Mucho se critica que el intendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz, haya resuelto declarar a la a jurisdicción que le toca gobernar como la “Capital provincial del Turf”. Para quienes conocen poco de la actividad, lo cual no se disimula, habría que anoticiarlos que esta antiquísima práctica se lleva a cabo en diferentes puntos de la provincia (fuera de ella también), incluso en zonas muy cercanas a la Capital. De esta forma, podría señalarse a Miraflores (Cpayán), Antapoca o Pozo El Mistol (Valle Viejo), escenarios de célebres tenidas donde los criadores de caballo reivindican sus méritos y ponen en juego divisas importantes. Esta situación, obviamente, demanda mucha seguridad porque concentrar las carreras en un lugar no deja de representar un ahorro muy importante. La seguridad, en este tipo de eventos, es uno de los insumos más costosos.

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El problema de Bañado de Ovanta y de Elpidio Guaraz, sin embargo, es otro. El municipio no está legalmente habilitado a organizar este tipo de eventos y, en todo caso, puede llamar a licitación pública y que una organización de cualquier nivel -un centro vecinal, una cooperativa, un club etc.-, pagando un canon mensual, se haga cargo de consolidar al lugar como la “Capital provincial del Turf”. Digamos que el intendente ya dio el primer paso y ahora debe entregar la organización a una institución intermedia.

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Por si fuera poco, el municipio no puede manejar dineros públicos en forma directa. Debe hacerlo por instrumentos contables –cheques, digamos- que, obligatoriamente deben quedar asentadas en su contabilidad. El caso es que cada domingo, aunque sea con algunos protocolos que se cumplen a medias, a los varones se les cobrar $1.500 la entrada, a las mujeres $1.000, la participación de cada caballo vale uno dos millones y en apuestas también debería haber porcentaje. Toda esa masa de dinero, que no son chauchas y palitos, ¿adónde va? La pregunta queda flotando en el aire. Y para que la analice el Tribunal de Cuentas de la provincia.

El Esquiú