual conductor, el senador nacional Oscar Castillo. Actor principalísimo del “Acuerdo de Ipizca” (reunión con el gobernador Raúl Jalil que no termina de ser explicada), por el cual se derogó el Consejo de la Magistratura y se aumentó el número de miembros de la Corte de Justicia, es mirado por varios sectores internos como el responsable de haber entregado a la UCR a cambio de cuestiones que emergerían en el futuro, como ser la ayuda para retener la banca en el Congreso o lograr alguna canonjía que le permite seguir gozando de las mieles de la política. A tal punto llega la cosa que ya hubo pronunciamientos críticos, como el de Vanguardia –lo conducen los dirigentes Miguel Vázquez Sastre y Javier Silva- y también pintadas que aluden a un soborno por dinero cantante y sonante. El domingo, la sede que Castillo tiene en la calle Almagro fue pintada con la frase “$80 millones”, que habla “per se” de un eventual cobro por dejarle el arco libre al peronismo. Al parecer, lo que parece una insignificancia, habría impactado fuerte porque inmediatamente aparecieron los “voluntarios” para borrar lo que algunos, falsamente, quieren presentar como una ignominia.

En ese marco, claramente, hay que anotar al diario El Ancasti, cómplice directo de cualquier maniobra que lleve adelante el senador radical. Si vendía pasajes para engrosar sus arcas, nunca dijo nada. Si jamás presentó un proyecto favorable a Catamarca menos. Si su preocupación legislativa se redujo a defender a los hipódromos porteños en plena pandemia nadie se enteró por ese medio. Si hay pintadas que tienen que ver con la actualidad, cero información. Ahora, con el “Acuerdo de Ipizca”, del que participó nada menos que un alto directivo periodístico, se lo quiere presentar a Castillo como líder de la oposición y como víctima de una rápida movida del peronismo en la Legislatura, cuando desde las sombras y por vía telefónica se manejaron las cosas para que los polémicos proyectos terminaran aprobados. A pesar de semejante blindaje, la potencia electoral de Castillo –responsable de presentar la oferta electoral- sigue en baja y con ella lleva irremediablemente al precipicio a la UCR, la que viene de perder en casi todos los departamentos de la provincia por cifras de catástrofe que, en 36 años, nunca se habían dado.

La idea de los principales dirigentes peronistas es mantener la unidad que, de movida, ya le otorgó tres gobernaciones. Ese clima se notó en el aniversario de la muerte de Eva Perón, cuyo acto central se llevó a cabo en la plazoleta de la avenida Italia que homenajea la memoria de quien fuera llamada “la abanderada de los humildes”. Lucía Corpacci fue la principal oradora y, por las persecuciones y los sentimientos de odio que relata la historia, comparó a Eva con Cristina Kirchner, de quien destacó su valor para aguantar espionajes, allanamientos, inhibiciones, ataque a sus hijos y causas que, a pesar del paso de los años, no pudieron ser probadas. También tuvo amargos recuerdos para la gestión de Macri, a quien se volvió a referir durante la respuesta que dio al diputado Laspina en la sesión virtual de la víspera. “Laspina se horroriza porque fueron 100.000 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires donde se está muriendo la gente, pero del Plan Belgrano no llegó ni una obra. En mi provincia tuvimos que subsidiar el transporte porque el gobierno nacional lo quitó y la energía subió el 1800% y el gas 3.000%”, señaló.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque insertamos los acontecimientos ocurridos hace un cuarto de siglo.

A propósito de la derogación reciente del Consejo de la Magistratura y de las acusaciones que, lanzadas por la oposición, se trató de un arrebato institucional por parte del peronismo, hay innumerables casos de excesos cometidos por esta oposición cuando era gobierno. Vamos a rescatar uno del 24 de mayo de 1995. Ese día se debía elegir en la Cámara de Diputados el representante de la minoría al Jury de Enjuiciamiento, el organismo constitucional que coloca a los jueces y fiscales que cometieron excesos o prevaricato en el banquillo de los acusados. La mayoría de la UCR, en la ocasión, nominó por la oposición al exdiputado Alejandro Galíndez que, si bien era del Partido Socialista, integraba la alianza Frente Cívico y Social. Una verdadera vergüenza. En aquel momento, prácticamente, obligó a la bancada peronista a retirarse del recinto. Néstor Retamozo y Pedro Casas, que no habían sido electos por el FCS, sino por el Partido de Unidad Catamarqueña (PUC), siguieron el mismo camino y dispararon sus cañones por lo que fue un brutal arrebato. Para peor, Galíndez, que había sido electo por la alianza Frente Cívico, expresó sentirse oposición. ¡Un escándalo!

El Esquiú.com