Apuntes del Secretario

domingo, 17 de enero de 2021 02:26

Exiguas tres semanas restan para las internas de la Unión Cívica Radical, convocadas para el próximo 7 de febrero, y el panorama del proceso electoral partidario oscurece cada día un poco más. La Junta Electoral no oficializó las listas opositoras, y todo se encamina nuevamente hacia la nada El recambio de autoridades, reclamado y esperado como la gran oportunidad para comenzar a reconstruir una fuerza que carga sobre sus espaldas el peso de tres derrotas electorales consecutivas por la gobernación, comienza a desdibujarse en un sainete más; al extremo de que sus propios protagonistas advierten que la democracia interna del centenario partido está en riesgo, y la ocasión de abrir las puertas para que los afiliados se expresen y elijan libremente puede malograrse una vez más.

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Para no abundar en rodeos, el gran problema es que no se confía en la Junta Electoral, según manifestaciones públicas de los candidatos de un sector, y peor todavía, consideran que el objetivo real es frustrar la interna para dejar el timón boinablanca en manos de quienes responden al senador Oscar Castillo. La maniobra que se percibía en la semana, y al parecer se cumplió al pie de la letra, es que se profundizarían las artimañas técnicas y legales hasta lograr impedir que la “oposición” se presente a competir, y de este modo dejar la cadena, el candado y las llaves de los Comités en manos de quienes han resuelto los destinos de la UCR en los últimos años. Toda la vida partidaria queda así reducida al mezquino objetivo de asegurar la candidatura del exgobernador en los próximos comicios, para asegurarle un nuevo mandato en el Congreso de la Nación. Una subversión de valores que se desprende del fin natural del partido, de ponerse al servicio de la comunidad, para convertir a toda la estructura radical en una plataforma al servicio de la aspiración personal de un único individuo.

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El plan ejecutado hasta aquí, por reiterado, desborda de sencillez: se trata de ir sumando objeciones a la lista rival hasta forzar su imposibilidad de competir, de modo que la Justicia termine declarando automáticamente el “triunfo” de los únicos candidatos que podrían llegar de pie a la interna. Ni más ni menos que lo ya consumado en el último proceso interno. La alianza de la Corriente Progresista Radical (CPR) y la línea “Raúl Alfonsín”, bautizada Renovación Radical, presentó candidatos para 14 de los 16 departamentos, y la presencia mínima exigida es 10 departamentos. Y se avanza con peros y quejas hasta frustrar la participación, en beneficio de la línea que lidera Marita Colombo, cabeza en esta ocasión de los candidatos del castillismo.

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Esta trama fue expuesta públicamente por Renovación Radical, y sus dirigentes la fundamentan en la cercanía entre la Junta Electoral (donde ellos no tienen representación ni veedores) y sus adversarios, y en la sospecha de que no hay imparcialidad en el trato, sino que se actúa de forma direccionada para perjudicarlos. El médico Ricardo Del Pino siente que la orgánica partidaria no quiere realmente competir, sino imponer la fuerza consolidada en décadas de “mesas chicas”.  Del Pino, que se postula para la presidencia de la UCR, apuntó directamente a Castillo, con palabras más elegantes, refrescándole sus 37 años gozando de cargos públicos a fuerza de pisar cabezas de todo el resto de la dirigencia. El problema a esta altura no es la desmedida ambición de Oscar ni su proyecto de eternizarse, sino que ese proyecto está masacrando al radicalismo todo.

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“Permita que haya internas y convaliden las listas que con legalidad fueron presentadas. No nos proscriban, demuestren su vigencia y su poderío en las urnas y nosotros acompañaremos”, fue el inequívoco mensaje de Del Pino en un durísimo y premonitorio documento, que es prácticamente un ruego para que no se termine de destruir la fuerza que fue columna vertebral de la alianza que gobernó Catamarca durante dos décadas, entre 1991 y 2011. Con lo resuelto ayer por la Junta,la resolución de estos conflictos es una incógnita. El camino a la judicialización asoma en el horizonte, y podría ser letal para la UCR, que una vez concluido este episodio tendrá apenas un puñado de meses para volver a ofrecerse a la ciudadanía como alternativa de poder. Lo ocurrido hasta aquí, flaco favor le hace a la imagen de un partido estancado en un pantano interno que, según gran parte de la dirigencia, tiene nombre y apellido. Si las elecciones se realizan puede ganar uno u otro sector: si no se realizan perderán todos, comenzando por los 40.000 afiliados.

