En la edición del pasado jueves, publicamos una nota del doctor Luis René Herrero, profesor consulto de la UBA y opinión de predicamento nacional e internacional en materia laboral, foro donde oficia como juez. Herrero, por las dudas alguien lo ignore, es un catamarqueño –ejerció la magistratura en los años 80- de pura cepa nacido en Santa María, donde residen muchos de sus familiares. De la nota rescatamos una frase que sintetiza el funcionamiento, o el mal funcionamiento, de la Justicia. Vale para Catamarca en tiempos que se ha derogado el Consejo de la Magistratura. La leamos: “la clase política de esa época (cuando nació el Consejo de la Magistratura nacional por la reforma constitucional de 1994) decidió dinamitar la división de poderes e inmiscuirse de lleno en la vida interna de la Justicia –inédito en el país y en el mundo-; se hizo cargo de la selección de los jueces, de la administración de los recursos de la Justicia, de la potestad disciplinaria sobre ellos y de su eventual destitución”. Cualquier parecido con la participación política sobre la Justicia de Catamarca, entonces, no es casualidad. 
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Aquí hubo (1991) una intervención federal al Poder Judicial por vicios indisimulables. Lo que siguió después fue igual o peor (1991-2011). Y el Consejo de la Magistratura que se acaba de derogar, independiente de que no figura en la Constitución, era un ente copado por la política. ¿Qué se podía esperar de el a favor de la independencia judicial? El problema es que la toma de la Justicia por parte del poder político parece tener continuidad. Que, de acuerdo a versiones, se piense como ministros de la Corte a un Fiscal de Estado, un jefe de Seguridad o la esposa de un intendente ultraoficialista no es carta de presentación seria. Estarían por cometer los errores que tanto criticaron al Frente Cívico y repetirían acciones de los años 80, cuando la Justicia se convirtió en “Talón de Aquiles” del peronismo. No queremos ser premonitorios. Simplemente observamos la realidad.
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