La aparición de los primeros casos de coronavirus y la caída de un invicto que enorgullecía a los catamarqueños tuvo alto impacto, lo que se dejó traslucir en calles semivacías, cierre de los negocios no esenciales y actividades recreativas nulas durante el fin de semana. Sin embargo, la vida sigue y la pandemia no va a tapar hechos de resonancia pública como los que tienen que ver con la Justicia, sobre la que convergen hoy todas las miradas. La aparición del video que muestra a dos camaristas –Raúl Da Pra y Juan Pablo Morales- pidiendo coimas seguirá en el tapete y arrastrará a todo el Poder Judicial hacia el descrédito generalizado, que ya existía de antes y ahora se ha agudizado. De esta forma, el Consejo de la Magistratura ha valorado el acto corrupto que habrían cometido los jueces de la Cámara de Apelaciones y declaró la admisibilidad de un jury de enjuiciamiento, para lo cual otorgó diez días a fin que los afectados ejerzan su defensa. Esa será la noticia saliente de los próximos tiempos, cuando Da Pra y Morales acepten disputar su permanencia frente a un Tribunal de Jury o, lo que no está descartado, prolonguen sus licencias mediante una renuncia a los cargos.

La posibilidad de renunciar y evitar el escarnio público fue ventilada por varios medios. Tiene que ver con los antecedentes que existen en Catamarca. Quienes en años anteriores llegaron a la instancia de Jury, salvo en el caso del exfiscal Roberto Mazzucco, optaron por la renuncia, lo que en el fondo significa la aceptación de las acusaciones que pesaban sobre sus personas. En el caso de Da Pra se daría una situación muy particular. Hace tres semanas había ganado las elecciones para ser el representante de los magistrados ante el Consejo de la Magistratura, cargo que con renuncia o sin renuncia como camarista no llegaría a asumir. Es que dejaría de ser juez o si mantiene en su puesto llegaría totalmente desacreditado a un lugar donde se analiza, paradójicamente, la conducta de los magistrados. La hipótesis abre las puertas a quien fue el contrincante de Da Pra en aquella elección (la perdió por escasa diferencia), el actual camarista penal y exjuez de Belén, Carlos Rodolfo Moreno, un magistrado de intachable conducta en casi tres décadas de actuación pública.

La conducta de los jueces y el pedido de juicio político contra dos miembros de la Corte de Justicia se añaden al descrédito del sector, blanco de críticas generalizadas que van más allá de los hechos puntuales y nada tienen que ver con los otros poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. Estos sobrellevan sus propios problemas, pero no tienen la culpa que jueces y fiscales, aparte de cobrar un sueldo superior, pretendan tarifar las sentencias. El problema es mucho más profundo porque la Justicia de Catamarca es selectiva: funciona por lobbys y son pocos los jueces que mantienen el decoro, pero se ven embarrados en la consideración general por los que eligen obrar sin imparcialidad y responden a factores externos, sean éstos políticos o empresariales. Cualquier encuesta sobre estos temas, entre los abogados que hablan ‘off the record’, daría resultados asombrosos. Nada favorables hacia la señora de los ojos vendados, claro está.

Fuertes quejas se dispararon entre los docentes, quienes quedaron relegados en el calendario de pago de sueldos correspondientes al mes de junio, para los días 14 y 15 de este mes. ATECA, SUTECA, SIDCA, SADOP y UDA unieron sus voces para formalizar el unánime descontento de los sindicatos del sector, y reclamar al gobernador que se les adelante el pago con el día 10 de julio como fecha límite. Se trata de una reacción comprensible, ya que las economías hogareñas se resienten si el ingreso mensual demora más allá de lo previsto, pero debe considerarse también que es una medida excepcional, en el marco de un panorama igualmente fuera de lo común. Desde el inicio de la emergencia sanitaria, los pagos se realizan de manera escalonada por una cuestión lógica, que pasa por evitar la aglomeración de personas en bancos y cajeros automáticos. Esta clase de medidas siempre encuentran alguna resistencia, como también se protestó cuando se impuso el uso obligatorio de barbijos, pero a la luz de los resultados debe admitirse que son decisiones que funcionaron muy bien: no por casualidad, Catamarca fue la última provincia del país sin casos positivos de COVID-19 en más de 100 días de iniciada la cuarentena.

