Mientras la UCR continuó la semana anterior con teóricos y simulados ataques a las modificaciones que, en el ámbito de la Justicia, produjo el gobierno, la realidad política está pasando por otro lado. La actual conducción partidaria, de neto corte “oscarcista” (en homenaje a don Arnoldo está bueno no llamarle castillista), fue la que permitió el aumento de los integrantes de la Corte de Justicia y la derogación de un Consejo de la Magistratura que, aparte de inconstitucional (lo aceptó el doctor José Cáceres, mandamás histórico del máximo tribunal), jamás produjo los resultados de estructurar una Justicia alejada del poder político y que llegara a garantizar la cacareada independencia de poderes. Lo que vino después del “Acuerdo de Ipizca”, que permitió al oficialismo sesionar en soledad y, en un par de horas, aprobar proyectos como los nombrados que, en el mejor de los casos, se discuten durante años, fueron auténticos sofismas. Esto es, una falsa defensa de la institucionalidad. Las impugnaciones a las designaciones de Hernán Martel o Fabiana Gómez, como otras presentaciones reclamando inconstitucionalidad, no pasaron de mascaradas orientadas a borrar la certeza que existe sobre un pacto poco secreto. Excluimos de esas mascaradas a algunas abogadas que, con verdadera preocupación, trabajaron para advertir a la sociedad de los peligros que importa el manejo discrecional de la Justicia. Esa lista podría incluir a Rosario Andrada, Leticia Llopis y Ana Soledad Pais de Soria.

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Mientras varios sectores –mediáticos a la cabeza- cerraban filas para tratar de engañar a la sociedad sobre los acuerdos subterráneos de Ipizca y presentar a Oscar Castillo como referente excluyente de la oposición, la UCR sigue envuelta en una peligrosa nebulosa. Sus autoridades tienen el mandato vencido y, como si fueran ganando un partido de fútbol, hacen tiempo para que no cambie el resultado y puedan llegar a las elecciones del año que viene –faltan 11 meses para las PASO- con poder para nominar los candidatos. Para qué apurarse, razonan, si la pandemia es un excelente motivo para dilatar todo y dejar que los ilusos sigan pidiendo una convención imaginaria, reformas de la carta orgánica que solo pueden llegar a destiempo o una interna para cargos electivos que por la sede de Chacabuco al 700 es tomada como un chiste. Por supuesto, con este panorama, se descuentan los resultados: ganarán los puestos clave los de siempre, aunque el partido vuelva a ser vapuleado, como ya ocurriera en las tres últimas elecciones, en las cuales malgastaron el capital que habían conseguido en 20 años de predominio provincial. Cuando dejaron el poder tenían 11 senadores contra 5 del peronismo, 2 de los cuales no eran muy fanáticos que digamos. Con ellos alcanzaban los dos tercios de la estratégica cámara.

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La preocupación por el avance del coronavirus sobre el valle de la Virgen y las poblaciones del amplio territorio catamarqueño –llegaron ya a Santa María- es materia de honda preocupación de las autoridades. Tras largos meses de tranquilidad y hasta de orgullo por haber sido, en algún momento, la única provincia que no tenía casos, el panorama ha cambiado y se teme que el virus se abra camino en la comunidad. Es que todas las provincias que nos rodean (La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Salta) multiplican los contagios con una velocidad alarmante y son pocos los que creen que saldremos bien librados de la dramática situación. Para peor, los casos de la última semana, producto de algunas irresponsabilidades ciudadanas, encendieron las alarmas y promovieron estridentes medidas. Una de ellas fue volver a la fase 2 y no descartar volver a una cuarentena en serio, como la que existió en marzo y parte de abril. También disponer una serie de multas, que van desde 2.000 a 100.000 pesos y que por lo que se vio el fin de semana han surtido excelentes efectos. Después de las 21 horas, al menos en el Valle Central, la circulación se redujo prácticamente a cero, lo cual no deja de ser una excelente noticia. También la gente está colaborando al denunciar la realización de festejos absurdos para un tiempo de pandemia donde ni siquiera es posible rendir homenaje de justicia y recordación a las personas que fallecen.

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Dicen los estudiosos de las conductas humanas, con razón, que la letra con sangre en materia de comunicaciones funciona con una efectividad asombrosa. En este caso el que sangraría sería el bolsillo y no creemos que nadie se arriesgue a pagar dos lucas por andar sin barbijo, esa “tontería” que nos cuida algo la salud. Ni hablar de la “ruleta rusa” familiar o de amigos dispuestos a un festejo que, como adicional, puede costar hasta $100.000. Como estamos en septiembre, el mes de los estudiantes, esas “advertencias” han sido comunicadas por el gobierno y las municipalidades de las villas veraniegas, especialmente las de Ambato –El Rodeo, Las Juntas, La Puerta, etc.-, por lo que se espera que este año a nadie se le ocurra la locura de realizar las tradicionales concentraciones. En algún momento llegará la tranquilidad y se las podrá recrear sin que representen una amenaza para la salud de la población.

