Próximo a cumplir una década, el Estadio Bicentenario inició una nueva etapa en su triste historia, que acumula unos pocos partidos amistosos y algunos cruces de Copa Argentina (pagados por el Estado, no por el público que asistió masivamente) por toda estadística deportiva, y a cambio suma cuatro años inactivo. La mole de cemento que signó el final de la gestión de Eduardo Brizuela del Moral como gobernador comenzó a ser parcialmente demolida, para iniciar un costoso proceso de reparación. Corregir las fallas estructurales de la enorme construcción, cuyos mayores problemas están en la inconsistencia de los suelos sobre los que se asienta, demandará aproximadamente 113 millones de pesos, según estimó el ministro de Infraestructura y Obras Civiles, Eduardo Niederle. Se aclaró además que la empresa Capdevila, que se hizo cargo de la construcción original, aportará unos 44 millones en cuotas repartidas durante once meses, a modo de resarcimiento para la Provincia. El pago no resulta significativo, si se considera que la demanda original del Estado contra Capdevila ascendía a 257 millones, aunque las cifras finales seguramente queden sujetas a la resolución del proceso judicial iniciado y todavía inconcluso. Una inversión muy importante que a decir verdad duele, conociendo la crisis que atraviesa la provincia y las necesidades que enfrentan miles de catamarqueños.

Esa suma de errores que es el Estadio continuará ocupando titulares durante un largo tiempo, y a esta altura de los acontecimientos ya resulta imposible determinar a ciencia cierta cuál es el monto total que Catamarca destinó a la obra. Sí se puede asegurar, con nulo margen de error, que en la ecuación costo-beneficio, fue la peor de la historia. Es respetable la decisión del gobernador Raúl Jalil -siguiendo el sentimiento popular- de recuperar esa infraestructura, ya que tampoco tiene sentido rendir culto a una suerte de ruinas modernas, pero ello no cambia el desatino de haberse embarcado en un proyecto cuestionado hasta el hartazgo desde su misma parición.

Del arreglo, que será protocolizado en la Justicia, surgen conclusiones a tener en cuenta. La primera de ellas es que hay aceptación plena de que la obra, por la que se cobraron cifras impresionantes surgidas de las utilidades mineras, se hizo mal. Si hay que demoler tribunas y reparar estructuras fundamentales de una construcción, no hay mucho que explicar o agregar. Los sueños de tener el estadio que atesoraba el exgobernador, al final, se convirtieron en una pesadilla por la irresponsabilidad manifiesta y probada de la empresa Capdevila. Eso por un lado. La segunda conclusión se desprende de la primera. Si las fallas están aceptadas por las partes, el arreglo económico resulta leonino a favor de quienes incumplieron y estafaron al pueblo catamarqueño. Pagar 44 millones, con el valor deprimente de la moneda argentina y, en medio de un proceso de inflación que se perfila galopante, hacerlo en cuotas es poco menos que una burla. “Peor es nada”, dirán los eternos conformistas, mezcla de rufianes y cómplices de lo que fue claramente una estafa. Para Jalil queda la responsabilidad histórica de haber tomado una medida que la Justicia, ¡cuando no!, pensaba adormecer hasta el fin de los tiempos. No es la primera vez que lo hace este Poder Judicial siempre dispuesto a ayudar a los poderosos como Capdevila que, a su vez, recibió el espaldarazo de los popes de la política.

El gremialista Walter Arévalo, del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), redobló la apuesta y, luego de prestar declaración en sede judicial, imputado por el delito de coartar la libertad de tránsito en el centro capitalino, sacó pecho y aseguró que no se atrevieron a detenerlo porque los fiscales son “unos cagones”. Lo cierto es que Arévalo necesita agitar las repercusiones y pone todo su esfuerzo en el escándalo y el caos, porque sus representados le dieron claramente la espalda. El paro que sostiene no encontró adhesión entre los trabajadores, que cumplen con sus tareas en porcentajes que la propia Municipalidad ubica por encima del 90 por ciento. Con un dígito de apoyo, el titular del SOEM no desmintió el bajo acatamiento, sino que consideró que “no importa la adhesión” y lo importante es mantener la lucha. Se vale para ello del apoyo de agrupaciones políticas como la “Martín Fierro”, que suplantan a los empleados en las manifestaciones y lo hacen con sus propias banderas políticas, en una extensa protesta que ya no se parece en nada a un reclamo laboral. Nadie sabe hacia dónde apunta Arévalo, pero su provocación a los fiscales se asemeja a un ruego para que lo detengan, algo que al menos le permitiría victimizarse y darle una salida elegante a una serie de huelgas sin sentido.

