A tiempo que se anunció la fecha de asunción de los nuevos miembros de la Corte de Justicia -Hernán Martel y Fabiana Gómez jurarán en octubre-, está confirmado que los próximos concursos para jueces y fiscales serán considerados por la llamada Comisión Evaluadora que, en reemplazo del Consejo de la Magistratura, creó la administración Jalil con la clara intención de dejar de lado la influencia política que, a no dudarlo, corroía casi todos los procesos de selección que existieron hasta el presente. Sin embargo, aunque habrá que esperar ver los resultados que se darán en el tiempo, muchos sospechan que algunos factores políticos no desaparecerán de la noche a la mañana. En este marco, no extrañó que hace un par de semana abogados de renombre -Horacio Pernasetti, Leticia Llopis, Rosario Andrada, etc.- presentaran una acción de amparo contra la estratégica comisión que integran Fernanda Rosales (Asesora de Gobierno), Víctor Russo (titular del Colegio de Abogados), Marcia Lozada (presidenta de la Asociación de Magistrados) y Gonzalo Salerno (decano de la facultad de Derecho de la UNCA). Para esos abogados y para los que siguen la política, detrás de estos nombres hay personas o instituciones con poder de influir en decisiones trascendentales como las de nominar a miembros del Poder Judicial.

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Las sospechas que referimos, por las voces que se repiten en los mentideros de la política, apuntarían al exembajador y conocido operador judicial Guillermo Rosales, a quienes irónicamente algunos ya le llaman el “Angelici de Catamarca” al compararlo con el expresidente de Boca Juniros que, como lo sabe hasta el más despistado, influyó a favor del expresidente Mauricio Macri en peliagudos pleitos judiciales. En esa dirección, apuntan que Rosales tendría asegurados dos votos en la Comisión Evaluadora. El de su hija Fernanda y el de Víctor Russo, toda vez que fue el armador de la lista que consagró a ambos en el Colegio de Abogados. Pero, además, su poder en los tribunales de Catamarca se extiende a magistrados que le responden y hasta tiene otro hijo suyo –Pablo Rosales- que saltó a los primeros planos al ser nombrado sorpresivamente camarista. Por supuesto, volviendo a la Comisión Evaluadora,  también cuentan Lozada y Salerno. Este último, hijo del exrector y exdiputado radical Julio Salerno, es el presidente del cuarteto evaluador y, por lo tanto, tiene doble voto en casos de posiciones equilibradas.

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El último fallo de la Corte de Catamarca, referido a un eventual derecho de las minorías en la integración de los concejos deliberantes del interior, ha merecido serios cuestionamientos. Formaron mayoría de 3 votos contra 2 José “Pepe” Cáceres, Amelia Sesto de Leiva y el subrogante Julio Bastos y, aunque debe resolverse una apelación, intentan favorecer a candidatos radicales que perdieron por paliza en los distritos de Pomán, El Alto, Tinogasta, Aconquija y Londres en las elecciones de octubre del año pasado. Obviamente que los “malos pensados” inmediatamente relacionaron las ideologías de estos tres jueces con la UCR o de la estrecha relación que mantiene Cáceres con el apoderado “rojiblanco”, Luis Lobo Vergara. Como ya lo comentamos, para llegar a su conclusión, los magistrados nombrados dieron más valor a la ley electoral que a la propia Constitución y no tuvieron en cuenta que, con su silencio, avalaron casos similares de los años 90 cuando el que perdía por muerte era el peronismo y valía el sistema proporcional y no la ley electoral. Por otro lado, el terceto Cáceres-Sesto-Bastos fue el que armó la triquiñuela para permanecer en la Justicia siendo jubilados y haber superado la edad que establece la Constitución. En síntesis: antes violaron la ley de leyes y, con sus fallos, lo siguen haciendo.

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Por el mismo caso de las minorías votaron en disidencia Miguel Figueroa Vicario y Raúl Cippitelli. La decisión de este último fue de una coherencia absoluta. A pesar de que proviene de aguas radicales, entendió que es un absurdo avalar minorías con el 2% de un padrón que, en los casos de algunos distritos, no alcanza para dar legitimidad. Aparte, aplicó aquello de que “ley pareja no es rigurosa”. Si durante aquellos se aplicó el sistema D’Hont que proclama la Constitución para los concejos deliberantes, por qué de pronto había que cambiar. Convendría preguntarles a estos tres jueces, especialmente a Cáceres.

