La situación de la UCR, institucionalmente, sigue siendo grave e inestable. Por más que algunos medios se obstinen en proclamar como conductor a Oscar Castillo, la verdad objetiva es que el “principal partido de oposición” tiene autoridades con mandato vencido. Con un agravante. Ya venían siendo cuestionadas, pues nacieron de una tramoya gigante que operó el castillismo en el año 2018 para evitar que los afiliados se pronunciaran. Como se recordará, debía votarse el 2 de junio de 2018. Competían las listas encabezadas por Alejandro Páez y Horacio Pernasetti, pero la primera de ellas, de neto corte castillista, impugnó a la antagonista y una junta electoral impregnada de partidismo la dejó afuera y quedó expedito el camino para que Páez, un dirigente sin carisma ni predicamento que contribuyó a la caída de la UCR en 2011 (representó a Proyecto Sur que, a nivel nacional, encabezaba Pino Solanas), se apoderara simbólicamente del comité provincial. Por supuesto, su mandato fue un híbrido que le costó demasiado caro a radicales de todo pelaje. Perdieron las elecciones provinciales por más de 70.000 votos, resignaron la Capital en el 90% de los circuitos e hicieron caer intendencias clave que estaban en su poder, como son los casos de Valle Viejo, Paclín, Recreo y Tapso. Ni hablar de la Legislatura. Fueron vapuleados en todos los distritos donde se elegían senadores y la representación en Diputados bajó considerablemente. Si este es el balance del binomio Alejandro Páez-Oscar Castillo, no queremos ni pensar lo que podría pasar con la otrora poderosa UCR en el futuro.

La idea de la conducción con casi tres meses de mandatos vencidos, sin embargo, sería continuar hasta 2021 y poder capturar las candidaturas que se jueguen hasta entonces, las que incluirían hasta convencionales para reformar la Constitución. Para ello ya disponen de un plan. Proponer al marginado de 2018, Horacio Pernasetti, como nuevo presidente e incorporar en la conducción a figuras jóvenes como Mariano Manzi (exdelegado del ministerio de Trabajo de la Nación), hijo del diputado nacional Rubén Manzi, quien se incorporaría a la UCR dejando de lado la ficticia representación de la Coalición Cívica, un sello de goma que no aporta afiliados ni votos y que en Catamarca es como la nada misma. Todo el armado, como se podrán imaginar los afiliados, es pura estrategia castillista para seguir tallando y, perversamente, repartiendo el naipe de las candidaturas. Las principales para ellos y las de valor reducido, una concejalía o una diputación en medio de una lista sábana por ejemplo, para alguno que quiera rebelarse. El operativo, aunque oficialmente no se conozca, ya está en marcha y tanto Pernasetti como Manzi han encabezado reuniones de organización en los últimos tiempos. Obviamente, guardaron prudente silencio de los arreglos alcanzados por el senador Castillo con el gobierno para pulverizar el Consejo de la Magistratura y darle al peronismo más poder en la Corte de Justicia. Lo de las presentaciones pidiendo inconstitucionalidad son simples cortinas de humo para disimular los detalles de la entrega.

Aunque sin firmeza ni convencimiento, sin embargo, algunos sectores internos amenazan con dar pelea y consideran que el distanciamiento social no debería ser óbice para convocar a la convención, resolver las modificaciones a la carta orgánica castillista y fijar la fecha de elecciones. Uno de ellos fue Vanguardia, el sector que conducen Miguel Vázquez Sastre y Javier Silva, que no se tragaron los desperdicios del almuerzo de Ipizca. También el Frente Amplio de Participación Radical (FAPRA), en un comunicado de días pasados ha pedido por “la salud institucional de nuestro partido” al considerar que existe “frágil legitimidad de la actual conducción”. Hace hincapié en la necesidad de acelerar el proceso de diálogo para reformar la carta orgánica y permitir la participación de todos los afiliados. Añade que el distanciamiento social “no puede resultar impedimento para el normal funcionamiento de las instituciones fundamentales de la democracia y deberán las autoridades partidarias evaluar mecanismo que permitan realizar la convención de acuerdo a un sinnúmero de antecedentes, inclusive de la propia Juventud Radical”. Todos buenos deseos. Lo de hacer participar a “todos los afiliados”, con más de 35 años de experiencia castillista, es una utopía. La única excepción, independiente de la disputa obligatoria de las PASO, aunque parezca mentira, se remonta al 11 de mayo de 1987 cuando Genaro Collantes le ganó la candidatura a gobernador a Arnoldo Castillo. Fuera de ella, por designio “Oscarcista”, no hubo nunca más una interna por cargos electivos. Ahora, en el proceso de degradación, no hay interna ni para establecer la representación partidaria.

