El gobernador Raúl Jalil acompañó al Presidente Alberto Fernández en el acto organizado en Casa Rosada, donde se anunció la resolución favorable de la negociación de la deuda externa, que abre un nuevo panorama económico para el país. El encuentro Jalil - Fernández se pudo concretar así 80 días después de lo previsto, y a 1.200 kilómetros del lugar originalmente pactado. Ocurre que luego de iniciada la cuarentena a fines de marzo, una etapa estricta de aislamiento que restringió incluso las actividades presidenciales, con el transcurrir de las semanas Fernández comenzó a visitar brevemente algunos puntos del interior. Fue así que fines de mayo, en una de las tantas videoconferencias con autoridades nacionales, Jalil invitó formalmente al presidente a venir a Catamarca. En el convite se sumaron los riojanos, y Fernández aceptó la propuesta conjunta, aprovechando la cercanía geográfica de las capitales riojana y catamarqueña. 

Conforme se acercaba la fecha de aquella visita se fue acomodando y reacomodando la agenda, lo cual sería finalmente decisivo para frustrar la llegada de Alberto. Es que la comitiva de Casa Rosada, que además de Fernández incluía seis ministros, decidió aterrizar a media mañana en la Rioja, y llegar a Catamarca después del mediodía. Efectivamente se realizaron las actividades en la tierra de Facundo Quiroga, pero la segunda etapa de la recorrida se abortó en cuestión de segundos, cuando llegó la noticia de que un colaborador del presidente -Daniel Arroyo- compartió con el intendente Insaurralde, quien había dado positivo de coronavirus. Fue el último 12 de junio, y el propio Fernández anunció en una pequeña filmación improvisada que era preferible no venir, decisión razonable ya que por entonces Catamarca no había registrado ningún caso de la enfermedad, y no había certeza de que pudiera estar infectado algún miembro de la delegación presidencial. Hubo también desilusión, ya que se esperaban grandes anuncios, y aunque los aportes para la Provincia igualmente se concretaron, ninguna autoridad local pudo obtener la valiosa foto con el Presidente. Fernández había estado en Catamarca en diciembre del año pasado, ya electo y a pocos días de asumir, pero todavía no pudo llegar como máxima autoridad en ejercicio de su mandato. Finalmente, el encuentro se produjo el último lunes en Capital Federal, y se registró allí la primera imagen de Raúl Jalil como gobernador y Alberto Fernández como presidente, desde el estallido de la pandemia. Anteriormente se habían reunido en enero de este año, siempre en Buenos Aires.

Los anuncios realizados en Casa Rosada fueron auspiciosos, y quedaron en manos de Martín Guzmán, el ministro de Economía que logró reencauzar un panorama negro, a partir de los compromisos que había dejado Mauricio Macri con los acreedores internacionales. Fue el ministro quien se dio el gusto de afirmar que “el 99 por ciento” de los bonistas privados habían sellado un acuerdo, flanqueado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. No fue casual que se haya citado a los gobernadores para el acto, considerado un verdadero relanzamiento de la gestión económica del Gobierno. Los mandatarios provinciales tuvieron antes una reunión en el Museo del Bicentenario, y allí hubo promesas de reactivación importantes, que como caballito de batalla tendrán la obra pública. 

La fórmula de la obra estatal, que ha dado resultado para salir de innumerables recesiones alrededor del mundo –desde Franklin Delano Roosevelt hasta aquí- genera esperanzas en todo el interior, y en particular en Catamarca, que ya inició gestiones por importantes trabajos que van desde la construcción de un nuevo edificio para el Hospital San Juan Bautista (a un costo de 1.000 millones), hasta obras viales de gran envergadura y el nuevo edificio del Poder Judicial. Nación, desde el retorno del peronismo a Casa Rosada, ya comprometió financiamiento para obras por 3.500 millones en Catamarca (incluyen el nuevo complejo de La Gruta, el entorno del Dique El Jumeal, obras hídricas y viales para 15 municipios, etc.), y todo parece indicar que también habrá generosos desembolsos en el próximo Presupuesto, una ratificación más –por si hacía falta- de la importancia de estar en buena sintonía con el poder central.

