Un mes atrás nadie lo hubiera imaginado. Ni siquiera los propios beneficiarios de los cargos, Hernán Martel y Fabiana Gómez, quienes ayer recibieron el acuerdo del Senado y en una semana más, posiblemente, estén jurando como ministros de la Corte de Justicia. La realidad está indicando, sin embargo, que esta fue la decisión del gobernador Jalil quien, hasta para los cargos de mayor responsabilidad, prioriza a los más jóvenes antes que aquellos que puedan tener mayor experiencia. Esta vez, a diferencia de casos anteriores, desde la oposición le llovieron las críticas, al punto tal que la designación del binomio Martel-Gómez quedará asociada a su figura. Pero sobre el tema, obviamente, hay que hacer varias lecturas, no solamente una. La primera de ellas que es que se trató de un proceso totalmente legal. Los candidatos no recibieron ninguna objeción formal, pasaron la entrevista de la Cámara de Senadores, tuvieron impugnaciones que fueron consideradas por el cuerpo y sus pliegos se aprobaron por amplia mayoría. Catorce de los dieciséis integrantes del Senado votaron por la incorporación al máximo tribunal. Más allá de lo formal, como se sabe, estuvieron las consideraciones políticas, que vinieron desde la oposición y de un grupo de abogados que, aun a sabiendas del resultado final, buscaron hacerle pagar el costo político al gobierno y, tal vez, condicionar el acceso a la Corte de los elegidos. A los dos los asociaron al poder político, lo que a priori resulta indiscutible. Martel es figura ampliamente reconocida del peronismo y Gómez, en menor medida, también lo es. Se aludió, asimismo, a su falta de trayectoria, a sus antecedentes y al escaso apego a los tribunales. Hasta allí, aunque hayan sido rechazados, los argumentos no admiten mayores discusiones. El único problema es que los censores de la hora, salvo excepciones, carecen de la autoridad moral mínima para criticar lo que ellos mismos, en otros momentos, hicieron.

Efectivamente. La oposición, por más de 25 años, hizo de la Corte de Catamarca su guarida preferida para definir innumerables cuestiones de orden político y la designación de sus tres miembros (Vilma Molina y Figueroa Vicario recién se incorporaron en 2017) fue igualmente escandalosa, con la única diferencia que tuvo apoyo del peronismo desde bambalinas. José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva juraron como ministros a contramano de la opinión oficial del Colegio de Abogados, que les advirtió que la Constitución les impedía postularse por ser jubilados. En el caso de Cáceres, por las dudas falten detalles, el exgobernador Arnoldo Castillo le aceptó la renuncia el 1 de julio de 1995 y lo volvió a hacer jurar el 28 del mismo mes, después que sus pliegos pasaran por la Cámara de Senadores sin aludir a que se estaba violando la Constitución. Lo de Raúl Cippitelli no fue menos colorado: pasó del ministerio político a la Corte sin escalas de ninguna naturaleza. Con estos antecedentes, el reclamo de estos días pudo ser justo, pero sin contra con el respaldo de los buenos ejemplos.

Independiente de todo este proceso, resulta una verdadera ironía que la oposición haya salido a criticar medidas para las que, decisivamente, contribuyó. Nadie puede ignorar que hubo colaboración (¿cuánto habrá costado?) del principal partido de oposición, la UCR, para que se elevara el número de miembros de la Corte de 5 a 7. Sus legisladores, a la hora de discutir y oponerse, por orden superior, faltaron a la sesión clave y permitieron que el peronismo resolviera cuestiones vitales de la Justicia. Después vino la comedia de las protestas, impugnaciones y amenazas de judicialización que no fueron más que cortinas de humo para tratar de disimular la entrega. Ahora no pueden salir a llorar lo que no supieron defender como podían y correspondía. Y hasta cabe un agregado adicional: la UCR es la responsable directa (no el PRO o la llamada Coalición Cívica) que el peronismo tenga mayoría absoluta en el Senado y maneje los dos tercios a gusto y piacere. En las elecciones de 2019, de las 8 bancas que se ponían en juego las perdió a todas. Y en 2017, apenas ganó 2. En ambos casos, por decisiones equivocadas de una conducción omnímoda y perversa que, por si fuera poco, tiene los mandatos vencidos desde junio pasado.

Después del largo conflicto que enfrentó Susana Zenteno en Valle Viejo, y las incómodas semanas que se vivieron en Capital con las protestas del SOEM, otro municipio del Valle Central vislumbra horas de tensión en el horizonte. En este caso se trata de Fray Mamerto Esquiú, y a diferencia de las otras comunas la disputa no involucra directamente a trabajadores, sino que se enmarca más en una batalla institucional. Básicamente, el Concejo Deliberante quiere trabajar con un presupuesto propio y mayor autonomía, mientras el intendente Guillermo Ferreyra insiste en que no están dadas las condiciones económicas para acceder a las exigencias de los ediles. 