Los que siguen de cerca la triste realidad del radicalismo –cada vez se escucha con mayor frecuencia “no hay oposición”- fincan las esperanzas en la figura de Eduardo Brizuela del Moral. Sin dudas, como lo marca cualquier encuesta, es el único que tiene intención de voto y que podría dar el ejemplo apoyando a las generaciones más jóvenes. Pero, de la misma forma, piensan que puede terminar arreglando con Castillo por las candidaturas principales. En el 2015, cabe recordarlo, fue por cuarta vez consecutiva como postulante a gobernador y lo impulsó Oscar Castillo para que asegurara los votos para él, que iba por la reelección de senador. A pesar del impresionante corte de boletas en su contra, el vástago de don Arnoldo consiguió asegurar la banca por la minoría. Ese uno-dos podría repetirse en 2021. Aunque no lo quiera y hasta lo desprecie, Oscar necesita de Eduardo como el agua para los helechos. 

Parcialmente y con mil precauciones, ayer se reanudaron las clases presenciales en Catamarca. Tal como lo explicó el ministro de Educación, Francisco Gordillo, la reapertura de las escuelas comenzó por los establecimientos rurales, con estrictos controles y un acotado núcleo de alumnos; pero no es poca cosa. En concreto, luego de cinco meses de suspensión total de actividades, la provincia se suma a las experiencias que ya tuvieron San Juan y Formosa. Unos 15.000 alumnos podrán volver a las aulas, pero no es obligatorio que lo hagan: pueden asistir si así lo deciden voluntariamente, quienes cursen sexto grado de primaria o sexto año del secundario, además de los asistentes al segundo ciclo de educación para adultos. Lo significativo, más allá de las restricciones, es que volvieron a abrir 567 escuelas, repartidas en 13 de los 16 departamentos catamarqueños. Es importante este nuevo paso, como que Catamarca pasó a ser esta semana la provincia que mayor movilización de estudiantes de todos los niveles autoriza en el país. No en vano se hizo un acto que contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil en la Escuela 288 “Juan Domingo Perón” de Hualfin, en el departamento de Belén, acompañado –tecnología de por medio- por el ministro nacional de Educación, Nicolás Trotta. Es de esperar que esta experiencia piloto ofrezca buenos resultados y permita comenzar a diagramar la normalización de uno de los sectores más castigado por el contexto sanitario.

La Corte de Justicia tendrá en poco tiempo más una nueva composición. No solo porque sus miembros serán 7 en lugar de 5, sino porque toda su “guardia vieja” se ve en retirada. Analicemos. Raúl Cipitelli, más allá del juicio político que le iniciara el doctor José Alberto Furque, está en condiciones de jubilarse y, por ley, debe hacerlo este mismo año. Cáceres y Sesto de Leiva, que está probado violaron la Constitución provincial, tienen que irse –por las buenas o por las malas- porque ya carecen de mínima credibilidad para ser jueces. Miguel Figueroa Vicario habría sido tentado a ocupar la Fiscalía de Estado en un enroque con Marcos Denett, que lo reemplazaría en la Corte. Con este panorama, del septeto que establece desde hace tres semanas la ley, solamente estaría asegurada la doctora Vilma Molina, su actual presidenta. A partir de este panorama, como se sabe, han comenzado a surgir nombres. Uno que tendría grandes posibilidades de colocarse la toga es el actual ministro de Seguridad, Hernán Martel, y en menor medida la abogada Fabiana Gómez, esposa del intendente de Fray Mamerto. Ambos tendrían el aval del primer mandatario, que sumaría a Tristán Lobos como reemplazante de Enrique LIlljedahl (otro violador flagrante de la Constitución) en la Procuración. Por ahora son nombres, pero ellos saben que están cerca de acceder al pináculo de la Justicia. Y faltarían más, que nadie lo dude. Cáceres y Sesto, defendidos a brazo partido por el castillismo, no aguantan más y, si se quedan, tendrán más decepciones que satisfacciones.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque rememoramos acontecimientos del pasado cercano.
En junio de 1995, en ámbitos de la Municipalidad de la Capital, se producían varias asunciones. Ricardo Ernesto Riol por Mario Rolando Valverdi lo hacía en Infraestructura Urbana, Horacio Arnoldo Sagardoy por Eduardo Franco en la dirección de Arquitectura y Roberto Emilio Calderón por Máximo Vergara en la Administración del Cementerio. Juraban ante el exintedente y actual diputado nacional, Eduardo Brizuela del Moral.

La elección del 14 de mayo de 1995 que, limpiamente, ganó el Frente Cívico y permitió la reelección de Arnoldo Castillo, tuvo un hecho curioso. Por largo tiempo no se pudo consagrar al senador del departamento Ambato. Según la Junta Electoral, el radical Daniel Walther había ganado por apenas un voto, pero el peronismo, a través de sus apoderados, Jorge María Ponferrada y Oscar Romero, apeló el conteo y prolongó por varios meses el suspenso sobre el resultado final.

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