El debate sobre el rol del Estado y su incidencia en la contención social directa, señalada como aspecto positivo o negativo, nunca se termina. Afectos siempre a la simplificación de las ideas y la generación de rápidas dicotomías, el asunto promovió dos grandes bandos, entre los cuales sobresalen los defensores de la presencia estatal y quienes la cuestionan duramente. El kirchnerismo fue señalado como ejecutor abusivo de políticas de asistencia, acciones que despectivamente se tachan como “alimentación de vagos”, “planeros”, “choripaneros” y se denuncia que son mecanismos para fortalecer el sistema clientelar y la improductividad, un conjunto de males que se resumió en la idea del “populismo”. De la otra vereda, los antipopulistas izan las banderas de la meritocracia, de la superación a partir del trabajo privado y que el Estado no salga al rescate de quienes no tienen cabida en los círculos laborales y productivos, sino que se ocupe de alimentar a los grandes capitales para generar condiciones de bonanza económica que luego beneficiarán al resto por aquella teoría del derrame. Ambas posturas están claras y definidas y los argumentos de uno y otro sector se expusieron hasta el cansancio, por lo que no se ven posibilidades de que alguien cambie de parecer. Sin embargo, en los últimos días apareció una singular observación, que merece ser analizada porque llega desde una posición equidistante a los protagonistas habituales del enfrentamiento.

Graciela Camaño, que no es macrista y ciertamente tampoco es kirchnerista, tuvo la original visión de atacar el populismo pero metiendo a Mauricio Macri en la bolsa y con muy sólidos argumentos. Quien es la esposa de Luis Barrionuevo definió al expresidente Macri como “populista de derecha”, al afirmar que más allá de los discursos, el gobierno de Cambiemos profundizó todo aquello que condenaba y de la peor forma: “Macri es un populista de derecha. Yo lo considero de esa manera. Cuéntame qué hizo con la pobreza. No la resolvió democráticamente y generó más planes y dependencia. No generó trabajo, no generó oportunidades, no generó salud y sí generó endeudamiento. Recibió el país en un muy mal estado, pero lo recibió con la oportunidad de haber tenido una predecesora que no se había endeudado. Ella misma decía que había sido ‘una pagadora serial’. En diciembre de 2015 el país estaba en condiciones de salir, pero Macri no estaba regido por los valores, sino por las encuestas y su consultor ecuatoriano, Jaime Durán Barba”. El populismo de derecha ha nacido y merece Camaño los derechos de autor por tan preciso diagnóstico. Teorías al margen, si el Estado no tuviera la presencia que tiene en este contexto de pandemia y cuarentena, sabe Dios lo que hubiera ocurrido con el país económicamente paralizado. Hablar de estallido social sería lo menos…

El PRO conserva su representación parlamentaria –con los diputados Enrique Cesarini y Natalia Saseta- y, mucho más que la UCR o la Coalición Cívica, defiende como puede la gestión del expresidente Macri. El exdiputado Carlos Molina, como único integrante de la mesa nacional del sector, ya tuvo varios cruces con los representantes oficialistas por las obras que se ejecutaron en Catamarca entre 2015 y 2019. Volvió a referirse, en esa dirección, a que Juntos por el Cambio ayudó a concluir emprendimientos como la remodelación del Hospital de Niños o la ruta Andalgalá-Belén. Objetivamente se trata de un dato certero, pero debe aclararse que esas obras venían del mandato de Cristina Kirchner y estaban casi para terminar cuando la actual vicepresidenta dejó la Rosada. Aparte, se completaron recién en 2019 cuando había que hacer campaña por la fallida reelección presidencial. Lo que hubo y no se puede ocultar es que las nuevas obras que se anunciaron, vía Plan Belgrano, nunca llegaron por estos lares. Casi todos los dineros públicos fueron para Buenos Aires, Capital Federal o Córdoba. Lo que sí hizo Macri por Catamarca fue apoyar el discurso prominero, bajar las retenciones para despertar mayor interés y alentar el avance del proyecto Agua Rica.