Con los números sobre la mesa, mezclados con diferencias políticas, los concejales ponen el acento en los nombramientos de funcionarios, sugiriendo que representan un gasto mayor al que se les niega a ellos. Así las cosas, Verónica Segura y Daniel Vildoza lanzaron la idea de interpelar al jefe comunal, y hasta deslizaron la posibilidad de promover un juicio político, para lo cual –aseguran- están reuniendo información y esperando el momento adecuado. El eje de la discusión es el gasto en nombramientos que quieren hacer en el Concejo Deliberante, por una suma que contando los nuevos sueldos rondaría los 600.000 pesos y fue rechazada por Ferreyra. Los concejales sostienen que los cargos creados por el intendente demandan un gasto superior, cercano al millón de pesos, y por eso descalifican sus argumentos; a lo que Ferreyra responde a su vez que creó nuevos espacios en el Ejecutivo pero sin utilizarlos. Muy lejos están de llegar a un acuerdo, y seguramente las diferencias se agudizarán en los próximos días. Mientras tanto, y cuando todos los municipios son asistidos por Provincia para cumplir con sus obligaciones, Daniel “Telchi” Ríos picó en punta con los acuerdos y otorgó un interesante aumento a los municipales de Belén, que impactará en todos los empleados según su antigüedad y categoría. Un buen golpe de Ríos, en momentos en que otras comunas, como Recreo o la misma Capital, recién transitan por períodos de conciliación sin definiciones. En el caso capitalino, sin embargo, debe recordarse que hubo mejoras para becados, y que todos los empleados cobran desde hace meses un incremento de 2.000 pesos, otorgado “a cuenta” de las paritarias, todavía no resueltas. Lo cierto es que casi todos los intendentes enfrentan serias dificultades por la caída de la recaudación, y ruegan por una mejoría de ingresos de cara a los aguinaldos de diciembre, que por muy lejano que parezca es un compromiso que está “a la vuelta de la esquina” y se hará sentir en poco más de 90 días.

La llegada de Gustavo Aguirre al Ministerio de Seguridad, altamente posible, será el tercer traspaso de funcionarios capitalinos a la Provincia, lo que permite considerar al municipio que conduce Gustavo Saadi como toda una cantera para el equipo de Raúl Jalil. El gobernador ha convocado a distintos hombres y mujeres con funciones importantes en la comuna para sumarlos a su elenco, detalle que no ha pasado desapercibido en el municipio. De esta manera, Rafael Ponzo Florimonte, que estaba al frente de la Caja de Crédito Municipal con el cargo de gerente, se sumó a la Caja de Prestaciones Sociales, luego reconvertida en la flamante Caja de Créditos y Prestaciones Provincial. El mismo destino tuvo Stella Nieva, quien en diciembre último había asumido como subsecretaria de Acción Social de la Capital, y Aguirre también dejará vacante la secretaría de Gobierno y Coordinación en la administración de Saadi. Una trilogía que no es poca cosa cuando ambas gestiones apenas superaron la mitad de un año, y que bien puede reflejar el buen entendimiento entre gobernador e intendente, ya que hasta aquí no hubo quejas ni reparos por los obligados cambios que debe realizar el jefe municipal cada vez que le quitan un jugador. De hecho, físicamente también debió desplazarse el propio Saadi, quien se había instalado para sus audiencias en el predio del Centro de Innovación y Desarrollo (un viejo caserón sobre el amplio predio de Avenida Presidente Castillo), sitio que ocupó hasta que el gobernador Jalil se lo pidió como despacho alternativo por los arreglos encarados en Casa de Gobierno.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque rememoramos acontecimientos del pasado cercano.
El 22 de junio de 1995 se llevaban a cabo las III Jornadas de Comunicación, bajo la denominación de “Investigación Periodística y Estado de Derecho”. Tomaban parte de las mismas personalidades del periodismo argentino como Román Lejtman, Mona Moncalvillo y la investigadora del Conicet, Alcira Argumedo. Las presentaciones estuvieron a cargo de Marcelo Gallo (diario La Unión), la licenciada Patricia Saseta y el sociólogo y docente de la Universidad, Mario Alanís. Los periodistas Edgardo Moreno y Víctor “Paco” Uriarte, en el arranque, condujeron el tema “Demandas sociales y políticas comunicacionales”.

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