Apuntes del Secretario

viernes, 11 de septiembre de 2020 00:45

La salida de los camaristas Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales, por haber sido filmados cobrando un posible soborno para dictar un fallo equis, fue en su momento un escándalo y la renuncia de ambos no mitiga la situación de desprestigio que tiene la Justicia, agravada a extremos por el video que pudo observar la ciudadanía catamarqueña por las redes sociales. Muestra a dos jueces en un acto emparentado con la corrupción en grado máximo. Sin embargo, hay un escollo para asegurar justicia en un caso tan delicado y casi inédito para la provincia. Lo estaría poniendo la propia Justicia. El juez que debía actuar, Porfirio Acuña, pidió la inconstitucionalidad del artículo 20 (se refiere a la investigación de denuncias contra un legislador, un magistrado o un funcionario público que debe llevar a cabo el mismo como Juez de Garantías) y le trasladó el “fierro caliente” para que siga la acción penal el fiscal Facundo Barros Jorrat, titular de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales. Y este, por lo que pudimos averiguar, tiene problemas para avanzar.

Se trata de un tema que, desde ya avizoramos, seguirá en modo escándalo. Es que el juez Porfirio Acuña, con su planteo, eludió ir contra los excamaristas. Se sacó de encima la incomodidad de investigar a sus colegas, lo que no hizo con casos similares que llegaron a su mesa de trabajo y tenían que ver con dos diputados provinciales. A ambos, Daniel “El Grillo” Avila y Juan Carlos Rojas (fue imputado por un accidente automovilístico en el que perdió la vida una persona), les pidió el desafuero, lo que no hizo con Da Prá y Morales. Sin dudas, fue una muestra de cómo funciona la corporación judicial, la que parece seguir tallando en el caso de los camaristas. A las pruebas nos remitimos. Hasta  el momento no se constituyó el tribunal para resolver la constitucionalidad del artículo 20 del Código Procesal, lo cual resulta imprescindible para saber si las actuaciones seguirán en manos de Barros Jorrat o volverán a las de Acuña. ¿El motivo? Las inhibiciones de los jueces de Cámara, de los de Garantías y por lo menos 2 de los 3 jueces correccionales.

En orden a que las renuncias de Da Prá y Juan Pablo Morales fueron aceptadas, con lo cual desapareció el obstáculo procesal que era el desafuero, el fiscal Barros habría iniciado la investigación penal, pero sin contar con una Cámara de Apelaciones donde vayan a caer las eventuales apelaciones de las partes. Con este panorama, resulta problemático llegar a un juicio y, por lo pronto, ata las manos al fiscal. Si toma medidas y surge una apelación, como están las cosas, no habrá quién la resuelva, lo que confirma que la corporación judicial está en plena actividad. Esta simple cuestión, que debería resolver la Corte con su poder de superintendencia, viene a confirmar que el problema de la Justicia no son las nuevas incorporaciones, sino la vieja saga que sigue actuando en función de intereses corporativos. Los jueces que se inhiben, en el 90% de los casos, lo hacen por amistad manifiesta con Da Prá y Morales, dejando de lado responsabilidades propias. ¿Qué se pretende con estas maniobras? ¿Qué las sombras de la impunidad vayan cubriendo a quienes renunciaron por estar sospechados de una maniobra deleznable?

En relación a las prácticas de dormir causas judiciales no hay mejor ejemplo que la llamada “Obra del Siglo”, un emprendimiento de cloacas que, a finales de los años 90, fue un negociado gigantesco del que participaron empresarios y políticos menemistas y saadistas. La empresa constructora, NORUZI, que recibió adelantos suculentos y fuertes pagos parciales, no hizo más que un pequeño tramo de la obra y el Estado provincial, en cabeza de don Arnoldo Castillo, le rescindió el contrato en 1993. La Fiscalía de Estado, en forma paralela, envió todas las actuaciones a la Corte de Justicia que, en 1998, ordenó que la empresa resarciera a la provincia y a todos sus acreedores. Cuando han pasado 30 años desde el inicio de la “obra que no fue” y 22 de la orden judicial, el mencionado resarcimiento no se produjo. NORUZI fue a concurso de acreedores –algo que décadas más tarde haría Capdevila SA por la obra del estadio-, al mismo tiempo que sus propietarios la vaciaban totalmente hasta que se llegó a la quiebra.  Desde Fiscalía de Estado pidieron la extensión de la mencionada quiebra a otras empresas del mismo grupo económico y finalmente, en 2017, el exFiscal de Estado Carlos Bertorello, con un pedido de nulidad, buscó directamente que el Estado -al que debía defender- resignara sus pretensiones. Por suerte, la jueza Virginia Cano no hizo lugar a la curiosa petición y el trámite sigue. Lo repetimos: “la obra que no se hizo” comenzó 30 años atrás y todavía permanece en la Justicia sin una resolución final. Ahora irá a una cámara y posiblemente allí permanezca varios años más. ¡Una vergüenza!

