Casi en silencio, en un discreto segundo plano detrás de la asunción de Gustavo Aguirre como nuevo ministro de Seguridad, se produjo hace unos días en Catamarca el tercer cambio de jefe policial en menos de un año, una situación inusual que no se daba en la Provincia desde hace casi una década, ya que por lo general las máximas autoridades de la fuerza permanecen como mínimo entre dos y tres años en esa función y suelen irse cuando surge algún conflicto o escándalo grave que altera a la opinión pública, y el poder político los hace saltar como fusibles para descomprimir la situación. 

No fue este el caso, en que el recambio se da casi naturalmente por la modificación de nombres en las estructuras superiores del área en Casa de Gobierno. En un organigrama verticalista por naturaleza y necesidad, donde no hay sindicalización, hace falta mucho pulso para neutralizar cualquier reclamo y responder al mismo tiempo a la demanda de imponer orden sin cruzar límites que lleven a la condena social. 

Un  repaso de las últimas décadas confirma que las sustituciones de cúpulas policiales generalmente son la consecuencia de momentos convulsionados, a veces con responsabilidad del mando policial y otras en las que simplemente los jefes tienen que pagar los platos rotos. 

La misma tónica se repite desde vieja data, pero basta con repasar los últimos veinte años para confirmarlo.

La era del FCS

Cuando ocurrió la famosa quema de urnas en las frustradas elecciones de 2003, malparidas desde la proscripción de Luis Barrionuevo, no pasó ni una semana hasta que rodó la cabeza del jefe de Policía, Carlos Carabajal, a quien echó el entonces gobernador Oscar Castillo, luego de cuestionar públicamente su “pasividad” durante los incidentes. 

Quien era secretario de Seguridad, el exmilitar Rafael Cazaux, le preparó entonces una terna de candidatos a Castillo para reemplazarlo y Oscar se decidió por Ariel Primitivo Ramírez, que seguiría hasta el final del mandato del actual senador nacional. 
Ya en la gestión de Eduardo Brizuela del Moral, Ramírez debió irse en medio de un tremendo escándalo, cuando se denunció que nada menos que en la Escuela de Cadetes se obligó a desnudarse a una alumna “para ver si tenía tatuajes”. El director de la escuela era el hermano del jefe policial, que tuvo que abandonar raudamente su despacho de Chacabuco y Tucumán. 

Llegó allí el turno de un nuevo jefe, Néstor Ubaldo Ortiz, uno de los pocos que se fue relativamente bien. Era un policía de carrera con buena imagen, especializado en todo lo referido a drogas, que de hecho al dejar su cargo pasó a la planta de funcionarios del Gobierno como subsecretario de Prevención de Adicciones. 

Ortiz fue sucedido por Francisco Soria, quien en los ’90 había ganado algo de fama como rebelde. Su nombre trascendió antes de que ostentara cargos en la fuerza como investigador paralelo durante los momentos más caldeados de la investigación del Caso Morales, cuando formó una suerte de equipo junto a Mario Casas y Lorenzo Vera, que se jactaba de haber llevado al barman Jesús Muro a declarar.

Soria tuvo que renunciar junto al secretario de Seguridad de la época, Luis Baracat, inmediatamente después de la tragedia en la Alcaidía de Menores, donde cuatro jóvenes internos murieron calcinados en circunstancias no esclarecidas. 

En su lugar asumió la jefatura, casi transitoriamente, Antonio Ramón del Valle Álvarez. Fue una autoridad muy fugaz, porque el lugar vacante debía ser necesariamente ocupado, pero se sabía que no tenía mayor proyección ya que lo designaron en septiembre de 2011, cuando al gobierno del Frente Cívico y Social, derrotado en marzo de ese año, apenas le quedaba un mes y monedas para entregar el poder.

La era peronista

Ya con el peronismo al frente de la Provincia, Lucía Corpacci designó como jefe de la fuerza a Juan Palomeque, un joven policía que estaba desarrollando una buena tarea y permaneció casi dos años en el cargo, pero se tuvo que ir tras una nefasta seguidilla de dos femicidios en apenas tres días, que generó una sensación de inseguridad enorme en la comunidad.

La rapidez de los acontecimientos, la ausencia de detenidos y la circulación constante de falsas informaciones que daban cuenta de la aparición de nuevos cadáveres, hicieron insostenible el clima social.

Lucía lo reemplazó por Julio “Suri” Gutiérrez en 2013, un hombre de la fuerza con buena imagen y ascendencia sobre sus pares, que tuvo un comienzo complicadísimo porque prácticamente le tocó “debutar” en el cargo con la recordada revuelta policial de ese año, a menos de dos meses de asumir. 

En medio de un conflicto nacional, policías de civil a los que se fueron sumando más agentes en reclamo de mejoras salariales, tomaron Casa de Gobierno y mantuvieron acorralada a la propia Gobernadora durante toda la violenta jornada, que incluyó disparos, serios incidentes y largas horas de incertidumbre.

Corpacci estuvo virtualmente encerrada en su despacho desde la mañana del viernes 6 hasta la madrugada del sábado 7 de diciembre, en un hecho sin precedentes en tiempos de democracia. Fue un verdadero acto de sedición, que en los hechos se perdonó: si bien se juzgó a quien utilizó su arma, la ausencia de castigos masivos –y de participación de la Justicia- fue parte del acuerdo elaborado para terminar con el alzamiento.

Superada esa tormenta “El Suri” se afianzó y no tuvo grandes contratiempos con sus dirigidos, aunque primero surgieron ciertos roces y más tarde protagonizó un abierto enfrentamiento interno con el secretario de Seguridad, Marcos Denett.

Cuando las diferencias ya se hicieron insostenibles, Gutiérrez perdió la pulseada política y se tuvo que alejar del cargo. Llegó así Orlando Quevedo, un hombre de perfil bajo y tranquilo que se mantuvo al mando de la institución hasta el final del mandato de Lucía. 

El tramo final

Al asumir la gobernación Raúl Jalil, en diciembre del año pasado, fue reemplazado por el santamariano Daniel Avelino Caliva y al dejar la jefatura Quevedo asumió como secretario de Seguridad. Sin embargo, el ministro Hernán Martel le quitó el cargo en medio de un clima enrarecido, cuando varios altos mandos de su etapa como jefe eran acusados de tener vínculos con narcotraficantes, causas que siguen abiertas.

Quevedo, desplazado, pidió el retiro. Y la etapa de Caliva concluyó rápidamente, ya que con la llegada de Aguirre al ministerio en reemplazo de Martel, que asumirá en la Corte de Justicia; asumió como nuevo jefe policial Ángel Agüero, quien se había alejado de la fuerza tras su retiro personal y cumplía tareas como funcionario municipal en el cargo de jefe de Seguridad de la comuna. 
Aguirre está a su vez secundado por Martín Miranda, quien venía desempeñándose como director de Recursos Humanos en Capital y antes había sido director de Transporte provincial con Corpacci. 

De este modo, toda el área de Seguridad provincial cambia de cabeza y es de esperar que los nuevos responsables puedan sintonizar rápido con las exigencias de su compleja tarea, ya que deben lidiar con todo lo que representa el delito, y también con las famosas internas y la presión social, siempre latente en ese ambiente. 

En este viaje virtual de casi tres décadas en retroceso, se percibe un patrón claramente, que marca la dificultad del ejercicio de la jefatura policial, estrechamente condicionada por el apoyo político, que no se distingue de la volatilidad que caracteriza la mayoría de los cargos públicos.

El Esquiú.com