Dos semanas atrás, en El Esquiú, el exdiputado Víctor Uriarte escribió una carta crítica -e irónica- contra el más veterano de los ministros de la Corte: José “Pepe” Cáceres”. A los días, como ocurre siempre, el magistrado contestó por El Ancasti, un diario nada afecto a profundizar en temas que no son de su agrado. La respuesta del magistrado tuvo este remate: “Éste (por el de Uriarte), como todos los otros ataques políticos que he sufrido con el fin de desprestigiarme ante la sociedad y de debilitarle espiritualmente, no han rendido frutos porque toda mi actuación como juez es precisamente la fuerza que contiene el avance de los depredadores políticos que, por cierto, no escasean”. Si bien es cierto que escribe en general, seguramente nos incluye entre los “depredadores políticos” porque fue El Esquiú el único medio de Catamarca que, a partir de 2018, trató en profundidad los pedidos de juicio político que pesan en su contra y siguió las distintas instancias del proceso. En ninguna de esas instancias, lo aclaramos por las dudas, nos referimos a fallos o a los conocimientos jurídicos del ofendido ministro. Nuestra postura fue, desde la fundación del diario en 2010, señalar que tanto Cáceres como la doctora Amelia Sesto de Leiva fueron nombrados a contramano de la letra constitucional. También publicamos todas y cada una de las réplicas esgrimidas por distintos medios e, invariablemente, le ofrecimos a Cáceres espacios gratuitos para que ejerza su defensa o el derecho a réplica que merece todo ciudadano. Que haya preferido pronunciarse por carriles más llevaderos fue su decisión personal y la respetamos.

Lo afirmamos y lo ratificamos. José Cáceres, sin haber pasado por ningún concurso, fue nombrado en 1992 ministro de la Corte de Catamarca por el exgobernador Arnoldo Castillo. El 29 de junio de 1995 renunció, se la aceptaron, y ya como un jubilado, volvió a jurar como ministro de la misma Corte de Justicia 30 días más tarde. Todo en trámite exprés y con un agravante: el Colegio de Abogados, en aquellos años, le había informado al extinto mandatario que no podía nombrar a abogados jubilados porque contrariaba el artículo 168 de la Constitución. Se trata de una situación de puro Derecho: no correspondía que jure un jubilado y Cáceres juró como jubilado. ¿Plantear este aserto significa difamar? Once años más tarde, el mismo Cáceres cumplió los 65 años, límite de edad que fija el artículo 195 de la misma Constitución. Debía retirarse y no se retiró. Planteó, en cambio, la inconstitucionalidad que él mismo había votado meses antes a favor de una presentación del Procurador, Enrique Lilljedahl. También lo hizo la doctora Sesto y fue resuelto por un tribunal del que participaba el propio Lilljedahl. Un “cambio de favores” espurio e ilegal que, entre “gallos y medianoche”, no tuvo expresión pública alguna y exhumó años más tarde El Esquiú.

Y de la respuesta a Uriarte, aparecieron “las patas de la sota”. El doctor Cáceres habló del “fallo Lilljedahl y no solo lo valoró”. “Fue una causa ejercida de pleno Derecho que introdujo jurisprudencialmente la acción abstracta de inconstitucionalidad que hasta ese momento no existía en Catamarca”. Si realmente no estamos mal de la cabeza, Cáceres está afirmando que, al votar a favor del pedido de Lillejedahl, creó una jurisprudencia a favor de sí mismo. Como dicen los “boga”, a confesión de parte, relevo de pruebas. En más, después de tanto bregar periodísticamente, alguien habló del “fallo Lilljdahl”. Ni siquiera lo hicieron los diputados -Luna, Monti, Lobo Vergara y compañía-, que a cada rato piden que se vote el juicio político, sino el propio Cáceres. No deja de ser apertura extraordinaria para que se analice tan sesuda jurisprudencia y se lo haga, en la cámara de Diputados, de cara al pueblo. Allí veremos si los depredadores de los que habla Cáceres lo son realmente y podemos ir al paso siguiente. Como él mismo desafió el juicio político para demostrar que está a Derecho, tendría la oportunidad de demostrarlo, no solo a Uriarte, sino a todos sus depredadores.

El diputado provincial Jorge Andersch, exintendente de Santa María, pasa días de preocupación. Es que la Justicia provincial, en cabeza de la jueza comercial María Virginia Cano, ha ordenado embargar su sueldo de legislador y le ha secuestrado un vehículo de su propiedad por un pagaré que, desde 2007 a la fecha, habría pasado de mano en mano hasta caer en el denunciante de estos tiempos, Jorge Martín Córdoba, a quien la jueza de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución de Segunda Nominación acaba de favorecer. Más allá de la resolución, que fue objetada por Andersch, el tema tendría una larga historia y groseras controversias, tal como lo ha planteado su abogado defensor, Oscar Eduardo Romero. Para éste, resulta indebido ejecutar, pues está pendiente una pericia caligráfica que podría definir la adulteración del documento público en orden a que, anteriormente, otra pericia -llevada a cabo por Jorgelina Andrea López- determinó que las fechas de vencimiento y monto del pagaré, caligráficamente, no pertenecen al diputado.