Cuando comenzó todo este martirio de la pandemia en el país, a mediados de marzo, se temía por las consecuencias en tres campos específicos: el sanitario, el económico y el social. El proceso de deterioro fue lento, y en un primer momento hasta resultó alentador todo lo que se había conseguido. En índices de contagios y mortalidad Argentina estaba en muy buena posición con respecto a la mayoría de los países de la región, se había desplegado un programa de contención bastante efectivo, y la mayoría de la comunidad soportaba estoicamente lo que había tocado transitar por designio del destino. Casi siete meses después, el panorama es muy distinto, y puede decirse que hoy se ha llegado al momento más delicado en los tres frentes. Con más de medio millón de infectados y una nómina de muertos superior a las 10.000 almas, los records de infectados nuevos se baten casi a diario. En casi todos los distritos el avance del virus obliga a retroceder en las normas de aislamiento, y sólo queda rogar que efectivamente este sea el pico de contagios, ya que si la situación sigue empeorando se convertirá en una tragedia total. Económicamente, comercios, empresas de transporte, hoteles, restaurantes, empresas de turismo y casi todos los sectores atraviesan su peor momento. Meses de actividad limitada o nula, ingresos caídos y falta de movimiento comercial, están haciendo estragos que repercuten en cuentas bancarias y fuentes laborales. Y socialmente, el clima comienza a enrarecerse peligrosamente. Las noticias que llegan desde Buenos Aires, con la gigantesca toma de tierras, coincide con reportes de varias provincias donde los hechos delictivos y la incertidumbre se multiplican peligrosamente.

Es una verdad irrefutable que determinados medios masivos agitan y fogonean estos malestares, como también que hay intereses políticos que están empecinados en echar al fuego toda la leña que encuentren; pero sería tan ingenuo desconocer esos elementos, como no admitir que la semilla del conflicto está germinando aceleradamente. El descontento es real, las necesidades y urgencias se multiplican, los tiempos se extienden y la paciencia se agota. Tremendo desafío para el presidente Alberto Fernández, que debe conducir el barco en medio de una “tormenta perfecta”, definición que se adopta cuando todos los factores negativos se presentan simultáneamente. Si en algún momento surgió la ilusión de que actores de distintos sectores partidarios podían trabajar juntos, esa idea se desvaneció rápido, y hoy la guerra política es total. Lo que cierto sector de la oposición no advierte, es que jugar con fuego en estas circunstancias puede llevar a un daño demasiado grande, que eventualmente los incluirá entre los damnificados de una manera u otra. En Catamarca se siguen con mucha atención estos acontecimientos, aun cuando el panorama no haya alcanzado niveles tan delicados. No debe olvidarse que la última gran revuelta policial en la Provincia se dio justamente a partir de un conflicto nacional, también por mejoras salariales.

En noviembre de 2013, un pequeño foco de conflicto policial se originó en Córdoba, y dos semanas más tarde se generó una gigantesca bola de nieve con paros policiales, saqueos y actos de rebeldía que afectaron a 20 provincias. En Catamarca hubo gravísimos incidentes, con la entonces gobernadora Lucía Corpacci casi tomada de rehén en Casa de Gobierno y episodios muy violentos. Nadie quiere que eso vuelva a repetirse, y por eso se aceleraron en la provincia todos los diálogos y reuniones tendientes a abortar cualquier chispa que se huela. Fue así que, con respaldo político, casi toda la cúpula del Ministerio de Seguridad, se enfocó en ese punto, casi a horas de haber asumido. El flamante ministro de Seguridad Gustavo Aguirre ya se reunió con el nuevo jefe de Policía, Ángel Agüero, y toda la plana mayor, incluyendo autoridades de la cárcel. Lo acompañaron el ministro de Hacienda, Sebastián Véliz, y el ministro de Gobierno, Jorge Moreno. A su vez, el secretario de Seguridad, Martín Miranda, se reunió con policías retirados. Y el tema excluyente sobre la mesa fue la situación salarial y otras demandas que pueda haber. El mensaje es que cualquier reclamo se canalice por las vías correspondientes, y que no se repitan incidentes o se replique lo que ocurre en Buenos Aires. Se trata, en esta instancia, de abrir canales de diálogo para evitar sorpresas desagradables. Si muchas veces se critica a las autoridades que reaccionan con los problemas ya expuestos, esta vez debe decirse que se anticiparon en una importante tarea de contención y atención, que se espera conduzca a buenos resultados.

El Esquiú.com

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Comentarios

11/9/2020 | 10:10
#2
Cabe agregar que el dueño de la empresa Noruzi es el actual propietario del diario El Ancasti, Silvio Silvestre Zitelli, ex Ministro de Economía de Ramón Saadi, quien pretende cuestionar la moral ajena desde las páginas del medio.La vida personal, familiar y pública de cualquier catamarqueña/o es analizada, expulgada, zamarreada, juzgada, condenada, ejecutada y expuesta por El Ancasti de manera cínica y llena de hipocresía, sobre todo si uno observa la catadura, antecedentes y prontuario de su propietario.
11/9/2020 | 06:12
#1
CATAMARCA ES UN UNICATO, todo lo demàs que suceda son detalles, incluso los problemas judiciales de los miembros de la justicia.
11/9/2020 | 02:02
#0
da pra, porfirio acuña, cocochito alvarez, sesto de leiva, caceres, etc son la resaca de la antijusticia que quedo del frente cívico. im pre sen ta bles.

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