Apuntes del Secretario

miércoles, 13 de octubre de 2021 00:13
miércoles, 13 de octubre de 2021 00:13

En esta misma edición (página 5) se incluye la crónica de la dramática situación que le toca vivir a la contadora Susana Beatriz De la Colina a quien, cuando promediaba la década del 2000, le tocó vivir una situación casi fortuita que terminó en la Justicia y cuyas consecuencias sufre hasta nuestros días, mientras los potenciales culpables o responsables indirectos miran pasar la vida sin  problemas aparentes, porque no les afectan las decisiones judiciales o porque fueron los partícipes directos de un negocio que hasta pudo tener buenas intenciones, pero salió mal y terminó en un escándalo mayúsculo. Nos referimos al famoso “Megafraude” que se originó con la creación de dos fundaciones, pertenecientes a los empresarios Carlos Arriazu y Hugo Diamante, quienes acordaron con el Estado –lo conducía con flamante traje de gobernador el ingeniero Brizuela del Moral- el dictado de cursos por una cifra millonaria que llegó a pagarse parcial o totalmente sin que la contraprestación se haya iniciado o completado. En ese entonces, la contadora de la Colina revistaba en una especie de jefatura dentro de la Tesorería. Lo que se llama hoy cargo político. Le tocó abonar, siguiendo órdenes superiores, el dinero a las fundaciones y lo hizo conforme a la documentación obrante en el expediente, lo que ratificó con lujo de detalles en sede judicial. Sin embargo, fue imputada por la entonces fiscal Patricia Olmi con argumentos muy poco convincentes, al menos para la defensa de la damnificada.

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Este caso, que se menea entre la política y la Justicia desde hace 17 años, tuvo diferentes instancias, pero hubo una fundamental. Cuando le tocó a la contadora de la Colina ratificar lo expresado en la indagatoria, negó que el expediente haya sido el mismo que refrendó y se pudo probar, a través de tres pericias –no uno o dos-, que fue flagrantemente adulterado, a partir de lo cual todas las partes pidieron la nulidad del proceso y que el caso no llegara a juicio, lo que se consiguió hasta ahora. Es más, se sabe extraoficialmente que todas las actuaciones salieron de la Tesorería o pudieron salir de la Fiscalía de Estado y fueron a parar a un domicilio particular donde, torpemente, se realizaron las enmiendas. Esto es lo que debe investigar y resolver la Justicia de Catamarca y dejar libre de ataduras a quien es rehén de un hecho maldito. Caso concreto de la contadora Susana de la Colina, quien se mantiene procesada desde hace 16 años en una causa que no originó precisamente ella.

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Respeto al Megafraude hay que decir que no es el caso que registra mayor morosidad. En ese sentido, independiente de causas penales, laborales o del fuero económico, el principal lugar del podio queda para las “compras directas”, la famosa adquisición de bolsones –unos 800.000- para hacer proselitismo que se pagaron en 2003 en tiempo récord, pero nunca aparecieron. Si lo hicieron las facturas truchas a nombre de proveedores apócrifos. Lo del megafraude, en realidad, tiene aristas de curiosidad. ¿Por qué se adulteró la documentación y quién se favorecía con esta maniobra, aparte de abrir camino al pedido de nulidades para que el juicio no se lleve a cabo? Allí es donde nos parece que el diablillo de la política metió la cola y urdió una jugada rastrera que podrá favorecer a varias personas, pero termina perjudicando a otras que pueden ser inocentes. Recordemos solamente que la resistencia al juicio fue una constante. El debate se suspendió en varias ocasiones por chicanas de distintas naturaleza. Abundaron los planteos o la desintegración de los tribunales que se habían conformado para el juicio. Veamos algunas perlitas: entre la conformación del primer tribunal, el 7 de septiembre de 2015 y la fecha de audiencia, 16 de agosto de 2017, transcurrieron dos años. Después se fijaron nuevas fechas que otra vez fueron postergadas por la defensa de Arriazu. Le siguió la inhibición del juez decano de la Cámara, doctor Guillamondegui que impidió la audiencia del 6 de agosto de 2019. Finalmente se fijó la fecha reciente del 24 de septiembre y nuevamente hubo suspensión que, según los abogados de parte, era “crónica anunciada”. En fin, si alguien quiere hacer un recuentro de triquiñuelas y burlas la Justicia tranquilamente puede utilizar el Megafraude. De la Justicia, o de lo que llaman Justicia, mejor no hablar.

