Apuntes del secretario

viernes, 7 de agosto de 2020 01:23
viernes, 7 de agosto de 2020 01:23

El sindicalista Walter Arévalo, obsesionado por las luces mediáticas de otras épocas, continúa sumando desaciertos en su derrotero 2020, en el cual no sólo malogró innumerables oportunidades de diálogo con las autoridades capitalinas, sino que parece haber perdido la sintonía con sus propios representados. Sus protestas extemporáneas, que impulsa a cualquier precio sin sopesar la situación social, laboral ni el sentir de los trabajadores, al cabo lo debilitan en cada nuevo paso que da. Tras los violentos incidentes de hace unos días en instalaciones de Higiene Urbana, convocó a un paro por tiempo indeterminado, levantando supuestas banderas de los beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja, a quienes ni siquiera cuenta entre sus afiliados, creyendo que se le presentaba una ocasión de recuperar protagonismo. El tiro, siguiendo la expresión popular, “le salió por la culata”. La convocatoria del SOEM que se inició el miércoles, proponía un paro de actividades con asistencia a los lugares de trabajo, escenario que se imaginó como propicio para causar incomodidad y malestar en las oficinas.

Sin embargo, el error de cálculo fue evidente, ya que cerca del 90 por ciento de los trabajadores municipales eligió cumplir con sus tareas normalmente. Ante esta situación, que evidenciaba un inesperado fracaso, Arévalo cambió de estrategia sobre la marcha y optó por buscar apoyo en organizaciones político-sociales, con las cuales ensayó cortes de tránsito en diversos puntos de la ciudad. Al fin y al cabo, la medida se transparentó, porque quedaba claro que no era un reclamo de trabajadores sino una manifestación política, donde militantes de la Martín Fierro y otras agrupaciones, protestaban adjudicándose la representación de empleados municipales que le habían dado la espalda a la medida. Lo ocurrido en la madrugada de ayer fue aún más contundente: de las 31 cuadrillas que cumplen labores de barrido de calle, 29 salieron a trabajar. Y de los 14 servicios de recolección de residuos programados para partir a las 22, salieron los 14. En lo que Arévalo tomó como centro neurálgico de sus operaciones, cayó de manera dramática. Un retroceso fuerte para el gremialista, que atraviesa uno de sus peores años por mérito exclusivamente propio. Ayer, por lo pronto, provocó un maremágnum de tránsito que le valió severas reprimendas ciudadanas.

Si sobresale un reclamo histórico de los catamarqueños en torno a la actividad minera, incluso por encima de la eterna polémica ambiental, es la escasa o nula traducción de las ganancias en beneficios concretos para las comunidades locales. Esa queja tiene su razón de ser, esencialmente, en las primeras décadas de explotación del yacimiento Bajo La Alumbrera, que arrancó a mediados de los años ’90 con descomunales expectativas sobre el impacto que podría tener en la calidad de vida de los catamarqueños, y en especial los habitantes de áreas como Santa María, Belén o Andalgalá. Aquella esperanza derivó en una decepción enorme, porque Catamarca no supo o no quiso imponer condiciones desde el primer momento, y al cabo los años de esplendor se fueron como un tren que jamás se detuvo en esta estación. Esto no significa que la minería no haya generado ingresos, de hecho lo hizo, pero no analizamos aquí los recursos generados en concepto de regalías, sino obras y beneficios para quienes en definitiva son los dueños naturales de las riquezas: los pueblos autóctonos. Las obras más importantes que dejó Alumbrera en aportes previstos por “responsabilidad social empresaria” favorecieron a Tucumán, y en Catamarca sólo se construyeron obras técnicas vinculadas específicamente con el proceso de extracción y transporte del mineral, sin mayor provecho para los vecinos. Recién al asumir Lucía Corpacci se modificaron las reglas de juego y Catamarca se puso firme con exigencias básicas. A saber, la apertura de controles ambientales con participación ciudadana, la imposición de un porcentaje alto y obligatorio de contratación de catamarqueños en los emprendimientos, y también obras que vayan directo a la comunidad. Así se levantaron, por ejemplo, los hospitales de Andalgalá y Aconquija; y también se acordó una obra hídrica con fondos provenientes del litio, que en el Salar del Hombre Muerto llevaba años de extracción sin mayores tributos.

