Apuntes del Secretario

miércoles, 12 de agosto de 2020 01:45
miércoles, 12 de agosto de 2020 01:45

Juntos por el Cambio de Catamarca, a través del diputado Luis Lobo Vergara (UCR), judicializó algunas temáticas que tuvieron curso en la Legislatura provincial. Una de ellas fue el pedido de inconstitucionalidad para la derogación de un artículo de la ley electoral que aludía a la representación de las minorías en los cuerpos colegiados del interior. Otra, la modificación del reglamento interno de la cámara de Diputados. Antes que explicar los propósitos políticos que se persiguen con estas presentaciones, es bueno reiterar que en el caso de las minorías en los concejos deliberantes, desde hace 37 años, existía una colisión entre la ley electoral y la Constitución vigente hasta nuestros días. La primera, efectivamente, refería los derechos que asistían a quienes alcanzaran el 2% de los votos, en tanto la Constitución, con la consabida supremacía legal que irradia, indica que los cargos de concejales o diputados provinciales deben distribuirse por aplicación del sistema D’Hont, el que también se utiliza en el resto del país para los cuerpos colegiados. Eso es lo que se puso “blanco sobre gris” en la Legislatura provincial. El peronismo, con quórum legal, votó que vale la letra constitucional. Juntos por el Cambio, que fue a la Justicia, increíblemente se quedó afuera del recinto sin entrar a fijar una postura que, en democracia, es lo que corresponde. De esa posición a decir que cayeron en una trampa es ingenuidad mayúscula. ¿Quién la puede creer? Solamente un fanático castillista como Lobo Vergara.

El dilema legal sobre las minorías, cabe destacarlo, se circunscribía a los municipios que elegían solamente dos concejales. El peronismo logró en 2019 cifras abrumadoras en varios de ellos y, por ese motivo, se llevó el 100% de los cargos. Veamos algunos ejemplos. En Aconquija ganó 1.689 a 292; en El Alto 1.056 a 328 y en la villa de Pomán 2.020 a 528. No solo duplicó al principal antagonista, sino hasta llegó a triplicarlo. Lo mismo ocurría durante las dos décadas (1991-2011) que gobernó el Frente Cívico. En varios distritos lograba distancias que impedían la asunción del postulante peronista. Y solamente una vez, en 2015, se aplicó el artículo de la ley electoral ahora derogado. Fue cuando le tocó presidir el tribunal electoral al doctor José Ricardo Cáceres, un radical “paladar negro” que logró imponer su propio criterio. Esa es la jurisprudencia con la que llegó Lobo Vergara a reclamar bancas que ya están jugadas y tomaron los candidatos peronistas. Lo que pueda resolverse, además, será abstracto porque ningún concejo deliberante fue notificado, en el acto de proclamación de los electos, que existía alguna observación sobre los títulos de los ediles que asumieron.

Más allá de la incongruencia de judicializar algo que tuvo rápida definición por la ausencia de quienes ahora reclaman, queda expuesta una clara intencionalidad política. No se lucha por tres o cuatro bancas de concejal. Se está enviando, como cortina de humo, un mensaje hacia dentro del radicalismo con la pretensión de que nadie sospeche que existió un contubernio con el gobierno para dar luz verde a iniciativas mucho más trascendentes, como derogar la ley que creó el Consejo de la Magistratura o determinar el aumento a siete miembros de la Corte de Justicia. Precisamente estos dos mazazos legales no fueron considerados por Lobo Vergara y el estado mayor del castillismo que vela sus armas para enfrentar la renovación de autoridades partidarias, la que viene con demoras que, de hecho, por tener sus mandatos vencidos, han convertido a las autoridades elegidas el 2 de junio de 2018 en ilegítimas.

En relación con la situación interna de la UCR, algunos medios se obstinan en proclamar a Oscar Castillo como su mandamás y, en esa dirección, aparte de tapar componendas evidentes, lo reivindican a cada rato como un conductor que no sería tal en el pensamiento de los afiliados. Así podemos leer frases como esta: “El senador nacional Oscar Castillo, que controla la UCR, principal partido de oposición y la mayoría parlamentaria calificada necesaria para declarar la necesidad de la reforma, cuestionó más que nada los modales adoptados por el gobierno”. No sabemos, sinceramente, cuál será ese control si más de media UCR discrepa con su accionar y hasta habla de lo que llama el “neo-ramonismo”, para recordar a un exgobernador que “manejaba” el PJ pero, irremediablemente, lo llevaba a decenas y decenas de derrotas electorales. Eso está ocurriendo con el supuesto conductor que, al menos en términos de votos, ni siquiera se asoma a lo que era aquel mandatario caído en desgracia. Es más. Dentro de la UCR, la energía electoral de carácter residual está indudablemente en otro lado. 

