Desde la bancada periodística

Nadie resiste un archivo

sábado, 29 de agosto de 2020 01:54
sábado, 29 de agosto de 2020 01:54

En septiembre de 1983, en el epílogo de la dictadura cívico-militar y el amanecer del más largo período democrático de la historia argentina, se vivía un fervor político único. Militantes de todos los partidos, perseguidos, reprimidos y silenciados desde 1976, vivían las alternativas electorales con auténtica euforia, un entusiasmo genuino que se iría debilitando con los años.


En ese marco, en uno de los tantos actos partidarios que se realizaban en el país, el escribano chaqueño Deolindo Felipe Bittel, entonces candidato a vicepresidente de la Nación por el Partido Justicialista, ofrecía un encendido discurso de campaña ante 60.000 personas.


Bittel gritó allí, textualmente: “La alternativa de la hora es liberación o dependencia y el Justicialismo va a optar por la dependencia...”.


Simplemente se equivocó. Fue un lapsus linguae, un acto fallido, un furcio, de los mismos que cometemos todos a diario, por una distracción momentánea, por lo que sea. La psicología tiene amplia bibliografía sobre estos actos, definidos como deslices freudianos, pero hasta entonces nadie les daba mayor importancia.


Esa anécdota, sin embargo, daría lugar a un fenómeno que cambiaría toda la política argentina. Ocurre que, a diferencia de lo que ocurría en tiempos de Yrigoyen o Perón, desde los años ’80 en adelante comenzó a guardarse registro fílmico de todo. Antes el acceso a una cámara filmadora era carísimo y muy limitado, casi restringido a profesionales. Pero luego llegaron los videos con casetes VHS, los sistemas digitales y de un momento a otro todo empezó a quedar grabado. Ni hablar de los tiempos actuales, en que con cualquier teléfono móvil se puede filmar lo que sea y compartirlo con el mundo un segundo después.


Sucedió que el furcio de Bittel llamó la atención de un hombre llamado Miguel Rodríguez Arias, quien hizo algo que nunca se había hecho. Se puso a investigar y recopilar todas las grabaciones de declaraciones de políticos argentinos, en las que cometían errores, o decían algo incongruente, o señalaban vehementemente algo que negaban tiempo más tarde.


Rodríguez Arias dedicó años a su búsqueda y realizó con ese material un documental innovador que tuvo enorme impacto. Lo llamó “Las patas de la mentira”, fue presentado en 1990 y allí mostraba lo que jamás se había mostrado. Grandes figuras de dirigentes contradiciéndose gravemente con asombrosa naturalidad.


Fue tal el éxito del trabajo que luego lanzó dos documentales más con la misma temática: “Protección al mayor” y “Séptimo mandamiento”, películas tan buenas que llegaron a ser consideradas como un nuevo género periodístico.


Con más de 36 mil horas de grabaciones como fuente, esos documentos fílmicos constituyen una suerte de archivo político del país y contienen prácticamente todos los discursos y acontecimientos socio-políticos significativos de los últimos 40 años.


Hace tiempo que los políticos ya no se desvelan por estas cosas. Todos están resignados a entrar en el juego de verse expuestos con contradicciones, porque la dinámica política impide sostener una marcha discursiva inmaculada a largo plazo. De allí viene la famosa frase que advierte: “Nadie resiste un archivo”, en referencia a la posibilidad de refrescar la memoria selectiva de aquellos que asumen conductas que antes condenaban, o condenan hoy lo que mismo que hicieron antes.

Sombras del pasado


Exactamente esa clase de situación es la que se plantea hoy en Catamarca, a partir de la decisión de ampliar el número de integrantes de la Corte de Justicia. Porque el Gobierno peronista propuso para uno de los cargos a Hernán Martel, figura muy cercana y ministro del Gobernador Raúl Jalil; un hecho con similitudes calcadas a la anterior designación de Luis Cippitelli, en su momento figura muy cercana y ministro político del Gobernador Eduardo Brizuela del Moral.


El juego de espejos surge de forma inocultable: el actual oficialismo hace ahora aquello que rechazó como oposición, y la oposición rechaza aquello que antes hizo como oficialismo. Dice un axioma de la física que dos fuerzas iguales en sentido contrario se anulan mutuamente, por lo cual en este caso ninguno tendría demasiada autoridad para quejarse y la puja podría quedar equilibrada. Pero, se sabe, la política poco tiene que ver con las leyes de la física…


María del Rosario Andrada, Leticia Elizabeth Llopis, Horacio Pernasetti, Carlos Roberto Rosales Vera, Gabriela Carrizo Vázquez, Alejandro José Acosta, Alejandra Sandra Bollada, Ana Soledad Pais y Bruno Latrónico, todos abogados, presentaron formalmente una impugnación ante el Senado provincial, contra la postulación de Hernán Martel y Fabiana Gómez como candidatos a integrarse a la Corte de Justicia.