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La beatificación del padre Esquiú está programada para el 13 de marzo de 2021. Si la pandemia lo permite –ojalá para ese entonces terminemos con el martirio de estos meses- los fastos prometen convertirse en el acontecimiento más importante de la historia de Catamarca. Aparte de la presencia del cardenal Angelo Becciu, Prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos que ha designado el Papa Francisco para que presida los actos, se calcula que lo más granado del Episcopado, de la política y de los sectores más influyentes de la sociedad le pondrán marco a un acto de estricta justicia para el humilde sacerdote piedrablanqueño que hizo de su vida un ejemplo de castidad, austeridad, servicio al menesteroso y amor a la Patria. Consciente de la magnitud de los actos, a la par del gobierno de la provincia, el Obispado trabaja sin prisa y sin pausa en la organización, la que posiblemente incluya el regreso a su tierra natal de los restos mortales de Fray Mamerto que, como se sabe, descansan en la Catedral de Córdoba, provincia donde cumplió el último servicio a la Iglesia en calidad de obispo antes de terminar su santísimo pasaje terrenal en la posta de El Suncho (La Paz).

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Hace pocos meses, los gobernadores Raúl Jalil y Gustavo Sáenz (Salta) sostuvieron una cumbre en la que acordaron conformar una comisión para analizar la irresuelta situación del límite interprovincial que, por su riqueza minera, interesa a ambas partes, aunque la verdad indiscutible e histórica es que la zona más apreciada, la del Salar del Hombre Muerto, está adentro de Catamarca, aunque Salta la haya usufructuado durante décadas. El primer mandatario local designó como integrantes de la comisión que estudiará el tema –luego irá al Congreso de la Nación- a la senadora Inés Blas, a la diputada Silva Ginocchio, a la secretaria de Minería Fernanda Ávila, al ministro Jorge Moreno y a la diputada radical Marita Colombo. A ellos se suman como miembros alternos el diputado peronista Marcelo Murúa y el senador de Antofagasta, Mario Carrizo. A su vez, habrá un comité de asesoramiento integrado por Simón Hernández padre, Guillermo Rosales, Raúl Cipolletti (director del ARCA) y Pedro Monferrán, director de Catastro. También participarán la UNCA, el Colegio de Abogados y la Junta de Estudios Históricos. Por ahora son nombres e instituciones. De alguna reunión, trabajo o avance no se conoce nada y, en esa dirección, podemos asegurar que existe mucho material –textos, declaraciones y filmaciones- que podría ser consultado para hacer valer nuestros derechos en la zona, un reservorio impresionante de litio, potasio, sulfatos y boratos que le tocó a Catamarca (y a su departamento Antofagasta de la Sierra) cuando, a mediados de los años 40, se dividió la vieja Gobernación de Los Andes, de forma tal que el norte fue para Jujuy, el centro para Salta y el sud para Catamarca. Por lo tanto, queda claro que los interlocutores designados por el gobierno de Jalil deben negociar sin concesiones de ninguna naturaleza y, para afianzar o recuperar derechos históricos, trabajar arduamente.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque rememoramos acontecimientos del pasado cercano. 
Por estos días, en el municipio de Fray Mamerto Esquiú, se ha producido un conflicto de poderes que, desgraciadamente, amenaza con terminar judicializado. Hace más de 25 años, en la misma jurisdicción, ocurría algo parecido. El exintendente Raúl Bursi había sido suspendido por el Concejo Deliberante por haber firmado un decreto relacionado con los empleados. Nombramientos y recategorizaciones. El concejal Justo Ramón Agüero (Frente Cívico) era nombrado como intendente interino y asumía en su lugar Catalina Rosa Agüero de Barrientos. Bursi, desde la provincia de Córdoba, donde participaba de una conferencia sobre economía, señalaba que la medida de pararlo por 30 días no tenía fundamento alguno porque no se había cometido ninguna irregularidad administrativa, aunque aceptaba que pudo haber un error, nada más. Treinta días más tarde, con la sola disidencia de José Verón, Bursi –un dirigente correcto y al que nadie le pudo imputar un hecho ilegal- volvía a ser suspendido por el mismo período de tiempo.
El Esquiú