Quien indirectamente reclamó que se ordene la situación fue el intendente capitalino Gustavo Saadi, al recordar que su responsabilidad se limita a garantizar la prestación de servicios a los vecinos, pero no tiene facultades para actuar cuando se comete un delito. El jefe comunal señaló que desde el municipio se hicieron las denuncias correspondientes por los últimos actos vandálicos (destrozos en vehículos recolectores de residuos, agresión a trabajadores, interrupción del tránsito vehicular), pero puntualizó que allí se termina el margen de acción de una municipalidad, en clara alusión a la labor que corresponde a la Justicia. Saadi también marcó límites al sostener que siempre está dispuesto al diálogo, pero no “a la imposición y la extorsión”, y fue claro al aclarar que los métodos que viene utilizando el SOEM no tendrán cabida durante su gestión. En ese sentido cuestionó que el eje de los reclamos sindicales es por los precarizados, que no están representados por el gremio, y comparó la situación con las protestas que llevó adelante Arévalo por la relación con OSEP, un tema alejado de la competencia municipal. Por ello insistió en que siempre estará dispuesto a dialogar “pero de temas que correspondan y no de lo que se le ocurra” a Walter Arévalo.

Cada vez es mayor la incertidumbre en torno a lo que ocurrirá con el año lectivo, ya que el calendario avanza y no se sabe qué sucederá. Cuando en condiciones normales se hubiera comenzado a transitar el tramo final de las clases, los alumnos de todos los niveles siguen sin asistir a las aulas. Todo el esfuerzo que se puso en la enseñanza no presencial resultó cuanto menos insuficiente, y ahora crece el dilema de qué hacer al momento de las evaluaciones. Se manejan varias posibilidades, entre las cuales no se descartó en ámbitos docentes la posibilidad de que los alumnos pasen de año con un mínimo sondeo de sus conocimientos, ya que de todas las opciones que surgen parece ser la menos dañina y la que permitiría avanzar en 2021 de manera menos traumática, si es que se regulariza la asistencia. 

Sin embargo, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, sugirió una salida totalmente diferente, y deslizó que las vacaciones de verano se respetarán y que este año no habrá promociones para nadie. Algo así como anular el año o una repitencia masiva, aunque no sería repitencia porque en realidad nadie cursó. El problema con esa decisión es que implicaría, en los hechos, que todos los alumnos de nivel inicial, primario y secundario perderían el año. Y más aun, sería difícil imaginar los ingresos del año próximo, en que podría haber el doble de alumnos de los primeros grados y primeros años, al margen de que no habría tampoco, por falta de egresados 2020, nuevos alumnos en las universidades. Se trata de una cuestión muy compleja y difícil de resolver, donde además se advierte que no será nada sencillo congeniar posturas. Hallar un camino que resulte satisfactorio a todos parece una misión imposible, porque hay una realidad palpable, y es que los objetivos de aprendizaje no pudieron alcanzarse. ¿Qué hacer entonces? Lo único concreto es que no está decidido. Aunque se retornara a las aulas, algo que de manera fragmentada y con asistencia opcional y voluntaria ensayó San Juan, ya no hay tiempo para transitar los programas previstos.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque rememoramos acontecimientos del pasado cercano.
El 2 de junio de 1995, con la presencia del expresidente Carlos Saúl Menem y del exgobernador de Catamarca, Arnoldo Castillo, después de 17 años, se rehabilitaba el carril ferroviario Serrezuela (Córdoba) - La Rioja, de 388 kilómetros de recorrido. “Es un acontecimiento de enorme importancia”, señalaba don Arnoldo, a quien le hicieron creer que en los meses siguientes se iba a reinaugurar el tramo Cebollar (La Rioja) - Andalgalá que, como se sabe, fue promesa incumplida para el desarrollo del proyecto Bajo La Alumbrera. También se hablaba hace más de 25 años que, con estas medidas, se iba a favorecer a las economías regionales. ¡Todas mentiras! Como se sabe, al final todo quedó en la nada y el gobierno nacional, con la aquiescencia de la provincia, manejó la organización minera en torno al rico yacimiento a su gusto y conveniencia. Otro de los presentes en aquella ceremonia para engañar a los crédulos de un buen arreglo fue el catamarqueño Edmundo Soria, que revistaba como secretario de Transporte del equipo de Cavallo y acababa de ser electo diputado nacional por el peronismo.

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