Apuntes del Secretario

viernes, 8 de enero de 2021 01:18

Está confirmado que en febrero se producirán variantes en la Justicia lugareña. La Comisión Evaluadora para la Selección de Magistrados y Funcionarios, que reemplazó al Consejo de la Magistratura en julio pasado, haría los últimos retoques a los concursos que llevó adelante entre los aspirantes y elevaría las ternas al Poder Ejecutivo para que resuelva los elegidos. Las expectativas mayores están centradas en los integrantes de una de las cámaras de Apelación, que tiene dos vacantes por las renuncias “post-video” de Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales quienes, por cuerda aparte, enfrentan el proceso penal iniciado por el fiscal Barros Jorrat. Recordemos que allí no se terminan las malas noticias para los acusados de un supuesto cobro de coimas, delito grave que estaría prácticamente probado y que llevó a diputados y senadores a pedir al Colegio de Abogados la anulación de la matrícula de abogado de ambos.

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La petición de los legisladores contra Da Prá y Morales, más aún si se prueba el delito, se encuadraría dentro de un esquema de mínima lógica. ¿Puede alguien que, desde la posición de juez, haya cobrado coimas ejercer como un abogado más sin que intente repetir el deleznable mecanismo desde la vereda del frente de los tribunales? La pregunta seguramente rondará la mente del titular de los colegiados, Víctor Russo, y la comisión directiva toda, la cual mucho tiene que ver con la conducta no solo de sus asociados, sino de los miembros de la Justicia. De hecho, Russo integra la comisión evaluadora y su antecesora, Fernanda Rosales, además de Asesora de Gobierno, también forma parte del organismo creado para la selección de funcionarios y magistrados.

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Volviendo al “al cuarteto evaluador” (lo integran los doctores Gonzalo Salerno, Víctor Alexis Russo, Marcia Lozada y Fernanda Rosales Andreotti), hay que decir que en uno de los concursos surgió una situación más que curiosa. Uno de los postulantes “podría ser juez de un Tribunal que debe juzgarlo” y donde estaría imputado por estafa. Tal como se lee. Se trata del abogado Pablo Vargiú, quien obtuvo uno de los mejores puntajes en los exámenes oral y escrito destinados a cubrir vacantes en la Cámara del Crimen de Segunda Nominación. Precisamente la Cámara que debe llevar adelante en los próximos meses un juicio en su contra por “estafa por desbaratamiento de los derechos acordados”, una figura penal que responde al engaño que pudo haber afectado la disposición patrimonial y/o el perjuicio económico de la víctima. El hecho se remonta una década atrás cuando Vargiú hizo una transacción entre empresas por la que adquirió un campo de casi 2.000 hectáreas en el departamento Santa Rosa. El ardid se habría concretado con la colaboración de una escribana, la cual también se encuentra imputada. La causa, después de varios años y apelaciones en el medio, pudo llegar a la Cámara Penal 2 donde Vargiú habría intentado establecer un acuerdo solicitando la suspensión del juicio a cambio de un monto de dinero que no habría conformado a las firmas afectadas, por lo que los jueces rechazaron el ofrecimiento. De esta manera, el imputado acudió a la Corte local con un recurso extraordinario que, en forma unánime, fue rechazado.

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Fuentes cercanas al comité evaluador confirmaron a El Esquiú que, efectivamente, Vargiú participó exitosamente de los exámenes y sería candidato a la magistratura, aunque habría que ver cómo se evalúa la omisión, entre los antecedentes presentados, de los cargos en su contra. Concretamente su imputación. El hombre, sea como sea, habría ocupado el tercer lugar del concurso, detrás de Silvio Martoccia y Javier Herrera, por lo que bien podría ser elegido por el Poder Ejecutivo para las vacancias existentes. En tal caso, el embrollo sería grande, por tener un juez con una causa en su propio juzgado. Que sepamos, no se conocen antecedentes de esta naturaleza. 

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Profunda decepción provocó entre los familiares de las 13 víctimas de la “Tragedia de El Rodeo” el fallo dictado por Porfirio Acuña cuando agonizaba el año 2019. Ciertamente esperaban otra cosa, no que la totalidad de los imputados fueran sobreseídos. Para el juez, lo ocurrido en enero de 2014, fue el resultado de un fenómeno natural que escapó a todo tipo de control y prevención. No es lo que opinan y sienten los nativos de la villa veraniega para quienes, en forma casi unánime, hubo circunstancias que apuraron la tragedia o la hicieron posible. En esa dirección no existe una sola persona que desligue del hecho al puente que se construyó sobre el río Ambato, la falta de limpieza de su lecho o la ausencia de una alarma temprana. Todo ello, cuando menos, tendría responsables políticos. Obviamente, en medio de la desazón, la abogada de los familiares, Azucena López de Berteto, apeló lo dispuesto por el juez y le pasó el “fierro caliente” a la Cámara de Apelaciones, compuesta por Jorge Palacios, Patricia Olmi y Marcelo Soria.