El extenso documento, de casi 15.000 palabras, fundamenta ampliamente la posición contraria a los nombres propuestos por el Ejecutivo, observando antecedentes, capacidades, experiencia y muchos otros elementos que en la valoración de los firmantes explica por qué Martel y Gómez no deberían llegar a la Corte.


Pero entre toda la multitud de argumentos sobresalen claramente algunos párrafos y son los utilizados por el propio Martel en 2008, cuando el ahora ministro se oponía a la postulación de Cippitelli: “Es evidente que el Dr. Martel incurre en una mínima inhabilidad moral (…) frente a su postura adoptada en el año 2008, totalmente opuesta a que un Ministro del Poder Ejecutivo acepte un cargo de Juez de la Corte”, se señala.


Debe reconocerse: no es un mal argumento para la oposición. Pero con el mismo criterio, puede observarse que la oposición reclama hoy, con excepciones como Pais de Soria, que se observen aquellas objeciones que ellos mismos desestimaron en su momento. Y seguimos con las ruedas empantanadas en el barro.

Hoy por ti, mañana por mí


Si de falta de autoridad moral va discutirse, habrá que decir que los antecedentes catamarqueños son mucho más graves y delicados que la discusión del momento. Porque hoy se plantea una posibilidad en todo caso cuestionable, pero abiertamente, por los mecanismos legalmente previstos y a la luz del día.


El Frente Cívico y Social nombró jueces a dedo durante muchísimos años (al menos 10), a gusto y placer del actual senador Oscar Castillo, quien ni siquiera contaba con un Consejo de la Magistratura que al menos simulara alguna clase de sondeo o moderación.
Ejerciendo un poder omnímodo, con la cómoda y barata complicidad del peronismo de la época -que se dejaba comprar a cambio de módicos favores- se construyó el Poder Judicial como un anexo del poder político que ocupaba la Casa de Gobierno, en base a irregularidades vecinas a la grosería por su evidencia.


Hubo trueques de fallos entre altísimos integrantes del Poder Judicial para favorecerse mutuamente, jugadas avaladas por la mirada satisfecha de algunos de los que ahora lloran cínicamente su devoción por las normas republicanas.
Así se nombró en 1991 a José Cáceres en la Corte, un militante y candidato radical, así se nombró a Amelia Sesto de Leiva, activa militante de las marchas del silencio y al ministro Raúl Cippitelli.


Así se permitió que jueces de la Corte se jubilaran y luego volvieran a asumir, burlando abiertamente el Artículo 168 de la Constitución de Catamarca. Por su puesto, todos exhiben supuestos justificativos y amparos legales para su conducta. Y los tienen, pero porque los dibujaron ellos mismos.


En 2006, el Procurador Enrique Lilljedahl, presentó una Acción Declarativa de Certeza e Inconstitucionalidad del Artículo 195° en lo referido al límite de los 65 años para el ejercicio de la magistratura. Esta acción fue considerada y resuelta favorablemente por la Corte de Justicia, integrada por José Cáceres, Amelia Sesto y María Cristina Casas Nóblega, quién subrogaba el cargo. Declararon la inconstitucionalidad, lo cual implicaba que Lilljedahl podía eludir la cláusula constitucional que le impedía seguir ejerciendo como Procurador General, por cuanto superaba los 65 años.


Posteriormente Cáceres y Sesto de Leiva, en su condición de ministros de la Corte, presentaron un recurso judicial idéntico al de Lilljedahl, solicitando la inconstitucionalidad del artículo 195° para lo cual citan como fundamento la jurisprudencia sobre la que ellos mismos habían fallado.


Estos recursos fueron resueltos favorablemente por la Corte integrada por Lilljedahl, María Cristina Casas Nóblega y Julio Bastos, todos subrogantes. Avanzaron, pese a ser recusados por la Fiscalía de Estado, en razón de que Lilljedahl había presentado una acción idéntica a la que debía ahora resolver y cuyo resultado era obvio. Con el rechazo de las recusaciones, también Cáceres y Sesto de Leiva quedaron habilitados para seguir ejerciendo, pese a tener más de 65 años.


En definitiva, nadie resiste un archivo. Y para llegar a una conclusión definitiva es necesario contemplar todo el bosque, y no sólo un árbol, por más que parezca lo único visible en estas horas.

El Esquiú.com
 

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Comentarios

29/8/2020 | 12:12
#0
reforma judicial ya, , no se puede seguir con estos personajes en la justicia.

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