Años de debate, diferentes proyectos elevados, cuatro sesiones en el Congreso de la Nación seguidas desde las calles por miles de personas, movilizaciones, campañas, enfrentamientos, agresiones, discusiones, y un país dividido detrás de los simbólicos pañuelos verdes y celestes. Todo un capítulo de la historia reciente ha quedado objetivamente atrás, y aunque todos se mantengan firmes en sus posturas y convicciones, la realidad indica que –bajo condiciones específicas- hoy el aborto es legal en la República Argentina.

Para unos, se ampliaron derechos y se construyó una ciudad más justa e igualitaria, con menos hipocresía. Para otros se legalizó un crimen y se retrocedió en un derecho constitucional básico como la defensa de la vida de la persona por nacer.
Unos y otros hablaron de proteger a las mujeres, de mejorar el sistema de atención sanitaria. Se sucedieron argumentos sólidos y también descalificaciones. Hubo lugar para relatar citas jurídicas, estadísticas, dramas personales, fundamentos religiosos y explicaciones médico-científicas. Con unos pocos dispuestos a escuchar, y mayorías encerradas en fanatismos.

Quebradas las barreras partidarias, no sobrevino la unión, sino una nueva división, con militantes de diferentes colores políticos mezclados según su posición en la causa.

Los cruces podrán extenderse en el tiempo y en diferentes ámbitos, pero lo concreto es que el último jueves, en Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto que promulga la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Y con ese acto se abren las puertas a otro panorama.

Aplicación

Básicamente, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo significa que el aborto ya no es ilegal en la Argentina. Por un lado, eso implica que quedarían sin efecto todos los procesos legales iniciados cuando se penaba la práctica de abortos, siempre que se hayan realizado hasta la semana 14 de gestación. Se trata de más de 1.500 causas vigentes en al menos 17 provincias argentinas.

Por otra parte, se debe definir la manera de implementación de la nueva normativa, resolviendo cómo, cuándo y dónde se brindará atención a las mujeres que decidan abortar. Eso abarca un amplio espectro que modificará el cuadro de situación en los ámbitos públicos y privados de la salud, y todavía la mayoría de las personas ignoran qué procedimiento seguir.
¿Habrá centros de salud específicamente dedicados a esta práctica? ¿Se acondicionarán unidades en determinados centros de atención? ¿En cuáles? ¿Cómo se solicitará un turno? ¿Será una práctica anónima? ¿Quedará asentada la atención como con cualquier otra especialidad médica? ¿Qué nivel de confidencialidad se exigirá? ¿Qué sucederá si un médico no quiere participar en la intervención? Son preguntas primarias que en algunos casos tienen una respuesta clara y en otros no, porque no se brindaron todavía precisiones que seguramente se resolverán paulatinamente.

La tarea principal de organización recae en el Ministerio de Salud de la Nación, y en segunda instancia en los ministerios provinciales del área, pero también sigue con atención cada procedimiento el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
¿Podrían estas tareas afectar un área que se encuentra enfocada en la pandemia de coronavirus? Oficialmente se indica que no, que sucederá lo contrario. Se asegura que las consecuencias de las prácticas de abortos clandestinos derivan en la ocupación de más camas (unas 40.000 internaciones al año), que las proyectadas por un proceso de interrupción del embarazo guiado y asistido por profesionales.

El eje de trabajo, por el momento se concentrará en el Misoprostol, un medicamento que tiene diversas aplicaciones, entre ellas el tratamiento de algunas úlceras y la ayuda a parturientas para dar a luz.  Se lo puede utilizar también para provocar un aborto, siempre bajo estricta supervisión médica, aunque la realidad indica que es uno de los métodos más utilizados en países donde el aborto es ilegal.

La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud adquirió el año pasado 420.000 comprimidos de Misoprostol para distribuir, y este año se comprarían 840.000 comprimidos más. Como cada tratamiento requiere 12 comprimidos, lo comprado serviría en primera instancia para asistir a unas 105.000 mujeres.

La ley establece que puede haber objeción de conciencia por parte de los médicos, es decir, que no se los obligará a practicar un aborto sin no quieren hacerlo, incluso en hospitales públicos; pero ese derecho tiene como límite garantizar la práctica por parte del hospital: un médico no podrá obstruir cuando la decisión de la embarazada esté tomada. Y si corre riesgo la vida de la madre, esa situación tendrá prioridad ante cualquier objeción del profesional.

No se sabe si Catamarca elaborará una nómina de los médicos que aceptan realizar abortos y los que no. En Santa Fe se hizo un registro de ese tipo y generó muchas complicaciones. Buenos Aires, por caso, desistió del método, y se ocupará directamente de tener una red de médicos “verdes” asegurada en cada región.

Se sabe de antemano que la organización será más sencilla en ciudades y provincias en las que el sistema de salud viene trabajando con las ILE (interrupción legal del embarazo), porque ya hay protocolos establecidos e incluso ya se utiliza el Misoprostol; pero cada provincia tiene un escenario diferente. Por caso, en Santa Fe directamente se produce este medicamento, mientras que en Mendoza está prohibida su venta. Eso anticipa que no alcanzará con una metodología única y general, sino que habrá que definir estrategias para cada lugar, obviamente con participación de las autoridades provinciales.

Ahora el dilema pasa del Congreso a los hospitales: el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, reconoció públicamente que más allá de la aprobación de la Ley y el tiempo que demandó, “el desafío grande va a ser la aplicación, teniendo en cuenta las dificultades que hemos visto en los últimos años con la interrupción legal de embarazo, que era parcial y ahora será más amplia”. 

En casi todas las provincias hay espacios de salud en los que se lleva adelante la interrupción legal, pero en algunas no hay protocolo de ILE. En 2012 la Corte estableció que se debían armar protocolos para no obstaculizar, sin embargo, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan y Corrientes, por ejemplo, no lo tienen.

Reclamos judiciales

Se espera también que surjan reclamos judiciales de distinta índole. Va a haber muchas batallas legales y reticencias. La senadora nacional por Tucumán, Silvia Elías de Pérez, referente “celeste”, anunció que se presentará a la Justicia para reclamar una supuesta inconstitucionalidad de la ley. El juzgado federal Nº 2 de Salta, a cargo de Miguel Medina, habilitó la feria de enero para tratar una acción de inconstitucionalidad contra el Ministerio de Salud por la ILE. El fiscal federal la declaró competente, y se esperan reacciones similares en diferentes puntos del país.

Los abogados descartan en su mayoría que pueda ser declarada inconstitucional toda la ley, de manera abstracta, pero creen que sí podría generarse discusión por algún artículo específico que pudiera ser incompatible con la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que el país adhiere. 

El aborto genera posturas antagónicas que no desaparecerán, y esto se reflejará por bastante tiempo. Además, se debe ponderar que se trata actividad estatal que exigirá contar con recursos públicos suficientes para su sostenimiento.
En definitiva, con la nueva ley, las mujeres argentinas de más de 16 años podrán abortar de manera legal durante las 14 primeras semanas de gestación tras firmar un consentimiento informado por escrito. Más allá de la objeción de conciencia por parte del personal médico, la ley obliga a todos los hospitales a tener un médico que esté dispuesto a practicar un aborto y a practicarlo en un plazo de diez días tras la solicitud.

Es Ley vigente, y las dudas que surjan de aquí en más se irán disipando más rápido o más lento, pero el rumbo definido ya no se modificará. El día después de celestes y verdes es hoy.

El Esquiú.com