Gran malestar provocó en el Poder Judicial la decisión de mantener abiertas las oficinas de atención al público, en momentos en que todos los integrantes del COE provincial coinciden en señalar lo preocupante de la situación. De este modo, mientras toda la ciudad Capital (junto con Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, La Paz y Belén) retornó a la Fase Uno de aislamiento, y la Administración Pública Provincial cerró sus puertas, los trabajadores judiciales deben seguir cumpliendo tareas y se preguntan si es que por alguna razón se los considera inmunes al virus. Ocurre que en muchos casos no se trata de “teletrabajo”, sino de recibir a cientos de personas que se acercan a dependencias como juzgados y defensorías y que deben ser recibidas por empleados inquietos por su salud y la de sus familiares. La situación se agrava más porque en muchas oficinas se licenciaron también a ordenanzas y auxiliares, de manera que los propios judiciales deben cumplir con tareas de limpieza básica. Las quejas van en aumento porque, para completar el desolador panorama, no cuentan con elementos necesarios para protegerse y las condiciones en que cumplen sus tareas van a contramano de todos los protocolos. 

Cuando alguno esboza un planteo, comentaron a este secretario, lo tratan de vago y de no querer trabajar, pero los empleados piden un mínimo de consideración y cuidado ante un cuadro sumamente delicado. Con justificada razón, se preguntan quién se hará cargo si alguno contrae el virus por desconocer las disposiciones del COE, o peor aún, si por contraer la infección terminan enfermando a algún adulto mayor de la familia. El caso merece atención porque refleja falta de coherencia cuando el mensaje de las autoridades, desde el Gobernador para abajo, pasa por aferrarse al distanciamiento social y el respeto de las normas para evitar que el panorama empeore en los próximos días. No se descarta que en la semana entrante haya un pronunciamiento oficial del gremio judicial, porque trascendió que ya hubo trabajadores que presentaron síntomas como cuadros febriles y el resto de los compañeros quedó en vilo y con órdenes de aislarse hasta conocer los resultados del hisopado. Un problema totalmente evitable, que desnuda además el atraso tecnológico del área judicial, que no puede ofrecer un sistema de turnos o atención online como hacen la mayoría de los organismos provinciales y municipales. Es un verdadero despropósito que mientras se aplican multas y sanciones a quienes se reúnen, por ejemplo, en una vivienda familiar, a otros ciudadanos se los exponga de esta manera. Sobre todo porque realizan trámites que no se resuelven en el día y que tranquilamente podrían seguir su curso sin presencialidad.

Con gran satisfacción se cerró la jornada del último jueves en la Municipalidad de la Capital, donde el intendente Gustavo Saadi y el flamante secretario de Gobierno, Fernando Monguillot, cerraron el acuerdo salarial con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), que no sólo pone fin a la compleja negociación salarial, sino que cierra todo margen de conflicto hasta marzo del año próximo. Después de muchas jornadas de enérgicas protestas, incidentes y caos en el microcentro, el gremio que conduce Walter Arévalo y la comuna encontraron un punto de equilibrio. Aunque el líder del sindicato rechazó la foto oficial y no asistió a la ceremonia de rúbrica del acuerdo, sí lo hicieron los principales directivos, encabezados por el secretario adjunto Luis Álamo. Lejos de exhibir esta solución como un triunfo, desde la Municipalidad se optó por brindar la información con una postura muy moderada, porque la idea es utilizar este acuerdo para reencauzar definitivamente el diálogo y no dar cabida a ningún gesto que pueda romper la armonía encontrada. En definitiva, el SOEM llegó a un muy buen arreglo, ya que se estableció un incremento fijo de 5.500 pesos para todos los empleados de planta que van de las categorías 1 a la 11, porque a los 3.500 pesos cedidos ahora (que se cobrarán a partir de noviembre con los sueldos de octubre), deben añadirse los 2.000 pesos que ya venían cobrando desde principios de año en concepto de adelanto de paritaria.

De este modo, hasta marzo de 2021 no volverá a tocarse el tema salarial en Capital, y es toda una noticia porque entre los más de 5.000 municipios que hay en el país, sólo dos superaron la puja con los gremios consolidando aumentos y acuerdos: las comunas de Vicente López, en Buenos Aires, y la Capital catamarqueña. Además, se resolvió duplicar los conceptos abonados de asignaciones familiares también desde octubre, con lo cual se da respuesta a un reclamo que el SOEM mantenía desde 2014, exigiendo que se equiparara este ingreso con lo que pagaba Provincia. La negociación fue considerada como un buen arranque para la gestión de Monguillot, quien asumió hace pocos días para reemplazar a Gustavo Aguirre, quien a su vez asumió como ministro de Seguridad. Queda pendiente la negociación con los denominados “precarizados”, en realidad beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja, que arrancaría esta misma semana y con buenas expectativas.