A pesar que la mayoría de los sectores radicales, con la excepción del núcleo duro del castillismo que no va más allá del bloque de diputados, acepta que el senador nacional Castillo negoció con el gobierno la composición de la Corte de Justicia y la derogación del Consejo de la Magistratura, como también sentó las bases para acompañar la reforma de la Constitución, lo cual es valorable, el diputado Manzi sigue operando sobre el Congreso Nacional con una verdadera falacia que, tarde o temprano, el soberano habrá de reclamarle. Ahora, “junto a otros legisladores” (así dice el parte oficial, sin nombrarlos), pidió que la cámara de Diputados declare su “profunda preocupación y repudio” por las leyes citadas que, con el tácito aval del castillismo (sus diputados estaban a metros del recinto y no bajaron), aprobó el peronismo. Para Manzi, el pecado capital del oficialismo fue aprobar leyes “mediante un trámite ultra rápido, sin dar el debate pertinente en las comisiones, por lo tanto sin el correspondiente despacho” (sic). ¿Por qué no iba a hacerlo si tenía quórum y los dos tercios de los presentes para evitar el despacho de comisión? ¿O el peronismo debía salir a buscar a los aliados de Manzi para que discutan lo que, evidentemente, no querían discutir por haber recibido directivas superiores? En síntesis, la posición del legislador nacional es pura inocencia o, lisa y llanamente, complicidad con Castillo. En todo caso, debería desmentir estos asertos, agregando que confía en la palabra y la honorabilidad del senador. Sincerar las cosas, digamos.

La oposición amenazó, a través de la palabra de Víctor Luna, con presentar un amparo por la derogación del Consejo de la Magistratura y por haber disipado la duda que existía en la elección de concejales. Sobre este último ítems hay que decir que la Legislatura anuló un artículo de la ley electoral que colisionaba con la letra de la Constitución. Ese artículo otorgaba derecho a las minorías con alcanzar solamente el 2% de los votos, lo cual sintetiza una representatividad demasiado frágil. La Constitución exige para todas las categorías, inclusive la de Concejales, la aplicación del sistema D’Hondt, o sea de proporciones. Luna se aferra a una jurisprudencia de 2015, cuando una mayoría en el tribunal electoral impuso el criterio del radical José “Pepe” Cáceres que lo presidía. Nunca antes, en 30 años de democracia, se había aplicado. Mucho menos cuando el Frente Cívico “ganaba por muerte” y dejaba al peronismo con las manos vacías. De ahora en adelante, por decisión de los legisladores, no habrá más dudas. Vale para todos los casos el sistema D’Hondt, o sea la jerarquía constitucional. Con este tema, por último, se termina una larga disputa entre el ministro, José “Pepe” Cáceres y el diputado Augusto Barros, apoderado del Partido Justicialista y de las distintas alianzas que integró el peronismo. Recordemos que Cáceres, en el fragor de la discusión electoral de 2015, trató irónica y despectivamente al legislador llamándolo el “jurisconsulto Barros”. A las postres, sin embargo, éste se salió con la suya y logró disipar las dudas con la decisión legislativa.

De forma a todas luces prematura pero también inevitable, comenzaron a circular nombres de posibles integrantes de lo que será la nueva Corte de Justicia. La ampliación del máximo cuerpo del Poder Judicial, resuelta ya para pasar de cinco a siete miembros, abrió un abanico de especulaciones en los que no tardaron en surgir nombres propios, entre ellos los de Cecilia Guerrero y Jorge Moreno. Es indiscutible la calidad profesional, la experiencia, el conocimiento y el compromiso de ambos dirigentes, pero si el rumbo de las modificaciones en la Corte toma esa dirección, las expectativas de cambio podrían derrumbarse muy rápido. Cuando se habla de eliminar los vicios de la Justicia local y dar por terminada la etapa de los favores políticos, es tan malo bucear entre correligionarios como en las Unidades Básicas para completar los espacios vacantes. 

De poco le serviría a Raúl Jalil, con el horizonte de reforma trazado por él mismo, echar mano a personalidades tan estrechamente ligadas al entorno de una fuerza partidaria. Y esto no se relaciona con ninguna valoración de capacidades, largamente reconocidas en los mencionados. Pero ampliar la Corte no puede ser ocasión para sumar un renovador y una corpacista, a modo de fumar la pipa de la paz en la interna peronista. La Justicia es otro ámbito, tiene otras funciones y no advertirlo sería malograr esta iniciativa. Mucho más en el caso del “Cabezón” Moreno, quien es actualmente ministro de Gobierno de Jalil. Su hipotética llegada a la Corte sería un golpe bajo y mostraría al peronismo cayendo en lo mismo que hizo el Frente Cívico y Social, cuando Eduardo Brizuela del Moral sumó a Raúl Cippitelli o Arnoldo Castillo al utraradical “Pepe” Cáceres. Resultaría decepcionante que el PJ haga lo mismo que tanto criticó. Sin dudas todos estos rumores no tienen más entidad que una charla de pasillo, pero vale la pena aprovecharlos para recordar que cuando se planteó la reforma, la sociedad brindó su aval porque entiende que las aspiraciones están por encima de atrapar un par de cargos para los amigos.

El Esquiú.com