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La Ordenanza que prohibía la explotación de la minería en la cuenca del Río Andalgalá sigue que dando que hablar y las promesas que habrá recurso extraordinario por parte de la Municipalidad del lugar parecen diluirse ante la contundencia del fallo. Como lo explicamos en su momento, los jueces -con la excepción de José Ricardo Cáceres- señalaron que el Concejo Deliberante, como cualquier otro de la provincia, no tenía facultades para legislar sobre los recursos naturales que, tal cual lo estableció taxativamente la reforma constitucional de 1994, pertenecen a las provincias y no a los municipios. Bajo La Alumbrera, Agua Rica o Farallón Negro no son propiedad de Andalgalá o Belén, sino de la Provincia de Catamarca. Esa situación llevaría a la administración de Eduardo Córdoba a desistir de un planteo que conduce a la nada mismo. La Corte Provincial, que falló recientemente, podría rechazar la casación y la presentación en queja ante la Suprema Corte de la Nación es un albur. Podría suceder que ni siquiera lo trate. En este marco, lo que no dejarán de crecer serán los honorarios, los cuales deberán ser abonados por el municipio, o sea por todos los ciudadanos de Andalgalá, sean estos mineros o antimineros.

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El diputado Víctor Luna, integrante del trío “damos la vida por Oscar” (lo completan Lobo Vergara y Marita Colombo), volvió esta semana a esgrimir planteos que, más que favorecer al radicalismo, se vuelven en su contra. Salir a defender la trasnochada Ordenanza “anti Agua Rica” lo llevó a contradecir opiniones a favor de la minería que supo expresar en tiempos que el Frente Cívico negociaba la puesta en marcha del yacimiento Bajo la Alumbrera. Todas aquellas promesas, como se sabe, quedaron para la anécdota. No hubo proveedores catamarqueños que crecieran patrimonialmente, no hubo ferrocarril para Andalgalá y, lo que es peor, al negocio, lo terminó dirigiendo el presidente Menem y no el gobierno de Arnoldo Castillo. La semana pasada, agregó a sus dislates una opinión sobre Francisco Gordillo y la intendencia de la villa de Pomán. Con buen respaldo informativo pidió que el Estado informe sobre el destino de unos 15 millones de pesos que habría manejado la intendenta interina, Alba Morales, en tiempos que su jefe ejercía como ministro de Educación. Hasta allí todo bien. Como miembro de la oposición tiene derecho a exigir rendiciones de cuenta de toda índole. Donde la pifió fue en llamar a Gordillo el “intendente eterno”, lo que demuestra que la palabra autocrítica no figura en su diccionario de actuación pública. Si bien es cierto que el alcalde pomanense ejerce el cargo desde 1999, Luna le gana en antigüedad en lo que atañe a vivir del presupuesto provincial. Está efectivamente en la política desde 1997, cuando resultó electo senador por el departamento La Paz. Se mantuvo en esa posición hasta 2013 (cuatro mandatos) y, como para no ser menos que su jefe, pasó a la Cámara baja donde completará otros ocho años el 10 de diciembre de 2021. Y puede seguir. ¿Por qué no una sexta reelección para tan prestigioso pensador y defensor de los principios liminares de la UCR?

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque incluimos acontecimientos de hace un cuarto de siglo.
En octubre de 1995, el Colegio de Fonoaudiólogos de Catamarca renovaba autoridades. Lo curioso de esta Asamblea es que participaban nada menos que cinco listas. Finalmente resultó electa la que encabezaba Azucena Cano de Faerman. La acompañaban María del Valle García de Chacana como vicepresidenta, Aida Martínez de Rufini secretaria y Cecilia Moreno prosecretaria. Las licenciadas Gabriela Viviana Pepa de Cecenarro y Martha di Martino resultaban tesorera y protesorera, respectivamente. El Tribunal de Disciplina de aquella comisión lo integraban Mónica Walther de Tadeo, Teresita Toledo y Estela Monti de Damico. A la Junta Fiscalizadora Ingrid Peñaranda de Jalil y Verónica Avalos.

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El ex Banco de Catamarca fue un problema insoluble para el Frente Cívico. Durante el gobierno de Arnoldo Castillo, siguiendo la ola privatizadora que exigía el binomio Menem-Cavallo, se lo ofreció de todas las formas. Y se le ponía un precio: 66 millones de pesos. Nadie lo quiso y tuvo que cerrar sus puertas en el 2001, durante el gobierno del hoy senador Oscar Castillo.

El Esquiú

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