Si no surge imprevisto alguno, hoy tomaría estado parlamentario un nuevo pedido de juicio político contra los jueces José “Pepe” Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, a los que se sumará un tercer integrante de la Corte de Justicia: Raúl Cippitelli. La presentación, llevada adelante por el exdiputado nacional José Alberto Furque, solicita la formación del juicio político en causales de incapacidad moral, incumplimiento de los deberes de funcionario público inherentes a las altas funciones y la comisión de delitos en el cumplimiento de esos deberes. En un escrito de más de 40 páginas, que deberá ser analizado por la comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara baja, Furque expresa adhesión total y absoluta a un pedido similar contra Cáceres y Sesto de Leiva que presentara en agosto de 2018 el abogado peronista Eduardo Andrada y que, entre otros cargos, refirió acciones corporativas orientadas a beneficiarse mutuamente entre las más altas autoridades del Poder Judicial, al punto que Cáceres y Sesto de Leiva, de hecho, se convirtieron en jueces vitalicios al violar los artículos 168 y 195 de la Constitución Provincial de 1988, a la cual juraron respetar y no lo hicieron. En relación a estas “linduras”, el abogado radical señala anomalías graves como que la Procuradora subrogante de un tribunal que se conformó irregularmente, Margarita Niéderle de Monti, está casada con el propietario del inmueble de Maipú al 200 donde funcionan los juzgados laborales.

Como lo puntualizamos anteriormente, en esta nueva presentación contra los jueces de la Corte, se agrega al doctor Raúl Cippitelli. Se trata de un caso totalmente distinto al de sus colegas ministros. Furque lo quiere en el banquillo de los acusados por la toma de decisiones que configurarían prevaricato e incumplimiento de deberes funcionales. Nada tiene que ver con la eventualidad de haber violado las normas que transgredieron Cáceres y Sesto. Por empezar todavía no se jubiló (tal condición, según el artículo 168, le impide seguir como juez) y estaría cumpliendo los 65 años (límite para mantenerse en el cargo que determina el 195) en este 2020, por lo que a nadie debería extrañar que prontamente pueda acogerse a los beneficios jubilatorios.

Volviendo a la presentación de Furque, hay que decir que incluye peticiones especiales para la comisión de Asuntos Constitucionales. Por ejemplo, solicita el secuestro de los expedientes judiciales y legajos de Cáceres, Sesto y Cippitelli a través de una delegación de diputados que deberá constituirse en la Corte y, para el caso de oposición, allanar sus dependencias. Teniendo en cuanta los antecedentes nacionales, Furque entiende que “se puede solicitar la suspensión con carácter preventivo de los denunciados por la situación escandalosa y lesiva del orden público que significa que sigan en funciones y percibiendo remuneraciones como jueces. En cuanto a las remuneraciones pide se requiera el monto de los haberes de Cáceres y Sesto de Leiva y los nombres de  quienes firmaron el contrato del inmueble de calle Maipú  224 donde, lo reiteramos, funcionan los Juzgados del Trabajo. Asimismo, se remitan los acuerdos firmados por los tres acusados en el nombramiento de empleados y/o funcionarios, con referencia especial para aquellos de apellido Isí, Acuña Isí o Acuña. ¡Teléfono para Cáceres!

Un importante logro periodístico concretó El Esquiú, al obtener una entrevista exclusiva con Paul Graves, CEO de la internacional Livent, empresa de capitales extranjeros que es pionera en la extracción de litio en el país. Graves, recientemente entrevistado por la revista Forbes, concedió un reportaje al Contexto Minero, única publicación catamarqueña dedicada íntegramente a la minería, que parece mensualmente como un suplemento de este diario. En la edición de mañana, Graves analiza en profundidad el fenómeno del litio, la situación de la empresa con el Gobierno catamarqueño y los pueblos vecinos al yacimiento, el impacto de la producción, la posibilidad de darle al litio un valor agregado en origen, y todos los aspectos que hacen al boom del mineral más requerido en el mundo. Livent trabaja desde hace varias décadas en la zona de El Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra, un sitio cuyas impresionantes reservas lo ubican junto a los salares de Uyuni en Bolivia y Atacama en Chile, como aristas del denominado Triángulo del Litio, el sector que reúne el 85 por ciento de todo el material existente en el planeta. Un artículo de interés para quienes siguen las alternativas de la actividad minera, los ambientalistas, economistas y estudiantes de carreras vinculadas con el rubro.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque rememoramos acontecimientos del pasado cercano.
El 31 de mayo de 1995 asumía como directora de Medicina Preventiva la doctora Beatriz Fedelli, quien tuvo una larga y proficua trayectoria en la función pública. Reemplazaba en el cargo al doctor Guillermo Ramón Barrionuevo, quien se había acogido a los beneficios de la jubilación. Fedelli venía de cumplir tareas de jefa de la Terapia Intensiva del Hospital de Niños. Participaban de la ceremonia el exministro Daniel Plaza y los exsubsecretarios Víctor Castillo y José María Ahumada.

El Esquiú.com

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Comentarios

12/8/2020 | 14:53
#149006
Si hay elecciones cada dos años, en los veinte años el PJ con Ramón Conducción perdió 10 elecciones y...¡no alcanza a una decena! Tiene razón el compañero Murúa... Y para completar la estadística, el FCyS y su heredero el ARI-UCR perdió 5 elecciones seguidas. Les quedan cinco más para poder reflotar CATAMARCA.
12/8/2020 | 08:27
#149005
Los radicales en un 80 por ciento son impresentables que desvalijaron la provincia por 20 años comandados por ex colaboradores del proceso militar pero la verdad que las editoriales de este diario que denostan y desmerecen a grandes dirigentes peronistas y solo se dedican a alabar a lucia corpacci, que parece que poco mas invento la polvora!. Siempre tirando tierra al peronismo peronismo, ¨decenas y decenas¨ por favor que poco objetivo

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