Mañana llegará la primavera sin nadie que la reciba, al menos si es que se cumplen las restricciones impuestas a nivel oficial en el marco de la emergencia sanitaria. Por primera vez, no habrá picnics ni salidas estudiantiles autorizadas y, a través de un comunicado, la Policía provincial advirtió que habrá estrictos controles en puntos estratégicos para impedir que se viole esta medida. El temor que generaba la posibilidad de una movilización masiva de jóvenes, como año tras año sucede, especialmente en localidades como El Rodeo, Las Pirquitas o el balneario municipal, llevó a muchos ciudadanos a preguntarse si este retroceso de fase obedece en verdad a la situación epidemiológica o es una suerte de medida preventiva extrema para lamentar males mayores. Esta duda surge porque pese a algunos comentarios ambiguos, el COE nunca confirmó que se haya ingresado en la etapa de circulación comunitaria y porque la salida de Fase 1 se anunció rápidamente para el martes, el día siguiente a la jornada en que tradicionalmente se realizan los festejos.

Desde los tiempos de Luis Varela Dalla Lasta hasta el presente, en que la conducción está a cargo de Francisco Gordillo, en el ministerio de Educación  hubo mar de fondo por designaciones inconsultas, movimientos de personal y hasta millonarios faltantes de dinero público. La historia parece repetirse. El actual ministro ha recibido fuertes acusaciones por nombramientos supuestamente irregulares, algunos de los cuales habrían favorecido a familiares directos. La situación alcanzó hasta una denuncia penal, “por probables hechos delictivos”, que fuera presentada en sede judicial por el arquitecto Fernando Rivera que, además, pidió a la Fiscalía de Estado que se constituya en querellante particular para defender el patrimonio provincial. Una misiva similar le envió al gobernador Jalil. Hasta ahora, la respuesta del ministro Gordillo fue ordenar una auditoria de todos los nombramientos que se realizaron de 2019 hasta la fecha, en tanto el titular de la dirección de Asuntos Jurídicos del ministerio de Educación, Tadeo Herrera, hizo un descargo que fue ampliamente difundido por los medios del Grupo Ancasti. Frente a ello, el arquitecto Rivera ratificó su postura de la siguiente manera: “No me sorprende la publicación en un medio de corte oficialista y llama la atención que este señor Tadeo Herrera se presente el 17 de septiembre cuando mi denuncia, por designaciones irregulares, se remonta al día 3. Tuvo tiempo de sobra para desmentir nombramientos que están en investigación y podrían ser muchos más”.

“Acá no se sabe bien qué fase rige…todo depende con qué humor se levante Elpidio”. La frase pertenece a un productor agropecuario del Este catamarqueño y, obviamente, alude a Guaraz, el polémico intendente santarroseño. Al parecer ayer, por lo que nos explicaron, el pasaje de vehículos entre Los Altos y Bañado de Ovanta fue muy complicado. Las autoridades del primero de los distritos analizaban los alcances del decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio y esperaban autorización del COE de Bañado de Ovanta para tomar una decisión que llevó a varios transeúntes a soportar una espera de horas. Llama mucho la atención este caso porque Santa Rosa no figuraba entre los departamentos que, desde el viernes y hasta el martes a las 24, han regresado a la fase uno, lo que presupone que el tránsito dentro de toda la jurisdicción de Santa Rosa debía ser libre y sometido solamente a los controles de rigor vial.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque rememoramos acontecimientos del pasado cercano.
La tarea del exgobernador Arnoldo Castillo, durante su segundo mandato democrático, fue condicionada por su estado de salud. De esta manera, el 5 de julio de 1995, al salir de su casa para asistir a los actos por el aniversario de la ciudad Capital, cayó al piso y se fracturó la clavícula. Ello determinó que fuera internado, guardara reposo y, 20 días más tarde, fuera objeto de chequeos médicos generales en la Capital Federal. Su salud, de hecho, le impidió en 1999 ir por un tercer mandato consecutivo, por lo que le dejó el lugar a su hijo Oscar.

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