Por si fuera poco, el abogado Romero acusa a quien pretende cobrar el pagaré de ser un conocido usurero del medio, al que ha denunciado penalmente en la Fiscalía N° 3, a cargo de Carlos Moreno Vázquez. También esta situación forma parte del reclamo contra la jueza Cano, a la que denuncia y pide que suspenda la ejecución. Volviendo a la historia del caso, (Romero) apunta que Andersch firmó el compromiso de pagar $7.000 en el año 2007 y lo hizo junto a su exesposa, Erica Yamila Inga, de quien se separó en 2014. El pagaré de la discordia, que habría sido adulterado, señala un monto de $320.000 y tiene fecha de 2017, por lo que resulta poco creíble que dos cónyuges que están separados legalmente lo hayan firmado y que solo uno de ellos, Andersch, sea el ejecutado. Aparte, según la denuncia de Romero, nunca fue notificado por la Justicia, lo que pudo dar lugar en su momento a una eventual solicitud de prescripción. En síntesis, un gran embrollo entre un diputado oficialista y una jueza.

Si durante la presidencia de Mauricio Macri se difundió una verdadera novela a partir de los famosos “Cuadernos de Centeno”, en rigor un conjunto de fotocopias en las que resultaba casi imposible distinguir verdades de mentiras, ahora comienzan a tomar forma otros relatos, esta vez surgidos de la investigación al expresidente por una supuesta red de espionaje. Entre las muchas historias que comienzan a revelarse por la red de espías que en teoría manejaba el gobierno de Cambiemos, se asegura que el empresario heredero de Socma le dio al catamarqueño Luis Barrionuevo la intervención del Partido Justicialista, como premio por haber atacado a Hugo Moyano, el gremialista que en ese momento se imponía como el más combativo. La versión se desprendió tras el pedido de los fiscales de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona y Santiago Eyherarbide, quienes solicitaron la declaración indagatoria de Darío Nieto, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por el espionaje ilegal a políticos, empresarios y periodistas. En el escrito que elevaron al juez federal Juan Pablo Augé, los fiscales hacen un detallado análisis de las pruebas recolectadas en la causa, la mayoría de los teléfonos celulares de los involucrados. En el dictamen, los exagentes de la AFI confirman el dato referido a la intervención judicial del PJ por parte de la jueza María Servini, en abril de 2018. 

“Recién estuve reunido con una persona del riñón de Jorge Triaca y muy cercana a Gerardo Martínez. Le consulté por Barrionuevo, por si sabía cómo estaba jugando. El tipo fue muy concreto. Me dijo que juega para MM y que es por esta razón que está como interventor del PJ. Esa intervención se la dieron a modo de premio por haber dejado solo a Hugo Moyano cuando se había comprometido a protestar contra el gobierno en forma conjunta”, fue la declaración del exespía Leandro Araque. Se refiere a una protesta contra Macri de febrero de ese año en la que Barrionuevo plantó al líder de Camioneros. La versión confirma que Barrionuevo y su esposa Graciela Camaño fueron también víctimas de la trama del espionaje ilegal, un punto que también es parte del dictamen de los fiscales. Sin embargo, fiel a su estilo maradoniano a la hora de declarar, el gastronómico se tomó a risa la tarea de los espías del macrismo: “Son unos estúpidos, estos son los que los mandas a espiar y tocan timbre”, ironizó. Lo cierto es que la causa avanza y hay miles de llamadas bajo la lupa, además de pedidos para tener acceso a varios teléfonos de la primera línea de Casa Rosada, incluyendo al de Macri.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque rememoramos acontecimientos del pasado cercano.
El 2 de julio de 1995 se realizaban elecciones provinciales en Tucumán. Iban a ser las últimas que vieran triunfante al dictador Antonio Domingo Bussi, quien hace un cuarto de siglo era el líder de la llamada Fuerza Republicana, un partido que durante décadas tuvo plena vigencia en la vecina provincia. Bussi derrotaba en aquella contienda electoral a la representante del peronismo, Olijela del Valle Rivas. Muy lejos de ambos quedaba el radical Rodolfo Campero, quien venía de ser rector de la Universidad de Tucumán. Bussi, a pesar de la euforia, acordó una transición ordenada hasta diciembre de aquel año con el gobernador de ese momento, Ramón “Palito” Ortega.

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