Apuntes del Secretario

miércoles, 23 de septiembre de 2020 00:57
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El contrato por la obra del siglo –famoso emprendimiento para construir una línea de cloacas sur-norte en la Capital- se firmó en diciembre de 1990. Aunque parezca mentira, cuando han pasado casi 30 años, todavía la controversia que generó no ha sido resuelta y amenaza con convertirse en la máxima irresponsabilidad institucional de los tiempos democráticos. Bajo los gobiernos de Ramón Saadi en provincia y Menem en la Nación, la empresa Noruzi  recibió importantes adelantos de dinero por parte del gobierno federal y comenzó la obra. A poco de andar, sin embargo, el proyecto que había entusiasmado a los catamarqueños se derrumbó como castillo de naipes. No había alcanzado el 12% de avance cuando la maquinaria de construcción quedó paralizada. Era el principio de una historieta de cruces y mandobles que llega hasta nuestros días y, como ocurre generalmente, teniendo todo para ganar, el Estado-bobo puede llegar a perder. 

Lo más curioso del caso es que (la causa) tiene sentencia judicial firme contra una empresa fantasmagórica –en realidad no existe más- que nunca reparó los daños ordenados por diversas instancias del Poder Judicial. En 1993, aparte de llamar a una nueva licitación, el gobierno de Arnoldo Castillo rescindió el contrato rubricado en la festiva noche de diciembre de 1990 y ordenó que Fiscalía de Estado trasladara el caso a la Justicia provincial. En 1998, la Corte de Catamarca condenó a Noruzi a pagar el daño ocasionado a la provincia, a algunos gremios, a empresas de seguro y a varios abogados que actuaron en el proceso. Eso, hasta la fecha, no se ha cumplido y es el antecedente más nefasto que pesa sobre la Justicia de Catamarca, pródiga en condenar severamente a ladronzuelos, violadores o asesinos del bajo fondo que pueblan la cárcel y nunca a los políticos o empresarios con poder de lobby.

Hace un par de años, cuando nada lo hacía suponer, por su rol de Fiscal de Estado, el abogado Carlos Bertorello presentó en un juzgado comercial un pedido de nulidad de todo lo actuado por el síndico de la quiebra de Noruzi, Pedro Silverio Vega, con lo cual le ponía fin a los reclamos del Estado. Según los argumentos esgrimidos, (Bertorello) lo hacía para salvaguardar al Estado de un posible revés judicial que lo llevara a pagar todos los gastos del interminable proceso. Curioso razonamiento. Más o menos como capitular en una batalla donde se lleva la delantera. Además, objetaba lo actuado por el síndico, en orden a que, según él, había sido mal nombrado por otro exFiscal de Estado, Simón Hernández. Para Bertorello, éste último requería un decreto del exgobernador Brizuela del Moral para tomar esa medida y ese instrumento legal no existió. Como lo dijimos en su momento, se trata de un verdadero sofisma. Hace tiempo que, por la Constitución y pronunciamiento de la Corte de Catamarca, se reconoce que el cargo de Fiscal de Estado tiene independencia funcional del gobierno de turno y, por lo tanto, puede disponer de medidas como la tomada por Hernández. De hecho, Bertorello estableció el pedido de nulidad –de progresar habría resuelto para siempre el affaire Noruzi- sin que existiera decreto de Lucía Corpacci. La exgobernadora únicamente firmó uno que dilucidaba el tema de la quiebra, no la extensión de responsabilidades que, en acuerdo con los acreedores, presentó el síndico Vega para avanzar sobre quien fuera propietario de Noruzi, Silvestre Zitelli, y las personas a quienes transfirió la empresa cuando Arnoldo Castilllo se aprestaba a rescindir el contrato.

La causa dormía el sueño de los justos hasta que apareció la jueza comercial, María Eugenia Cano. Rechazó de plano el pedido de Bertorello y mantuvo la tesitura que debe resolverse la extensión de responsabilidades que interpuso el síndico. O sea que vale lo actuado en la década pasada por Simón Hernández y, por ende, el galimatías concursal, lo deberá resolver un tribunal de alzada. A partir de que se conociera públicamente el fallo de la jueza y la inmediata apelación de los abogados de Noruzi (Ricardo Angelina y Cecilia Martín), que son los mismos profesionales que defienden a Silvestre Zitelli, comenzaron los cruces entre los bandos en pugna. El primero en saltar fue el empresario periodístico Silvestre Zitelli, quien firmó una carta en el diario de su propiedad (El Ancasti) y disparó munición gruesa contra los abogados Roberto Urioste y Ana Soledad Pais de Soria, a los que sumó al síndico, Pedro Vega. Los acusó de pretender enriquecerse y que “el Estado continúe financiándoles la codicia” (¿...?. Se trata de un pensamiento opinable, pero que ataca la propiedad privada, toda vez que los abogados, o un síndico, cobran para trabajar y actuar en una causa. Y lo que le regulan de honorarios es de su propiedad. Por último, en el escrito se desliza una gran falacia. El empresario afirma que “Lucía Corpacci y Bertorello” desistieron de las demandas.  En el caso de la primera no se ajusta a la verdad. Ella firmó un decreto referido a la quiebra, no a la extensión de responsabilidades, tópico sobre el cual falló la jueza Cano. En síntesis. Más que aclarar, el escrito que firmó Zitelli oscurece y representa un mensaje temerario para el tribunal de alzada que vaya a considerar la decisión de la jueza.

