Sin que la votara un solo afiliado, por obra y gracia de las artimañanas diseñadas por la cúpula de la orgánica partidaria, María Teresa “Marita” Colombo se convertirá en la próxima presidenta de la Unión Cívica Radical en Catamarca, relevante cargo político en el cual sucederá a Alejandro Páez, quien también fue “proclamado” para la función por decisión judicial, sin que un solo afiliado se expresara en las urnas.  La decisión del juez federal con competencia electoral, Miguel Ángel Contreras, de desestimar los planteos de los candidatos de la alianza Renovación Radical; selló lo que se presumía desde el inicio mismo de este proceso electoral interno de la centenaria fuerza, que sólo puede definirse como una pantomima que viene a profundizar heridas y le ocasiona un daño incalculable a la maltrecha oposición provincial.                                                                                                                                                              

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Luego de comandar los destinos de la provincia ininterrumpidamente durante dos décadas, como cabeza, columna y corazón de la alianza del Frente Cívico y Social, el radicalismo se sumerge así en una crisis día a día más profunda, que no sólo llevó literalmente a desaparecer al FCS, sino que lo debilita como alternativa seria ante el electorado, que ya le dio la espalda en 2011, 2015 y 2019; cada vez de manera más contundente. La estrategia de la mesa chica y la dedocacracia, que tan buenos resultados ofreció cuando se saboreaban las mieles del poder, está ahora empujando a la UCR a una dolorosa etapa de agonía; realidad que no se desprende de la observación periodística, sino de los testimonios de su propia dirigencia. Al menos, del sector de la dirigencia utilizada una y otra vez como partenaire de la puesta en escena de las internas que se convocan para no hacerse, sino para vestir de formalidad un manejo personalista de un partido devenido en círculo cerrado, donde las bases no tienen real acceso a los comités.

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Puede ocurrir, en política como en cualquier otro ámbito, que se diseñe un plan y que luego no funcione. Lo extraño aquí es que premeditadamente se insista en un mecanismo autodestructivo, porque no hay radical que pueda  imaginar que vaya a seducirse a la ciudadanía persistiendo en estilos de manejo que marginan a gran parte de su propia dirigencia y militancia. Ante ello, crece la idea de que las metas propias de una fuerza política se dejaron en realidad de lado, para priorizar las aspiraciones de una sola persona, acompañada por un minúsculo grupo de allegados que aseguran sus beneficios en perjuicio del objetivo que supuestamente persigue la UCR. Claramente el proyecto de recuperar la gobernación no está en carpeta, para lo que se quiere lograr no se necesitan internas, y de ser así todo marcha sobre ruedas. Restará por observar si quienes no comparten esa postura eligen otra vez la sumisión pasiva o finalmente se rebelan y se encaminan por fuera de la orgánica, ya sea en octubre o con la mira puesta en 2023. No puede descartarse esta opción, porque la “unidad” que proclama el oficialismo boinablanca es tan ficticia como la convocatoria a internas.

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Marita, por su parte, llega a la presidencia 20 años después de haber ejercido la vicepresidencia del Comité Provincial, cabal muestra de que la renovación de figuras no es el camino que sigue la fuerza. Colombo arrancó su carrera en los años ‘80 del siglo pasado en Fray Mamerto Esquiú, fue convencional constituyente en 1994, y desarrolló una muy extensa tarea legislativa, que la llevó dos veces por el Congreso de la Nación, como diputada (1997-2001) y como senadora (2001-2009). El resto de su carrera se cumplió en la Legislatura local, donde pasó alternativamente por Diputados y Senadores, siempre con incondicional referente del castillismo.

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Un curioso incidente generó el gremialista Walter Arévalo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), al “denunciar” (en realidad fue más un escrache público que una denuncia) al diputado Thiago Puente, acusándolo de violar el aislamiento. Puente, que estuvo de vacaciones de Córdoba, dio positivo en el test de coronavirus, algo que es de público conocimiento porque fue comunicado por él mismo. El caso es que Arévalo lo vio o creyó verlo paseando por Balcosna (Paclín), se indignó y lo acusó delante de toda la sociedad. La respuesta de Puente no tardó en llegar, y a través de las redes sociales mostró que se encontraba recluido en su domicilio y aseguraba que jamás violó el aislamiento. La aclaración llegó, naturalmente, con repudio a la actitud de Arévalo. El sindicalista no retrucó la desmentida, por lo cual todo queda en un duelo difícil de resolver, donde la palabra de uno se opone a la palabra del otro, y al no haber pruebas fehacientes e irrefutables, para decidir a quién creerle todo dependerá de quien despierte más confianza en la comunidad. La posibilidad que asoma como más consistente es que Arévalo no acusó malintencionadamente sino que se confundió, al ver una persona físicamente parecida a Puente. De todas formas, tratándose de cuestiones de salud, debió cerciorarse previamente, y aun cuando Puente estuviera en falta, el “linchamiento” mediático no parece ser la forma más adecuada de reaccionar. Pero exigirle prudencia a Walter Arévalo, que hizo de la bravuconada su orgulloso estilo, parece ser mucho pedir. De hecho cuando encabezó reuniones y manifestaciones de su gremio en la etapa de mayores restricciones, no le preocupó mucho el respeto a las normas preventivas que ahora reclama.

