Este secretario adelantó el 27 de junio de 2019 que iba a haber problemas con la precandidatura a la reelección de Enrique del Carmen Aybar en el municipio de Puerta de Corral Quemado. Es que el hombre estaba acusado de haber abusado sexualmente de una menor de 15 años y existían fuertes indicios de que terminaría condenado, como finalmente ocurrió. En tal caso, decíamos que debería abandonar el cargo de intendente. Después de las PASO (11 de agosto de 2019), insistimos con el tema repitiendo el conflicto que se venía, pero Juntos por el Cambio –o sea la UCR y sus aliados- hizo oídos sordos a las advertencias porque lo único que le interesaba, en ese momento, eran los votos y no la salud mental de una menor o los tormentos de su familia. En Puerta de Corral Quemado se jugaban unos 1.300 votos y Aybar era favorito para quedarse con la mayoría y retener la intendencia. Integrando la fórmula con Carlos Casimiro (intendente suplente) logró 772 adhesiones contra 398 del binomio peronista Luis Delgado-José Ríos. Triunfo pírrico porque acaba de ser condenado a seis años de prisión efectiva y, a pesar que se pasee por los bares capitalinos, los tendrá que cumplir si o si. El escándalo legal que anunciamos hace 14 meses, como era de esperar, ya es realidad en el municipio belicho.

Detrás del caso asoma como una analogía lo que ocurrió después del 2015 en Ancasti, cuando murió el exintendente Antonio Córdoba y hubo que convocar a nuevas elecciones. Aunque allí existe Concejo Deliberante, lo lógico sería que en la jurisdicción belicha, porque Aybar lleva solamente ocho meses de su segundo mandato, se haga lo mismo. O, en el peor de los casos, que asuma el suplente: Carlos Casimiro. Lo que parece una desmesura es el pedido de intervención del diputado Lavatelli, lo que a los viejos peronistas les trae muy malos recuerdos. Cuando se dispuso la intervención de Belén, en la década del 80, siguió un caos contra los propios interventores. Si esto es inoportuno, la opinión del diputado radical Genaro Contreras es deplorable. Dice este hombre, natural de Belén, “es una arista más que se suma a ese historial desestabilizador que tiene el peronismo”, aclarando asimismo que Aybar no es afiliado de la UCR. Qué importa que no sea afiliado si su partido lo aceptó como candidato contra todas las opiniones en contra. ¿Peronismo desestabilizador? Ignora este hombre que fue la UCR, orgánicamente, quien pidió la intervención de la provincia en 1991. Conclusión: muchos de estos diputados, a favor de sus partidos, deberían guardar silencio y ponerse a estudiar.

La fugaz ilusión de que la clase política argentina relegara sus apetitos sectoriales en pos del bien común, quedó rápidamente sepultada. Aquel primer impacto de las conferencias de prensa conjuntas entre Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, puestos a enfrentar las cámaras con un objetivo común, sin banderías políticas, tuvo la misma vigencia que la sorpresa por las medidas para enfrentar al coronavirus. Junto con la llegada de las teorías conspirativas, los movimientos anticuarentena y el cansancio propio de meses de aislamiento; sucedió lo que la lógica criolla marcaba como previsible, y la marcha desarrollada el lunes en las principales ciudades del país, no hizo más que ratificar: la dicotomía irreconciliable volvió a emerger, y cada quien volvió a su trinchera dispuesto a usar las armas que estén a su alcance.

No se trata de cuestionar o condenar la diferencia ideológica, sino sus modos y formas. El trasfondo es delicado, incluso pasando por alto las sistemáticas violaciones a los mandatos difundidos por los expertos en salud, a saber, evitar reuniones masivas, cuidar la distancia, procurar frenar la propagación del virus. Más grave que todo eso, es el hecho de que la pandemia fue reducida a un trofeo de guerra. En esta Argentina que todo lo desnaturaliza, una enfermedad sin vacuna ni cura se transformó también en tierra fértil para vomitar viejos odios. Esa es la actitud que no puede avalarse, la politización de un problema de salud pública, reconvertido en herramienta para atacar a un gobierno electo democráticamente hace apenas ocho meses.