El nuevo capítulo de la “Obra del Siglo” tuvo como protagonistas a Roberto Urioste y Carlos Bertorello, dos abogados enfrentados frontalmente por esta cuestión. El primero, en un reportaje concedido a El Esquiú –único medio que sigue palmo a palmo el tema-, no anduvo con vueltas para analizar el dictamen de Virginia Cano. “La sentencia fulmina el rastrero incidente procesal pergeñado por el exFiscal de Estado, Carlos Bertorello, que en connivencia con los apoderados de Zitelli trató de extinguir la viabilidad  de la acción concursal por la cual el síndico de la quiebra, contador Pedro S. Vega, demanda la extensión de responsabilidad de Zitelli y otros que, claramente,  se beneficiaron con la licuación del patrimonio de Noruzi, hoy en quiebra”. Añade Urioste: “Por dicha sentencia, la jueza rechazó categóricamente la delictuosa nulidad urdida por Bertorello que graciosamente, en malicioso y orquestado fraude procesal, acompañaron los apoderados de Zitelli. Ayer, por las mismas páginas de El Esquiú, sin nombrarlo, Bertorello le contestó a Urioste. Independiente de negar que tenga relación con Noruzi, indicó “nunca tomé medidas que afecten derechos, sino que se dejó la decisión en manos de la jueza y las instancias superiores”, al mismo tiempo que advirtió que irá contra Urioste (lo trata de “personaje”) en la propia Justicia. Veremos cómo sigue el culebrón, pero es la Justicia la que permitió que la situación llegara a un punto extremo. Lo repetimos: van 30 años desde que se inició la fallida “Obra del Siglo” y todavía se mantienen pleitos que, en 1998, parecían finiquitados con el fallo de la Corte de Catamarca que condenó a Noruzi.

La denuncia por discriminación contra la Corte de Justicia planteada en el Inadi por la empleada Blanca Guillermina Jouliá Figueroa, con el patrocinio del abogado Eduardo Andrada, ha movilizado a los representantes del alto tribunal a tomar medidas. Por suerte no hubo represalias y, en cambio, se aceptó que el reclamo de ser promocionada es el escalafón en base a la antigüedad era un derecho de la empleada, la cual fue ascendida a “escribiente” y se le deberá abonar la diferencia de sueldos con retroactividad a mayo de 2016. El reclamo, por cierto, seguirá vigente en el Instituto Nacional contra la Discriminación, más teniendo en cuenta que la Corte está aceptando que Jouliá Figueroa no fue tenida en cuenta cuando le correspondía, al igual que decenas de empleados que sí fueron promocionados.

Nada se sabe de la causa penal que involucra a los excamaristas Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales quienes, en un video, aparecieron cobrando una supuesta coima a cambio de un fallo equis. Esto es lo único concreto de un hecho que produjo una gran conmoción pública y una viralización récord en las redes sociales. Después vino la convocatoria a Jury de Enjuiciamiento para los magistrados, lo que adelantó sus renuncias antes de ser sometidos a una investigación pública donde a nadie escapa que podrían saltar otras miserias ciudadanas. De la cuestión de fondo no hay información. Por ejemplo, nadie sabe quién pagó la supuesta coima y, de ser verdadera, si no hubo otros casos similares con los mismos protagonistas. El Esquiú, extraoficialmente, pudo saber que la eventual “negociación” tuvo que ver con el asalto al comerciante “Pirulo” Morales ocurrido años atrás. Los detenidos por el hecho o sus allegados podrían ser los autores del soborno y la sospecha de que existen más casos surge del propio video. En uno de sus tramos, uno de los dos camaristas advierte que faltaba parte del botín supuestamente convenido y que no quería que sucediera lo mismo que había ocurrido tiempo atrás con un gremio local. ¿Estaba refiriéndose a “cometas” anteriores? Eso y mucho más es necesario que se dilucide y que la Justicia dé respuestas contundentes a la sociedad. No puede quedar con que la renuncia le pone punto final a la turbia historia. Será tarea del juez de la causa, al igual que impedir el avance de las fuerzas corporativas que existen en la Justicia y que nadie las puede discutir.

El Esquiú.com

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Comentarios

23/9/2020 | 12:02
#0
nunca va a devolver la guita el tano, al contrario, va a seguir cobrando del estado porque las autoridades no tienen lo que hay que tener y le terminan besando los pies

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