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El tan dialogado tema del Corredor Bioceánico, que se analiza y evalúa desde hace décadas, comienza a reflotar tímidamente. Los potenciales beneficios de utilizar el Paso de San Francisco como una vía comercial hacia el Océano Pacífico, con todo lo que implicaría para productores e industriales de la región, se expusieron en tan variadas ocasiones que no hace falta repasarlas. Pero todo indica que hay intenciones de impulsar otra vez la idea. El gobernador Raúl Jalil dialogó en ese sentido con su par chileno de Chañaral, Ignacio Urcullú, y se acordaron gestiones para avanzar con el financiamiento de las obras de infraestructura necesarias para concretar el Corredor Bioceánico que atraviesa gran parte del Norte Grande. ¿La meta? Por su puesto, llegar al gigantesco mercado asiático. El gran escollo es posicionar al paso cordillerano catamarqueño entre las decenas que comunican este país con Chile, algo que hasta aquí no se consiguió, pese a las fuertes inversiones que se hicieron para acondicionar los caminos. Jalil asegura que esta vez “hay una coincidencia de voluntad política para avanzar con el Paso de San Francisco”. Veremos que sucede, por lo pronto, el siguiente paso es llevar la inquietud a las máximas autoridades chilenas.

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Los efectos económicos de la pandemia están lejos de superarse y el Gobierno nacional, que supo diseñar un sistema de contención social gigantesco, ya extendió varias medidas para proteger a los sectores más afectados, básicamente los asalariados. En los últimos días se anunció que seguirían congelados los montos de los alquileres y que no se podía desalojar a quienes se retrasaran en los pagos. Pero luego avanzó con otra medida que generó más polémica: la decisión prorrogar la suspensión de despidos y extender por 90 días la doble indemnización. Esta resolución llevó a reaccionar airadamente al sector empresario, que chocó con la rápida respuesta, no del gobierno, sino del gremialismo. La Unión Industrial Argentina (UIA), al igual que otras cámaras empresarias, se quejó fuertemente al considerar que ellos también enfrentan problemas. “Estamos ante un triple cepo: prohibición de las suspensiones, despidos y la doble indemnización. Acá parece que quieren que no pase nada con las empresas, pero muchas de ellas se destruyeron por la recesión y por el impacto de la pandemia. Con ello, se perdió fundamentalmente empleo privado”, dijo Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA.  Para él estas medidas ya no son coyunturales: “tienen carácter permanente y su consecuencia es que no evitan lo inevitable, porque hay caída de empleo”.

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El sindicalismo, en cambio, celebró la extensión, al recordar que ya la habían pedido el año pasado. Y por eso defendieron las medidas de Alberto Fernández. “Es una excelente medida sobre los que están en actividades que todavía están sujetas a las peores condiciones que impuso la pandemia, como la gastronomía, el turismo y el entretenimiento”, dijo Hugo Yasky (CTA), para señalar al empresariado porque “tienen un apetito, una voracidad que juega contra ellos mismos, porque si siguen tirando de la cuerda nos va a llevar a una situación social y una recesión que a la larga también perjudica al sector empresario”.

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RECUERDOS. Hace 25 años fallecía el abogado Luis Adolfo Prol, quien condujo la provincia entre el 17 de abril y el 10 diciembre de 1991, en la que es hasta el momento la última de las 35 intervenciones federales que sufrió Catamarca a lo largo de la historia. Nacido en Córdoba, Prol era hijo de un escribano y en su juventud militó en la agrupación Montoneros. Por esa actividad fue detenido por el Proceso de Reorganización Nacional, pero lo liberaron gracias a gestiones que hizo su padre. Políticamente su etapa activa llegó durante los años del menemismo. Con el riojano Carlos Menem como presidente, Prol fue secretario de Empresas Públicas, subsecretario de Energía, y secretario de Desarrollo Social. Su tarea más recordada, sin embargo, fue la que llevó adelante como interventor de Catamarca, recordada por despidos masivos en la Administración Pública, principalmente de trabajadores identificados con el peronismo. Poco después enfermó gravemente y falleció a los 50 años.

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