Con el clásico apoyo de su estructura mediática, la oposición pretende renacer sembrando discordia y malestar sobre el dolor y la crisis. Un mecanismo tan antiguo como deleznable. Porque si el planteo se enfocara realmente en la extensión de la cuarentena y sus efectos, sería más respetable. Pero disfrazar de indignación masiva lo que en realidad es una abierto intento de lo que queda del macrismo por obtener algo de protagonismo, es un insulto a la inteligencia. Lo que se vivió el lunes fue una manifestación política, de un sector que, rechazado en las urnas con matices inéditos, se atribuye exactamente los mismos derechos de representación que la sociedad le retiró ayer nomás en las urnas. Entonces hay que tolerar a la señora Patricia Bullrich convocando y capitalizando los residuos de un virus que ya dejó más de 300.000 enfermos en el país y casi 6.000 víctimas fatales, porque quienes fueron desplazados del poder decidieron construir allí su nueva plataforma. Es una actitud a todas luces miserable, y que para variar no llega acompañada de ninguna propuesta alternativa: es destrucción pura. No se recibió de ese sector ninguna idea para contrarrestar la pandemia que está arrasando con pulmones y recursos laborales con la misma impiedad. No se tendió ninguna mano para colaborar o ayudar. El único interés es promover, fortalecer y potenciar todo rasgo de hartazgo e indignación, a ver qué se puede pescar luego. Al cabo es comprensible que la oposición transite por el único carril libre que encuentra, más allá del triste papel que asume. ¿Qué otra cosa pueden hacer los defensores de un modelo que hundió al país en índices inéditos de pobreza, endeudamiento, recesión y desempleo? ¿De qué más pueden hablar? Consiguieron sus movilizaciones y sus titulares. Módica aspiración, de intrascendente valor para los múltiples problemas que enfrentan los argentinos. En Catamarca, por cierto, la respuesta a la movida “anticuarentena” fue virtualmente nula: ni los más entusiastas seguidores del “sí se puede” se atrevieron a dar la cara por este desatino.

El gobernador Raúl Jalil, de visita en Antofagasta de la Sierra, ratificó su decisión de construir el Dique Paicuqui, a unos 20 kilómetros de la Villa de Antofagasta y con una inversión estimada en 500 millones de pesos. Se trata de una obra de enorme trascendencia, y muy poco frecuente en la provincia a pesar de la enorme necesidad de estas represas. Con sus amplios campos áridos y secos, con enormes extensiones de arenales donde apena se filtra el agua de ríos de montaña, cada dique cambia la vida de muchos habitantes catamarqueños, favoreciendo la distribución de agua, el riego, la ganadería, la producción y hasta ofreciendo, en algunos casos, la posibilidad de generar energía. Considerando la enorme extensión del territorio provincial, no son tantos los diques disponibles. Los más importantes son Las Pirquitas (Fray Mamerto Esquiú), El Jumeal (Capital), El Bolsón (El Alto, con obras complementarias inconclusas), Sumampa (Paclín), Ipizca (Ancasti), La Cañada (Santa Rosa), Coyagasta (también en El Alto) y Motegasta (La Paz). Pero son obras tan poco frecuentes que el último inaugurado fue el de Las Tunas (El Alto), en 2016. Quien lo inauguró fue Lucía Corpacci y para remontarse a la anterior inauguración de un dique hay que viajar en el tiempo más de medio siglo atrás. Enhorabuena que Antofagasta pueda tener su dique, y también sería fantástico que en algún momento se reactive el proyecto del Complejo Hidroeléctrico de Potrero de Clavillo, tantas veces prometido y anunciado y nunca concretado, pese a los insistentes pedidos de catamarqueños y tucumanos.

Los abogados Hernán Martel, actual ministro de Seguridad, y Fabiana Gómez, esposa del intendente de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra, fueron confirmados oficialmente como los elegidos del Poder Ejecutivo para sumarse a la Corte de Justicia, a partir de la resuelta ampliación del cuerpo de cinco a siete miembros. Como era de esperar, las designaciones generaron revuelo, y aun antes de ser oficializadas –ni siquiera se enviaron los pliegos a la Cámara de Senadores- ya apareció una encendida objeción firmada por conocidos colegas de los elegidos. La misiva que se opone a los nombres sugeridos reunió varias firmas, principalmente de letrados de extensa trayectoria vinculados al radicalismo, muchos con antecedentes en altos cargos públicos durante la época del Frente Cívico y Social. De este modo, estamparon su rúbrica Leticia Llopis, Horacio Pernasetti, Javier Silva, Miguel Vázquez Sastre, Luis Horacio Fadel, Ana Soledad Pais de Soria y varios más, con términos muy ásperos sobre las medidas del gobierno. Los firmantes descalificaron a Martel y Gómez, al considerar que sus nombres surgen sin méritos propios, sólo por vínculos políticos, y dieron a entender que no tienen prestigio ni el respeto de sus pares. Una embestida con los tapones de punta, que promete caldeados debates a la hora de avanzar con los pliegos y los pedidos de informe sobre los futuros cortesanos. Ahora bien, más allá de cualquier análisis opositor, no se puede dejar de señalar que el gobierno al nombrar a un ministro y a la esposa de un intendente afín está cometiendo el mismo desatino del Frente Cívico cuando nombró al exministro Cippitelli, al excandidato a senador viejovallense José “Pepe” Cáceres y a Amelia Sesto de Leiva, líder de las Marchas del Silencio y mano derecha de Marta Pelloni, alma mater del Frente Cívico.

El Esquiú.com