La eterna discusión del reparto de la torta de los recursos nacionales, como sucede periódicamente, volvió a los primeros planos, esta vez por la decisión del presidente Alberto Fernández, quien decidió achicar la porción de Capital Federal para engordar los ingresos de Buenos Aires. En el debate volvieron a florecer gestos que señalan privilegios, discriminaciones, favoritismos, y la recurrente condena al sistema de premios y castigos determinados por la afinidad política con quien reparte; argumento que siempre se mantiene pero va alternando de emisores según el color político del gobierno. Lo cierto es que, con sus fortalezas y debilidades, el sistema de coparticipación federal de impuestos es el método utilizado en el país para organizar sus finanzas, a partir de la reunión de todo lo que ingresa por recaudación impositiva, para su posterior distribución. Este método rige, con idéntica esencia pero muchas variantes, desde 1935, cuando la economía del país comenzó a caer como consecuencia de la crisis internacional de 1929, y la reducción del comercio exterior debilitó seriamente las finanzas. 

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En aquel entonces se ideó el mecanismo de la coparticipación, y nació una discusión que nunca terminará. El primer reparto determinaba que la Nación se quedaba con un 80% de los recursos y las provincias con el 20%. Con los años, las provincias fueron ganando más recursos que los previstos, y en 1951 ya recibían el 51,2 por ciento contra el 48,8 que quedaba en Nación. Todo cambió hacia 1954, cuando la Nación contaba con el 68,8%, porcentaje que se vio reducido por la nueva ley de coparticipación, de 1958, al 54%. La reforma de 1963 fijó el 58% para Nación y el 36% para provincias, quedando el 6% restante para Capital Federal. El porcentaje otorgado a los gobiernos provinciales siguió incrementándose hasta 1966, año en que llegó al 46%, pero bajó en los años siguientes, hasta resultar más que insuficiente para las provincias. Fue así que en los 70 surgieron los famosos Aportes del Tesoro Nacional (ATN), para destinar recursos discrecionalmente ante situaciones imprevistas. Más tarde se decidió que debía haber un trato diferencial para cada provincia, y los tamaños de las porciones siguieron variando una y otra vez.

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Durante la presidencia de Raúl Alfonsín, se realizó por última vez el cálculo de la coparticipación en base a tres criterios: la población total de cada provincia, la densidad de población y la brecha de desarrollo. Fue allí que Vicente Saadi, reclamando una compensación histórica, consiguió elevar el porcentaje de Catamarca a 2,6, por encima de distritos como Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, La Pampa, La Rioja, San Luis y Río Negro. Pero esos porcentuales tampoco fueron rigurosos, porque los aportes a uno y otro distrito podían variar con convenios específicos, anticipos, obra pública, fondos precoparticipables, y otros acuerdos, que siempre dejaron la puerta abierta a la distribución caprichosa y desigual. 

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Cuando se reformó la Constitución Nacional en 1994, se exigió que el Congreso de la Nación dicte “en un período no mayor a un año” una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos, pero esa ley nunca se hizo, y 26 años después sigue siendo una cuenta pendiente. Mientras tanto, normas y pactos permiten a cada gobernante favorecer a quien le plazca. Fue así que Mauricio Macri “bendijo” de un plumazo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elevándole brutalmente su coparticipación del 1,4 al 3,75 por ciento. Un guiño al distrito que él mismo había conducido, y que recibía fondos a granel para tapar cualquier bache y para encarar cualquier obra. Alberto Fernández resolvió ahora restarle un punto al gobierno porteño, y eso motivó aplausos y críticas por igual.

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Mientras los opositores se solidarizaron con Rodríguez Larreta y el cordobés Juan Schiaretti optó por una ruidosa abstención, el catamarqueño Raúl Jalil y otros 18 gobernadores avalaron mediante la firma conjunta de un documento la decisión de Fernández. Previsiblemente, Horacio Rodríguez Larreta, el perjudicado, se prepara para judicializar su malestar. Y este traspaso de fondos fue el tema de la semana, politizado al máximo y con miradas encontradas. La oposición nacional apunta a Fernández al asegurar que solo persigue el objetivo de favorecer al distrito con mayor incidencia electoral, mientras el oficialismo recuerda que la inequidad fue obra de Macri, que favoreció desproporcionadamente a la Capital, por lejos el distrito más rico y desarrollado de la Argentina. Con menos fuerza, opositores de otras provincias dicen que los gobernadores avalaron al presidente por pura obediencia partidaria, y no cuestionan tanto el recorte a los porteños sino el hecho de que esos recursos se giren automáticamente a los bonaerenses. Algo de razón hay en cada crítica y respuesta, pero es lógico que Jalil haya acompañado al mandatario, porque no está en posición de generar un conflicto con Casa Rosada, de cuya asistencia precisa como del oxígeno.