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El costo de los servicios públicos perdió terreno entre las cuestiones de actualidad, luego de los brutales incrementos aplicados durante la gestión de Mauricio Macri, donde se dispararon a niveles irracionales y hasta llevaron a proponer planes de cuotas para que las familias pudieran contar con suministros básicos. Sin embargo, la situación no podrá sostenerse sin novedades mucho tiempo más. El avance inflacionario registrado en diciembre y en los primeros días de 2021, llevará a convocar a audiencias públicas para definir las nuevas tarifas de transición que regirán desde mediados de marzo para los servicios de energía eléctrica y gas por redes. No es un tema menor, ya que serán las primeras audiencias públicas por ajustes tarifarios que convocará la administración de Alberto Fernández. Se espera que la convocatoria oficial se haga esta semana para la segunda semana de febrero. A tono con los tiempos que corren las audiencias serán virtuales, y se tratarán los incrementos para las distribuidoras y transportadoras de gas y electricidad en el marco del nuevo “Régimen Tarifario de Transición”, que entrará en vigencia en la última quincena de marzo.

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En el caso del servicio de gas, las actualizaciones tarifarias en juego corresponden a las transportadoras TGN y TGS y a las distribuidoras Metrogas, Naturgy, Gasnea, Camuzzi (Sur y Pampeana), Gasnor, Litoral Gas y Ecogas. En tanto, por el lado del suministro eléctrico, las empresas involucradas son las distribuidoras de la región metropolitana, Edenor y Edesur, y las operadoras de las redes de transmisión Transener, Transnoa, Transnea, Transba, Transpa, Distrocuyo, Litsa, Transcomahue, Yacylec y Enecor. El secretario de Energía, Darío Martínez, les había anticipado a las gasíferas y a las eléctricas que los aumentos tarifarios para 2021 año iban a promediar el 29 por ciento, en línea con la inflación anual prevista en el Presupuesto elaborado por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Pero después se extendió el congelamiento tarifario por 90 días, se habilitó la aplicación de aumentos transitorios desde mediados de marzo, se fijó un plazo de dos años para definir una nueva “revisión tarifaria integral” (RTI) y se prolongaron las intervenciones de los entes reguladores hasta diciembre de 2022.

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Con el nuevo panorama, todo indicaría que las autoridades de Energía van a terminar adoptando la postura de un ajuste transitorio del orden del 9 por ciento anual. El Gobierno no quiere imponer tarifazos al estilo Macri, y menos antes de las elecciones de octubre. El problema es que las distribuidoras eléctricas nucleadas en ADEERA salieron a hacer lobby con un documento conjunto donde plantean que se encuentran “en estado de preocupación” porque enfrentan una inflación acumulada del 80 por ciento sin poder amortiguarla con la facturación. Las distribuidoras claman por ayuda oficial porque le deben a Cammesa, en conjunto, más de 140.000 millones de pesos. Y allí se termina el amor partidario, como que en el reclamo firman distribuidoras estatales de Córdoba, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Catamarca, Neuquén y La Pampa: estas empresas avalaron los cuestionamientos a las autoridades nacionales pese a que todas ellas dependen de sus respectivos gobiernos provinciales, que son los que tienen que autorizar los aumentos tarifarios.

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Ayer nomás observábamos la segura judicialización del aborto legal, y el mismo día en que el Gobierno nacional formalizó la promulgación de la legalización del aborto a través del Boletín Oficial, el diputado de Juntos por el Cambio por San Juan, Marcelo Orrego, presentó un proyecto para derogar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), el legislador consideró a la iniciativa como inconstitucional. “Presenté un proyecto para derogar la ley IVE. Lo hice para proteger el derecho a la vida de todos los niños; y también señalando la inconstitucionalidad del proyecto que promulgó el presidente de la Nación”, informó Orrego a través de su cuenta de Twitter. “Creo profundamente en que hay que trabajar para evitar embarazos no deseados, pero de ningún modo el aborto es el camino”, expresó el diputado, iniciando una cadena de reclamos que sin duda sumará más eslabones.

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RECUERDOS. Hace una década, ante las feroces críticas de la oposición, el entonces ministro del Interior, Florencio Randazzo, pedía que se respeten las PASO y que todos participaran: “Las elecciones primarias ya están reglamentadas, pero la oposición no quiere que a sus candidatos los elija la gente”, decía. Curiosamente, diez años después, el oficialismo propone suspender las PASO 2021 por la pandemia, y la oposición considera un ataque a la democracia la ausencia de aquel mecanismo que aborrecía en su nacimiento.

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