Que la Justicia argentina está en el centro de la tormenta ya dejó de ser noticia. El conocimiento de sus vaivenes y desvaríos ha llegado hasta el ciudadano común que, atónito, observa los “tejes y manejes” de un poder que tiene como alta misión equilibrar el Estado y, por contrario imperio, está llevando al país a estadios de corrupción que debieran ser combatidos.

Cada día, indefectiblemente, la noticia pasa por la actuación de jueces y fiscales que, impulsados por poderes económicos generalmente ocultos, definen cuestiones políticas que la propia política no puede resolver por posiciones extremas que, con perfiles bélicos, han creado un clima enrarecido. Le llaman grieta.

No hay decisión del gobierno federal que pueda consensuarse con la oposición, la que no ceja en sus empeños de judicializar hasta las cuestiones más elementales. La lectura inmediata es que se está ejerciendo una especie de venganza por las críticas que en los últimos cuatro recibió el macrismo que, a los tumbos, transita hoy por las veredas de la oposición.

Así las cosas no hay país que aguante. Y es la Justicia la que, a más de no poner límites, digamos que contribuye a atizar pasiones desenfrenadas. Cómo será la cosa que, se sabe, hay jueces o fiscales que de antemano se conoce cómo fallarán. De la misma forma se escala hacia la cima judicial, donde tampoco existen garantías.

Si a la falta de Justicia le agregamos la corrupción, tenemos el cuadro completo de un país decadente en todo sentido.

Corrupción estructural

Nuestra provincia no es una isla en el contexto descripto. Pobre, dependiente, atrasada y, como dice el tango, “problemática y febril”, sigue el statu quo de la Nación. Es decir, brilla por la ausencia de Justicia y por la corrupción, una mezcla repulsiva que los catamarqueños apreciamos bien de cerca y que está enraizada en el alma ciudadana.

Estas afirmaciones, en el caso de El Esquiú, parecen un estribillo que no desaparece con el paso de los años. Desde nuestro nacimiento, allá por agosto de 2010, centramos nuestra atención en el Poder Judicial y nos preguntamos una y otra vez sobre su nefasta influencia sobre la sociedad.

Pusimos sobre la mesa los colores políticos de una Justicia que no debe tener colores. Aludimos a la ilegitimidad de dos miembros de la Corte de Justicia, amenazados hoy de quedar sometidos a juicio político. Denunciamos todos y cada uno de los excesos, en tanto otras usinas mediáticas tapaban las cosas y cuando destapaban algo lo hacían con odiosas generalizaciones o alentando causas políticas que, como no podía de ser de otra manera, terminaron en la nada misma.

Hoy podríamos agregar, al rigor de las cuarentenas, de las carencias funcionales de los tribunales, lo que interpela a quienes manejaron la Justicia y lejos de imponer condiciones que contribuyan a la agilización de los procesos los han llevado a niveles de morosidad nunca vistos. Si repetimos que hay causas, generalmente políticas, que superan irresueltas los quince años de antigüedad, señalamos apenas la punta del iceberg.

El problema, posiblemente, tenga que ver con el destino final de esas causas u otras medianamente ruidosas. Si existen personas pudientes, en la mayoría de los casos empresarios o políticos, es harto probable que reciban buenas noticias de la Justicia. Si los que reclaman son pobres y encima no tienen lobby, parecen condenados al desencanto. De hecho, las penas más severas son para ellos y, en alto porcentaje, se trata de ladrones del bajo fondo o violadores de toda laya. De eso se nutren los medios de prensa (nobleza obliga: nos incluimos) para sus grandes titulares. Los arreglos políticos, o no aparecen, o son acomodados a gusto y piacere.

Los hechos de corrupción en la Justicia, que no son pocos y no tienen que ver sólo con los últimos acontecimientos, respalden las prédicas y advertencias de El Esquiú. No nos pone contento. Representan un triste y lamentable triunfo periodístico.

Tierra de coimeros

En los últimos meses, como colofón de la decadencia, han ocurrido algunos acontecimientos que despertaron interés público, pero en realidad estaban encapsulados desde años o, para no ser descubiertos, se hacían con cuidados especiales. Hablamos del cobro de coimas por fallos judiciales. Más de un magistrado honesto, a ciencia cierta, sabe que hay colegas deshonestos y cualquier empleado de los tribunales desliza comentarios que no nacen solamente de ocurrencias. Hay voces que se escuchan detrás de las paredes, movimientos que despiertan sospechas, hechos que las confirman y consecuencias que nadie asume. Y ahora apareció un video.

Por lo pronto han subido a la consideración pública los nombres de supuestos coimeros. En ninguno de estos casos hay ausencia de pruebas, si es que son tal cosa, pero los indicios están y han salido a la luz las andanzas que pudieron llevar a cabo el fiscal federal Santos Reynoso y los camaristas Juan Pablo Morales y Raúl Da Pra.

El primero está acusado por más de dos personas de tramitar la libertad de detenidos por narcotráfico. Nada más y nada menos. Hasta ahora lo salvó una declaración de alguien que, supuestamente, habló en nombre de él para pedir las coimas. Su ajenidad con casos demasiado turbios la proclamó el juez federal, pero deberá ser confirmada por un tribunal de Alzada que podría valorar los hechos de manera diferente. Elementos le estarían sobrando para hacerlo.

Morales y Da Pra, como se sabe, aparecieron en el video que marcó un verdadero récord de difusión en las redes sociales y los grupos de whatsapp percibiendo la supuesta “cometa”. Esa viralización no es flor del aire. Es casi como un fallo adelantado.
Defínase como se defina la situación de los tres supuestos coimeros, el problema de fondo es que no serían los únicos que llevan a cabo este tipo de prácticas. Habría varios más –sus nombres son escuchados o sugeridos en los mentideros judiciales y de la política- que maniobran en las oscuridades y posiblemente hayan sido más precavidos a la hora de ejecutar los deleznables delitos de medrar con el valor justicia.

Santos Reynoso en el ámbito federal. Morales y Da Pra (el Consejo de la Magistratura podría iniciarle el jury para lo cual ayer les corrió vista) en el provincial. Sus casos aportan descrédito y golpean a la Justicia que se formó en 1991 y venía a soterrar las miserias del pasado. Pero todavía hay más. Por una tercera banda que se discute en la Legislatura provincial queda el juicio político contra los ministros de la Corte, Cáceres y Sesto de Leiva, los cuales son largamente ilegítimos porque no cumplieron con la Constitución por la que oportunamente juraron. Que hayan fabricado entre ellos mismos un fallo de inconstitucionalidad del artículo 195 que pergeñó el Procurador de la Corte, Enrique Lilljedhal (hasta hoy nos preguntamos por qué no figura entre los apuntados si cometió los mismos deslices que sus compañeros de andanzas y trapisondas), no debería dejarlos indemnes en un Estado de Derecho que funcione en serio.

Final para esta nueva editorial sobre la Justicia de Catamarca. El Esquiú no celebra desgracias ajenas, sí que se conozca a un poder del Estado que ha entrado en franco descrédito y afecta hasta los mecanismos olfativos. Siguiendo al doctor Furque, otro lancero de la cruzada en defensa de la República, “algo olía y sigue oliendo mal en la Justicia”. Feo. Casi repugnante.

El Esquiú