Una jueza en comisión, Delia Isabel Arias, produjo esta semana un fallo de escándalo y reabrió una polémica que tuvo origen hace siete años cuando el gobierno de Lucía Corpacci llevó adelante una obra de energía en la cuesta de El Portezuelo, pasaje obligado hacia los pueblos de Ancasti. Ordenó reparar el daño ambiental que pudo producir la línea de 33 kilovatios Santa Cruz-Las Antenas y reducir a la nada lo que produjo la constructora, esto es, bases, postes, columnas de cables y transformadores. Todo porque se cambió la traza inicial de la línea y, caprichosamente, se insiste que se afectó el patrimonio cultural que, por ley, incluye a la cuesta que inspiró a don Polo Giménez. 
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Para ubicar al lector hay que decir que esta obra fue adjudicada a una empresa prácticamente desconocida –de nombre Gabiola- y sin el peso político de otras que, superando como sea cualquier escollo legal, estafaron al Estado. Gabiola, en su momento, pidió al Estado cambiar el proyecto porque se corría el riesgo de caer en el mismo problema que motivó la obra. Esto es que la línea pasara por una profunda hondonada que, por vientos, nieve o lluvia, cada tanto se caía y dejaba sin energía a la zona. Recuperarla llevaba semanas y los obreros, arriesgando su integridad física, debían bajar a las profundidades y trabajar en condiciones muy peligrosas. Por ello, con toda lógica, se cambió el proyecto y la línea bordeó la cuesta.
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Pudieron haber existido vicios formales, pero no se puede justificar el fallo. Esto debió observar la jueza, por lo que no tardó en llegar la apelación de la Fiscalía de Estado que, con razón, alega que la prioridad es no dejar sin energía a las poblaciones que se ubican allende la cuesta. Además, debe considerarse que este tipo de tendidos eléctricos por sobre laderas montañosas existen en todo el mundo y el daño ambiental que producen (propio de todo movimiento de tierra) es mínimo en proporción a sus beneficios.
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