Felizmente el panorama ha cambiado, y hoy la minería tiene entre sus premisas la observación de las necesidades de cada comunidad cercana, buscando soluciones a demandas vitales. En ese marco, se firmó en estos días un importante convenio entre la empresa Energía de Catamarca SAPEM y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que independizará al complejo Farallón Negro del abastecimiento energético del Norte de Belén. Esta decisión –largamente analizada- implica ampliar la red de transporte de energía eléctrica en un tramo de unos 10 kilómetros, que conectará las instalaciones de Alumbrera con el histórico Complejo Minero Industrial Farallón Negro. ¿Cuál es el beneficio social? Que todo el Norte de Belén contará con más y mejor servicio, porque se quitará de encima a un consumidor gigante como Alumbrera y dispondrá de electricidad de calidad. Un acto de justicia que nace de una decisión política, y ratifica el rol de YMAD como actor comprometido con la situación de esos catamarqueños que hacen Patria cada día, viviendo en zonas a veces muy desfavorables y en condiciones duras, sin las comodidades con que cuentan los vecinos de los grandes centros urbanos. Que tengan acceso ahora a un progreso tangible y concreto, es sin dudas una noticia para celebrar.

Siguiendo con la minería y cuando todo el escenario, en orden al uso y resguardo de la renta que arroje la actividad, parece estar ordenado para que los beneficios lleguen efectivamente a las comunidades, surgen inconvenientes que no terminan de comprenderse. Semanas atrás, el Juzgado de Minas no hizo lugar a la autorización que solicitó la empresa Agua Rica para llevar a cabo los trabajos aprobados por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que resolvió el ministerio de Minería el pasado 26 de junio. El argumento central de la medida se asienta en la existencia de la Ordenanza Municipal andalgalense que prohíbe la actividad minera, en la modalidad “a cielo abierto”, en toda la cuenca del río Andalgalá. Para desmenuzar este tema, hay que aclarar que la Ordenanza señalada en realidad prohíbe la explotación, no la exploración, y lo que Agua Rica pide es una autorización para realizar nueve pozos destinados a exploración y dos a estudios geotécnicos. Nada que ver con la explotación, cuyo inicio está calculado para el año 2025.

Comprendemos que el juez de Minas, doctor Raúl Cerda, indique que no cuenta con los elementos de juicio necesarios para determinar la validez o no de la Ordenanza, pero hasta el más despistado conoce que aquel instrumento legal no se ajusta a derecho y fue concebido en 2016 con fines políticos contrarios a los intereses de la provincia. Por empezar se trata de una Ordenanza que fue mera copia de un instrumento que se aplicó para la actividad minera en el sur del país -nada que ver con la realidad de Andalgalá, ni con la mina Agua Rica-  y su tratamiento no le fue anunciado a ningún ciudadano andalgalense para el correspondiente debate. Una mañana cualquiera, en trámite express y a puertas cerradas con llave, los ocho concejales aprobaron lo que fue una Ordenanza trucha y, a los pocos días, se conocieron los nombramientos de familiares de los ocho concejales por parte del intendente Alejandro Páez, entonces intendente. Fue otro canje de la política para el que no se consideró la constitucionalidad. No puede el Concejo Deliberante de Andalgalá, ni de ninguna jurisdicción municipal de Catamarca, legislar sobre cuestiones como la minería que atañen exclusivamente a la provincia y/o la Nación.

Por lo expuesto en el bloque anterior, lo de la Ordenanza de Andalgalá es, claramente, una cuestión de puro Derecho. No corresponde legalmente que un Concejo Deliberante –cualquiera sea- tome atribuciones que no le corresponden. Sin embargo, las presentaciones de la empresa y la provincia permanecen a estudio en la Corte de Catamarca desde hace más de dos años. Por cierto, tan increíble morosidad llevó al juez de primera instancia a tomar decisiones que podría tomarlas por cuenta propia, pero si el máximo tribunal no lo hace por qué tendría que hacerlo el. Aunque la medida de Cerda ya fue apelada, llama la atención la tibieza y la aparente falta de enjundia de la representante legal de la empresa, María Gabriela Uriburu Castillo, nada menos que familiar del actual senador nacional, Oscar Castillo. De allí surge la duda de cuáles son las urgencias de Agua Rica con el proyecto.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, comentamos en el último bloque acontecimientos del pasado cercano.
Como en todo gobierno o partido político, en 1995 había divergencias en el Frente Cívico y Social. El exintendente de El Rodeo, José Luis Vega, había amagado con renunciar por mantener divergencias profundas con Daniel Walther, dirigente de predicamento en Ambato y senador departamental electo. Al final retomaba sus funciones el 1 de junio de aquel año y lo hacía tras reunirse con quien revistaba en aquel como diputado nacional por el FCS: Oscar Castillo. “Hemos aclarado con el diputado varios cuestiones y seguimos adelante”, indicaba Vega y, de paso, confirmaba que el hoy senador ya en esa época virtualmente manejaba la provincia.

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