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El candidato a concejal de Juntos por el Cambio, Gerónimo Cabrera, reabrió una herida abierta que existe en los departamentos chacareros de Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. Nos referimos a la obra de cloacas, cuya financiación se consiguió durante el gobierno de Lucía Corpacci y todavía hoy no puede ser puesta en marcha. “No podemos vivir construyendo fosas o gastando hasta lo que no tenemos por un desagote”, dice el postulante chacarero y ojalá repita su reclamo si le toca llegar a la banca. Es que se trata de un emprendimiento fundamental que se detuvo años por incumplimiento de la empresa y problemas políticos, de los que no es ajeno el exintendente de Valle Viejo. Ahora la pelota está en el campo de Susana Zenteno, la intendenta actual que debería luchar a brazo partido para que sea ella quien corte las cintas de la inauguración.

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Siguiendo con obras hay que aceptar que al gobernador Raúl Jalil no le va mal con la captura de recursos nacionales para desplegar infraestructura en la provincia. Su relación con Alberto Fernández es buena y tiene estrechos contactos con el tucumano Juan Manzur, el activo jefe de gabinete. En ese marco, el primer mandatario ya ha firmado convenios por miles de millones de pesos y tiene en carpeta emprendimientos básicos como el camino Concepción-Pomán, el gasoducto Lavalle-La Merced, cientos y hasta miles de viviendas o la ampliación de la red digital, aparte de puentes o diques que están en carpeta. Conseguir estas cosas, lo repetimos una vez más, tiene que ver con mantener “relaciones carnales” con la Casa Rosada. No hay otra, ni margen para lograr una autonomía que no tenemos ni tendremos por muchos años. El caso patético de lo que comentamos lo sufrió el Frente Cívico. Se peleó con la Nación y hoy no puede mostrar obras testimoniales, salvo pequeños emprendimientos o un estadio que fue un total despropósito. Con el peronismo, a partir de 2011, las cosas cambiaron. Catamarca es otra. Hay nuevas rutas,  se construyeron más de cien escuelas, centros hospitalarios, plazas embellecidas, rotonda magnífica en los ingresos a la ciudad o entre departamentos, miles de cuadra de asfalto, cambios culturales, obras que favorecen al turismo, etc. 

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente cerramos los “Apuntes” con comentarios del pasado.

El extinto presidente Carlos Menem, hace más de 30 años atrás, anticipaba a los legisladores justicialistas que el 10 de marzo de 1990, “o antes”, haría un “importante anuncio que va a conmover gratamente a la opinión pública” y le confiaba a uno de ellos, que lo interrogó al respecto, que “ese será el día D para la Argentina”. Obviamente, aquel anuncio, se iba a lanzar en medio de una crisis económica realmente pavorosa y que, sin dudas, era la continuidad de los problemas que terminaron de hundir al expresidente Raúl Alfonsín. La inflación galopaba, los salarios se contraían, la desocupación crecía y, aunque conjurados, ya se habían producido algunos saqueos en diversos puntos del país. El exministro Erman González, en apenas dos meses de gestión, cambiaba nada menos que cinco veces el rumbo económico, por lo que propios y extraños conjeturaban que el anuncio de Carlos Menem, necesariamente, iba a estar relacionado con la economía. En el plano político, cabe destacarlo, el riojano mantenía altos niveles de aceptación en virtud de que apenas hacía siete meses que había jurado como Jefe de Estado. El anuncio, cabe destacarlo, sería la incautación de los depósitos, como paso previo al establecimiento de la convertibilidad que iba a llevar a cabo otro ministro: el tristemente célebre Domingo Felipe Cavallo.

El Esquiú
 

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