Apuntes del Secretario

lunes, 3 de agosto de 2020 05:03
lunes, 3 de agosto de 2020 05:03

Las reformas judiciales siguen en el centro de la escena, y a pocos días de que se diera un paso enorme para reformular el sistema judicial catamarqueño, con la aprobación de leyes clave; se instaló el mismo debate a nivel nacional, cuando el presidente Fernández presentó su anunciado proyecto de reforma. Existen entre ambos procesos claras similitudes y diferencias, que resulta interesante repasar. La renovación de la Justicia, parte de severos cuestionamientos y fragilidades. Ni allá ni aquí, las iniciativas del Ejecutivo pueden generar sorpresa, porque los dos impulsos de cambio se vislumbraban desde hace tiempo y, tanto Jalil como Fernández, habían dado claras señales de sus proyectos y decisiones en sus respectivas campañas electorales. En Nación y Provincia, también, se advierte como denominador común la ausencia de la oposición, aunque por razones diferentes. En Buenos Aires por el simple rechazo a un mecanismo que respondió al sector que abandonó Casa Rosada en diciembre, y en Catamarca por una maniobra dirigida y mal disimulada por su actor protagónico.

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En ninguno de los dos casos, tristemente, hay argumentos sólidos para defender las estructuras actuales, plagadas de vicios, irregularidades y compromisos impropios del poder que debe ser ecuánime e imparcial por excelencia. Es triste porque en definitiva significa que no hay verdadera justicia. La cantidad de miembros de la Corte también es uno de los ítems a considerar. En Catamarca con una ampliación ya resuelta, y en Nación con más rumores que certezas. Lo que el presidente propone es unificar el fuero Federal con el Penal Económico, creando 23 nuevos juzgados, para desarticular un grupo de jueces federales que básicamente venían manejando y direccionando causas a placer. Allá como aquí, en definitiva, la eficacia de los cambios no pasa todavía del anhelo. Hace falta imperiosamente una Justicia independiente, como paso inicial para desjudicializar la política y procurar que en los tribunales se trabaje sobre las normas que impone el Estado de Derecho, y no sobre los intereses o negociados del mandamás de turno.

El Esquiú

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