El flagelo de las drogas y la situación de las personas con problemas de adicciones, muestra una parábola sorprendente si se evalúan su presencia mediática en Catamarca, y el modo en que se desvaneció entre los temas que ocupan la consideración pública.

Las “drogas”, con esa identificación genérica y simplista con que se suele abordar una cuestión tan compleja, se convirtieron en uno de los ejes excluyentes de la campaña política del año pasado, cuando los candidatos de todas las fuerzas se veían obligados a hacer alguna mención en cada aparición pública.

Acusaciones cruzadas, proyectos superadores, iniciativas para promover programas de asistencia y otros aspectos vinculados con el combate de esa amenaza latente, permanecieron en el centro de la escena hasta el día de la elección, para esfumarse luego, repentinamente, sin mayores explicaciones.

Sobrevivieron en el interés general algunas causas vinculadas con el narcotráfico, de gran impacto mediático, pero despojado de la espectacularidad policial de operativos y detenciones, nunca más se profundizó en el verdadero drama de quienes quedan atrapados en la telaraña de la adicción.

No se difunden estadísticas, no se impulsan campañas preventivas, y en lugar de alentar la creación de nuevos centros y espacios para la atención de la comunidad, los pocos que había cayeron drásticamente en su actividad, cuando no cerraron directamente sus puertas.

Se trata de un tema cuya gravedad requiere atención, porque por mucho silencio que se imponga –de manera intencional o casual- el drama persiste, e ignorándolo sólo se conseguirá expandirlo cada vez más.

Débil respuesta

Catamarca nunca se destacó como una provincia demasiado fuerte a la hora de combatir las adicciones. La sociedad no termina de identificar el problema como propio y los sucesivos gobiernos no lograron jamás tomar el toro por las astas y desarrollar una política efectiva, ni para su prevención ni para la asistencia.

Desde el Humaraya hasta La Sala, los proyectos tendientes a instalar una red oficial de contención, se malograron por falta de presupuesto, por falta de constancia, por falta de personal especializado, o porque siempre apareció una demanda que resultó más urgente a los ojos de los funcionarios de turno.

Las personas dedicadas a trabajar en ese ámbito, son las primeras que ratifican las falencias con el conocimiento de quienes chocan con precariedades día tras día.

Tanto vacío deja el Estado en ese terreno, que las labores más duraderas son las que están encarando organizaciones religiosas, con labores en terreno que muy esporádicamente encuentran algo de respaldo oficial.

Pero la demanda de atención sigue creciendo, los puntos vulnerables se expanden, y el cuadro social emerge como terreno fértil para el consumo de sustancias nocivas, lo que lleva a un panorama preocupante, desde el momento en que se observa una crisis cada vez mayor y una respuesta cada vez menos perceptible.

Aunque la droga es transversal a todas las clases sociales, los sectores menos favorecidos económicamente se ven especialmente expuestos, con círculos sociales sin perspectivas de desarrollo, adolescentes y jóvenes sin horizontes alternativos, y encerrados en frustrantes paisajes cotidianos de los cuales sólo quieren escapar.

Esta realidad puede constatarse con una simple recorrida por las zonas periféricas de la ciudad, donde la venta de marihuana, cocaína, medicamentos no proscriptos por médicos y otras sustancias se comercializan a raudales.

De la mano de ese comercio vil, se multiplica también el delito, y los hechos de violencia extrema, en la vía pública y en ámbitos intrafamiliares.

Cuando ante un panorama tan complejo la única reacción que se esboza es la de la represión policial con delitos ya consumados, la posibilidad de avanzar hacia una paulatina superación del problema es ínfima o nula.

Orfandad de ayuda

Cualquier comprovinciano sabe qué hacer para contactarse con los Bomberos ante un incendio, cómo llamar a un servicio de emergencia médica o a la policía, pero saber a quién recurrir ante un problema de adicciones no es tan sencillo. Debería ser un dato internalizado en cada vecino, pero no lo es. Y encontrar atención puede ser el inicio de un peregrinar inconducente, donde a menores posibilidades económicas, menores son también las posibilidades de encontrar una ayuda efectiva.

Un emblema de ese retroceso y abandono es el Centro Integral Terapéutico “La Sala”, que a cinco años de su inauguración está prácticamente abandonado e inactivo. En lugar de crecer, virtualmente cerró.

Ubicado en Valle Viejo pero originalmente dependiente de la Capital, hoy no desarrolla ninguna tarea, y sus dependencias están semiabandonadas, cubiertas por pastizales.

La Sala se ideó como una casa de resguardo para asistir a personas con problemas de adicciones, asesoramiento familiar, contención grupal e individual y una proyección de recuperación y reinserción social, pero ya no cumple ninguna de esas tareas. No se ven pacientes activos ni ambulatorios, y el lugar, donde voluntariamente llegaron a concurrir decenas de jóvenes, tiene cerradas sus puertas.

Otros centros de asistencia como el Centro Integral de Salud (más conocido como el ex Humaraya), o los puntos de referencia obligada como el Hospital Interzonal “San Juan Bautista” o el Hospital de Niños “Eva Perón”, no tienen capacidad física para desarrollar una tarea integral y sostenida en materia de prevención o tratamiento de adicciones. En el interior, el panorama no es muy diferente, y los déficit surgen en cada departamento.

Momento complejo

Naturalmente, el aislamiento social, preventivo y obligatorio, dificulta cualquier tarea. Es otro de los impactos negativos de la emergencia sanitaria declarada por la llegada del coronavirus. De hecho, al no haber clases presenciales en las escuelas, se perdió un excelente ámbito para brindar información y herramientas útiles a los chicos.

Pero estos contratiempos no detienen la realidad de las adicciones, y así como se encontraron vías alternativas para trabajar en otros sectores, debería idearse una forma de marcar presencia frente a este flagelo. Puede que no arroje los mismos resultados, pero cualquier intento es preferible a la completa inacción.

Hoy la respuesta estatal a este problema es como mínimo insuficiente, y no se advierten intenciones de dotar a los profesionales de mejores herramientas. No se conocen proyectos de nuevas instalaciones, de espacios adecuados, de formación de equipos interdisciplinarios ni mecanismos efectivos para llegar allí donde se necesita.

La costumbre de mirar para otro lado no es recomendable, y puede agravar mucho la situación a corto plazo.

Durante décadas, Catamarca vivió con su gente convencida de que las drogas eran un problema completamente ajeno, que aquí no pasaba nada. Más tarde se aceptó apenas que el territorio provincial podía funcionar como lugar de paso del comercio ilegal, y las tardías respuestas sirvieron para que la presencia, la venta y el consumo se instalaran sin ninguna resistencia.
Hoy no se conocen estadísticas ni seguimientos. Catamarca se comporta como si el problema no existiera, y ese negacionismo crónico parece ser la peor elección posible.

Comenzar a trabajar en el campo de las adicciones, optimizar todo lo que se esté realizando, implementar políticas concretas y activas, es más urgente que cualquier proyecto.

La vida y el futuro de muchos de nuestros jóvenes dependen de ello. Volvamos a hablar del tema, con responsabilidad y seriedad, porque se trata de un asunto que definitivamente nos involucra a todos como sociedad.

El Esquiú.com