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El malestar policial se aplacó rápidamente a nivel nacional, y el temor de que se repitiera la crisis de 2013 comenzó a esfumarse. Oportunos anuncios de aumentos y mejoras disuadieron a los uniformados en Buenos Aires, y en Catamarca ni siquiera se llegó a protestar, porque se confirmaron incrementos salariales antes de que se replicara alguna movilización. No obstante un pequeño grupo de policías retirados se manifestó el viernes frente a la Casa de Gobierno, motorizado por el policía retirado Jorge Santillán, militante del macrismo que fue candidato a intendente de Huillapima como representante de Juntos Por el Cambio. Al parecer, la motivación iba más allá de lo salarial, porque él mismo consideraba que el incremento ya otorgado era importante. Pero de todas formas, en una campaña por WhatsApp, Santillán invitaba a sus colegas a asustar a las autoridades, considerando que “ver movimiento de personas y de gente en la plaza, es lo que ellos no quieren. Entonces esa situación de movilidad, de movimiento, de quilombo, genera un fluido en el gobierno que es inestable. Genera pánico, genera miedo, temor, porque no es lo mismo que se movilicen los municipales que por ahí tiran la basura, que se movilicen los docentes que van con banderitas, que se movilice la policía que va y te mete los móviles, te mete la sirena y si te tiene que voltear la puerta te va a voltear la puerta”. 

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La arenga no surtió demasiado efecto, y el Gobierno bajó el nivel de alarma con respecto al malestar policial, aunque a raíz de los anuncios que desarticularon un posible conflicto se aceleró otro: ahora, con un aumento ya confirmado, crece la presión de los sindicatos por sentarse a negociar sus propias mejoras, y necesariamente se debe abrir el diálogo con respuestas para todos. Aunque se pidió “prudencia” en atención a la pandemia, personal de salud, docentes y estatales pican en punta para exigir mejores sueldos. Otros reclamos, como el del SOEM en Capital, quedaron en pausa por el retroceso a la Fase 1 del aislamiento, ya que entre las actividades suspendidas se incluyeron las audiencias en la Dirección de Inspección Laboral entre el municipio y el gremio que conduce Walter Arévalo. Cuando esas discusiones se reanuden, será el debut del flamante secretario de Gobierno capitalino, Fernando Monguillot, en uno de los temas más incómodos para su área.

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En los comentarios de este Secretario del pasado viernes, consignamos las posiciones ambivalentes del doctor Porfirio Acuña respecto a situaciones prácticamente iguales. En su calidad de juez de Garantías, debe aplicar el artículo 20 del Código Procesal y pedir el desafuero de funcionarios, legisladores o magistrados perseguibles de una acción penal. Así lo hizo en casos en que se encontraban incursos los diputados Hugo Daniel Ávila y Juan Carlos Rojas, pero cuando a su mesa llegaron las posibles coimas que habrían recibido sus colegas camaristas Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales, pidió la inconstitucionalidad del señalado artículo 20. La medida, en cercanías de Tribunales, fue valorada como defensa irrestricta de la corporación judicial. Aunque todavía no se conformó un tribunal para que determine la petición de don Porfirio, debemos aclarar una cuestión. En el caso de Juan Carlos Rojas, dijimos que estaba involucrado en un accidente de tránsito que provocó una muerte. Nos rectificamos. Si bien existió aquel accidente, no hubo muertes y tampoco denuncia de los damnificados –si de la fiscalía de turno- que eran tres y se conducían en una moto. Es más. Le agradecieron oficialmente al diputado por su preocupación y ayuda solidaria, la que fue más allá de sus responsabilidades ciudadanas. Como para que no queden dudas, toda la documentación del lamentable suceso fue presentada en nuestra redacción.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque rememoramos acontecimientos del pasado cercano.
En junio de 1995, bajo la gobernación de Eduardo César Angeloz, Córdoba ardía políticamente. El exmandatario, que ese mismo año había sido candidato a la presidencia de la Nación –perdió con Menem- había dispuesto una emergencia económica que fue muy mal recibida por los cordobeses. Había protestas de todo tipo y hasta se incendió la Casa Radical, mientras la policía ejercía una fuerte represión, con gases y palos, que dejó alrededor de 50 heridos y más de 100 detenidos. Hasta tuvo que llegar a la ciudad mediterránea Alfonsín, entonces presidente de la UCR, para calmar los ánimos enardecidos de la gente. 

El Esquiú