Del mismo modo debe reconocerse que el Gobierno, a diferencia de otros distritos, cumplió siempre con el pago total de sueldos, sin descuentos a pesar de la crisis, y al margen de que muchos trabajadores lleven meses sin asistir a sus lugares de empleo. No hubo recortes de ninguna clase, y los empleados públicos aparecen como protegidos en medio de una crisis que está golpeando mucho más fuerte a los privados. Contemplando además que hace pocos días se efectivizó la primera cuota del sueldo anual complementario, este retraso, aunque incómodo, no parece justificar una respuesta tan encendida. Se habla hasta de banderazos y manifestaciones, cuando en realidad es un hecho aislado. Hace muchos años que todos los empleados públicos cobran puntualmente antes de cada día 10 y el sueldo completo, a diferencia de las épocas en que se desdoblaba el pago con sueldo, bonos y canasta. El malestar se entiende, pero quizás son momentos en que todas las partes tienen que aportar un poco de razonabilidad.

Vamos ahora a la política. La eventual candidatura de Oscar Castillo a una cuarta reelección como senador nacional (contando las de diputado provincial, diputado nacional o gobernador superaría a todos los políticos de Catamarca), cuando llegue el momento, va a provocar un estrépito ciudadano. Si la actual oposición, para frenar la re-re de Lucía Corpacci –también lo hicieron sectores peronistas- aludió a la necesidad de no pasar de los dos mandatos, qué podrá decir si la principal figura del radicalismo se presenta, conforme a cómo se haga la cuenta, por un octavo o décimo mandato. Por eso el exdiputado Carlos Molina, jefe natural del PRO en Catamarca (es el único que integra la Mesa Nacional), puso el dedo en la llaga todavía sangrante del radicalismo y Juntos por el Cambio. Concretamente, en respuesta al diputado Lobo Vergara, avisó que no apoyará un cuarto mandado del senador nacional y, por cuerda aparte, indirectamente, lo acusó de mantener contubernios con Fernando Capdevila, al que como “experto” en temas previsionales (recordemos que fue nombrado por Macri como tiular del ANSES sin que hasta el día de hoy se conozca qué sabía de tan delicada materia) le aconsejó que le prepare la jubilación y de paso arreglen el pasaporte de afiliados radicales al PRO para que puedan votar en la interna del próximo año. Grave, gravísimo, tratándose de defensores de la República. Queda claro que Molina va de frente, dice lo que siente y no apela a bajezas para mantenerse en el firmamento político.

Nuestro adelanto exclusivo de hace 20 días –después fue tomado por otros medios- de que Catamarca dejaría de percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) por estar en una fase tranquila y largamente flexible del coronavirus se mantiene, pero a partir de la detección de los primeros casos podría haber novedades. Si las autoridades y la ciudadanía consiguen obturar el avance de eventuales contagios, las condiciones económicas y la relación con la Nación habrán de mantenerse, pero el gobernador Jalil podría pedir ayuda adicional si hay un agravamiento de la situación. Se trata de una verdadera ironía. Catamarca, en tal caso, podría solicitar más IFE o ATP, o sea más plata, si es que aumentan los casos y decide mantenerse en fase 1, o sea la cuarentena más rigurosa.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, el final de los “Apuntes” incluye la recordación de hechos pasados.
A la par de elogiar la autocrítica castrense, en los primeros meses de 1995, el expresidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, no descartaba estudiar la derogación de la ley de Obediencia Debida, la que se había dictado en el gobierno de Alfonsín y eximía de responsabilidades a los cuadros menores de las fuerzas armadas que habían participado de la represión ilegal y el terrorismo de Estado. La avanzada no era un simple amague: al poco tiempo surgió esa ley que, ocho años más tarde, iba a voltear otro expresidente: Néstor Kirchner.

Antes que comenzara la explotación de Bajo la Alumbrera, varias empresas internacionales negociaban las acciones. La Musto fue la dueña inicial del proyecto, pero ya en abril de 1995 vendía una parte de esas acciones a Place Doime y surgían dos nuevas empresas asociadas que subieron su oferta inicial. Se trataba de Río Algom Utd (Canadá) y North Ltd (Australia), las que se comprometían a invertir cerca de 400 millones de dólares.

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