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El Poder Ejecutivo promulgó la ley 5.654 que modificó la Carta Orgánica que rige los tribunales de Justicia. Entró en vigencia el 31 de julio de este año al ser publicada en el Boletín Oficial. Sin embargo, ni la Corte ni el Colegio de Abogados bregaron por cumplirla o hacerla cumplir y, de esa manera, ya surgieron algunos barullos que hacen demasiado ruido. Es que el instrumento de marras, entre otras cosas, modifica el sistema de subrogancias y, por ejemplo, un secretario no puede reemplazar y fallar por un juez, so pena de convertir en nula a su decisión. Eso ha ocurrido con la secretaria Delia Isabel Arias que, como jueza subrogante, dictó sentencia e hizo lugar al recurso de amparo que se había presentado por construcción de un tendido eléctrico en la Cuesta del Portezuelo. Esta profesional había sido elevada al rango de jueza por una acordada de la Corte de Justicia, la cual quedó desnaturalizada al promulgarse la nueva ley. Por lo tanto, según el abogado José Alberto Furque, su fallo es nulo por aplicación del artículo 6 que modifica al 24 de la vieja ley y la inhabilitaba para dictar sentencias cuando ya no estaba facultada para hacerlo. “Las leyes se promulgaron para ser cumplidas y tristemente en Catamarca quienes deben respetar y dar el ejemplo no lo hacen, pero sí cobran jugosos sueldos, libres de impuestos y nadie controla efectivamente el rendimiento del servicio de Justicia”, señaló el exdiputado nacional al ser consultado por este diario.

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A propósito de la causa que se siguió por el cambio de traza del tendido eléctrico sobre la cuesta de don Polo Giménez, la defensa de la empresa constructora añadió que el hijo de la ministro de la Corte, Amelia Sesto de Leiva, no podía haber patrocinado el amparo porque sería empleado del Estado Provincial. Pero, más allá de serias exigencias reglamentarias que no se cumplieron en el proceso, el fallo de la secretaria Arias movió a un durísimo memorial que se presentó como recurso de apelación. Furque asegura allí que se trató de una causa absolutamente mediática, creada a instancias del diario El Ancasti, tema sobre el cual volveremos con las crónicas de rigor.

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Después de casi un año de apañar y defender con el silencio al intendente Aybar, la UCR tomó conciencia del costo político que significaba mantenerse al margen de la situación institucional que se vive en el municipio de Puerta de Corral Quemado, donde gobierna su correligionario. La tolerancia, después de recoger los frutos electorales que brindó el intendente en octubre pasado, llegó a su fin. Prácticamente todos los sectores partidarios lo dejaron solo y pidieron que se apliquen los mecanismos de relevo y, hasta tanto Aybar resuelva su delicada situación judicial, quede al frente del municipio Carlos Casimiro. El “hasta tanto”, obviamente, es para siempre. Aybar, que le ganó las elecciones al peronismo por la friolera de 772 a 398 votos, está acusado de un aberrante abuso sexual y fue condenado a seis años de prisión efectiva que, tarde o temprano, deberá cumplir en el penal de Miraflores. Ergo: que se olvide la política.

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El diputado Daniel Lavatelli (Frente de Todos) trató de tenderle una mano a Aybar al politizar el caso con un pedido de intervención al pequeño municipio del norte belicho. Por suerte, los legisladores radicales no dieron los dos tercios, e impidieron que el intendente quedara como una víctima. “El gesto” de Lavatelli, hay que decirlo, significó la primera derrota legislativa del oficialismo en lo que va de 2020, preámbulo de otra que asoma en el horizonte. Las ausencias de varios legisladores oficialistas en las últimas sesiones (Armando Zavaleta, Daniel Lavatelli, Jorge Andersch, Cyntia Gambarella, Maximiliano Rivera, Natalia Soria, Guillermo Marenco) no serían “flor del aire”, sino que estarían buscando que el pedido de tratamiento del juicio político contra Cáceres y Sesto de Leiva sea rechazado en el presente año. La permanencia de quienes aviesamente violaron la Constitución provincial (Cáceres y Sesto), como lo dijimos en otras oportunidades, forma parte del llamado “Pacto de Ipizca” que permitió la derogación del Consejo de la Magistratura y el aumento de 5 a 7 de los cortesanos.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque rememoramos acontecimientos del pasado cercano.
El 7 de julio de 1995 se producía la asunción de un funcionario en el área de Desarrollo Humano del ministerio de Salud. El extinto médico Daniel Plaza le tomaba juramento como nueva directora a Ana María del Valle Salas de Andreata. También participaba del acto el exsubsecretario de Acción Social, Cristian Vincenti.
Paralelamente, el titular de la Cámara Penal de 2da. Nominación,  y presidente del tribunal que iba a juzgar a Luis Tula y Guillermo Luque por el Caso Morales, Pedro Víctor Cúneo, presentaba su renuncia para acogerse a los beneficios de la jubilación.

El Esquiú