Por lo demás, la foto con Fernández le viene muy bien a Jalil, ya que la investidura presidencial siempre tiene peso propio, y máxime en el caso de Alberto, que cuenta con excelentes niveles de aprobación. Sin ir más lejos, la última encuesta difundida, realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), indica que siete de cada diez argentinos respalda la gestión de Alberto frente a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. Los datos del mismo sondeo reflejan que sólo el 24 por ciento de los encuestados evaluó al presidente de regular hacia abajo. Si bien los números no tienen una precisión científica, revelan un respaldo importante, a contramano del malestar que pretenden imponer los grandes grupos mediáticos, y las marchas motorizadas por la oposición. Es que, aun cuando Argentina atraviesa el peor momento de la pandemia, a nadie escapa que el país sigue lejísimo de los índices de mortalidad que se vieron en las principales potencias europeas, y también está a enorme distancia del desastre de Estados Unidos, Brasil o México. Ello no le resta gravedad al cuadro ni a sus consecuencias sociales o económicas, pero desconocer lo que se hizo bien sería un acto de necedad.

Aunque no se lo anuncie ni se lo comente, es probable que en los próximos tiempos –podría ser hoy mismo- sea tratado en la Cámara de Diputados el pedido de juicio político que, en agosto de 2018, presentara el abogado Eduardo Andrada. El despacho de mayoría, con lujo de detalles y meridiana claridad, avala las causales de un eventual juicio contra José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva que, de aprobarse, debería llevar a cabo la cámara juzgadora, la de los senadores. Los despachos de minoría son dos, ambos muy breves y parecidos. Sin defensa alguna de las acusaciones, como si nada hubiera ocurrido con los cortesanos que nombró el castillismo en sus años de apogeo, aconseja el rechazo lino y llano del petitorio. Para estos casos, la Constitución de Catamarca, a la que violaron de manera flagrante tanto Cáceres como Sesto, determina que la aprobación de este tipo de proyectos debe efectivizarse a través de una mayoría calificada. Concretamente por los dos tercios de los miembros de la Cámara, que son 41. Es decir que el peronismo necesita 27 votos para avanzar con el juicio político y solamente cuenta con 23 seguros, si es que no falta ninguno de sus miembros. El abanico opositor, conformado por 14 radicales, 2 PRO, y los representantes unipersonales de Unidad Ciudadana (Hugo Ávila) y Consenso Federal (Marina Andrada), completa 18 votos. Si todos ellos van en contra del peronismo, Cáceres y Sesto de Leiva seguirán en sus puestos.

Se trate cuando se trate –éste miércoles o en la última sesión ordinaria de noviembre- y se resuelva como se resuelva, el destino de los dos altos magistrados quedará marcado mientras dure su gestión. No solamente violaron la Constitución a la que juraron respetar, sino que hicieron trampas para aparentar legalidad y, durante sus largos mandatos (Cáceres tiene 78 años y Sesto 77), tienen fallos controvertidos y conductas impropias de un ministro de la Corte. Por ello, los que impidan el juicio político quedarán señalados para siempre como responsables de haber apoyado a dos personas que, hasta su retiro, serán cuestionados y hasta señalados como “jueces truchos” ante cualquier fallo. Recordemos, además, que en el caso de José “Pepe” Cáceres, no puede dejar de considerarse que fue quien desafió a toda la cámara a que le hiciera un juicio político, el que llegó por la vía de un abogado particular. Tanto se burló que catalogó a sus miembros como émulos de “Piñón Fijo” o “El Chavo del Ocho”, cuando no trató irónicamente de “jurisconsulto” al diputado Augusto Barros.

En la sesión pasada de la Cámara Baja, como se sabe, cinco diputados del Frente de Todos (Daniel Lavatelli, Armando López Rodríguez, Armando Zavaleta, Verónica Mercado y Hugo Corpacci) faltaron a la cita y casi frustran que se apruebe el empréstito que había pedido el gobernador Jalil para llevar adelante obras de infraestructura. La oposición, en valorable alianza con el oficialismo, impidió que el peronismo pasara un papelón perdiendo una votación clave cuando tiene amplia mayoría. Si esta situación se repitiera a la hora del tratamiento del pedido de juicio político a los jueces, no caben dudas que la derrota peronista estaría sellada de antemano y los ausentes quedarían en reprochable posición política. Les guste o no les guste la alianza de hecho que el gobierno sostiene con el senador Oscar Castillo, existen situaciones donde los costos políticos a pagar pueden ser muy altos.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque rememoramos acontecimientos del pasado cercano.
Los problemas con el servicio de agua potable en San Fernando del Valle vienen desde lejos en el tiempo. En el año 1995, más precisamente el 28 de agosto, el exdiputado provincial “intransigente” denunciaba públicamente, por no dar respuesta a la gente, a quien era administrador de la ex Obras Sanitarias, el ingeniero Jorge Marcolli. Sánchez se quejaba de que el barrio Latino, donde vivía y comprendía al cuadrante formado por las calles Ayacucho, República, Caseros y Mota Botello, no se suministraba el líquido elemento por más de tres días. Aunque en menor medida, en algunas épocas del año, esos inconvenientes no terminan de desaparecer.
 

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